Tegucigalpa, Honduras.- Aunque no figuraban entre los favoritos, tampoco se conoció mucho de ellos durante el proceso, Jenny Gabriela Almendares Flores, Mario Alexis Morazán Aguilera, Johel Antonio Zelaya Álvarez, Marcio Cabañas Cadillo y Pablo Emilio Reyes Theodore son los cinco abogados que la Junta Proponente escogió para que el Congreso Nacional seleccione a los dos que ostentarán los cargos de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP).
La abogada Jenny Gabriela Almendares, de 52 años, originaria de Tegucigalpa, cuenta con más de 20 años de experiencia como fiscal titular del MP y también ha trabajado como defensora de los derechos humanos y de pueblos vulnerables.
De las 7 mujeres que se postularon para el proceso de selección que hizo la Junta Proponente, Jenny Almendares fue la única que logró integrar la nómina final y se posiciona para ocupar el cargo de más alto nivel en la fiscalía que actualmente ostenta Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general).
“El reglamento de la Junta Proponente en el artículo 62 establece que la nómina final debía ser integrada por dos mujeres y tres hombres, pero ante la baja calificación que obtuvo Reyna Valerio Harry, abogada que llegó hasta la última fase junto a Almendares, los proponentes determinaron no integrarla en el listado final.
A quien muchos daban por fuera por encontrarse que actualmente se desempeña como regidor por el Partido Liberal en la Alcaldía de Reitoca, en Francisco Morazán, es el abogado Johel Antonio Zelaya, pero los proponentes no lo inhabilitaron argumentado que él lo informó en su declaración jurada y no interfiere hipotéticamente llegue a ser fiscal general, pero en su hoja de vida colgada en el Portal de Transparencia no agregó que se desempeña como funcionario.
Johel Zelaya tiene 43 años y es originario de Reitoca, en Francisco Morazán, desde 2022, año que Xiomara Castro fue juramentada como presidenta de Honduras, se desempeña como consultor externo en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y desde 2006 hasta 2015 trabajó como asesor legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel).
Desde la sociedad civil pedían que Johel Zelaya fuera inhabilitada en la recta final del proceso, bajo el argumento que, por su afinidad partidaria, podría ser parte de un acuerdo que lo coloque en la fiscalía por responder intereses corruptos de la clase económica y política; sin embargo, logró quedar en la nómina final.
En tanto, Pablo Emilio Reyes Theodore, de 40 años, originario de Tegucigalpa, en Francisco Morazán, es un abogado con un círculo profesional y laboral que ha estado ligado al Partido Nacional y su suegro es el exdiputado por el Partido Liberal Valentin Suárez Osejo (2006-2010), a quien en 2008 le secuestraron la esposa y en 2012 asesinaron a su chofer, después de salir de la sede de los liberales en Comayagua.
Aunque se desconoce afiliación política, su círculo fue apegado a los sectores nacionalistas que tenían el control de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y, en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, ocupó un cargo en el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Precisamente Pablo Reyes trabajó en el Servicio de Administración de Rentas desde el 2017 hasta el 2020, durante los dos primeros años del segundo mandato de Juan Orlando Hernández y actualmente es el director de la firma legal CONSULTUS y de 2010 al 2012 fue asesor en la UNAH.
Entre tanto, Marcio Cabañas Cadillo, de 47 años, originario de Tegucigalpa, en Francisco Morazán, uno de los abogados que conforman la nómina, quien tiene más de 20 años de trabajar en el Ministerio Público, actualmente desempeñándose como procurador especial contra la corrupción.
Antes de trabajar en el Ministerio Público se desempeñó como procurador jurídico en el bufete Velasquez (1998-2000) y, de manera paralela, en ese mismo tiempo, laboró como analista de investigación en la Secretaría de Seguridad, pero renunció al cargo.
Mario Alexis Morazán Aguilera, de 46 años originario de Tegucigalpa, actualmente se desempeña como secretario general en la Procuraduría General de la República (PGR) y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Mario Morazán, uno de los pocos postulantes que sólo recibió una tacha, podría ser una de las piezas claves que desempolvo una demanda del Estado contra el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos, lo que sirvió para inhabilitarlo del proceso.
Fue Luis Javier Santos el que contó a este rotativo que Mario Morazán podría haber utilizado su cargo como secretario en la Procuraduría General de la República para enviar dicha demanda hasta la Junta Proponente, bajo el objetivo de apartarlo del proceso de selección que hicieron los proponentes.
Estos cinco profesionales del derecho son los que lograron culminar todas las fases del proceso que realizó la Junta Proponente y, de acuerdo con los integrantes de ese órgano colegiado, son los que más se ajustaron al perfil idóneo establecido en la Constitución de la República para ocupar los máximos cargos de la fiscalía.
Con esta nómina se dejó atrás, por ejemplo, a abogados que fueron denunciados por haber tenido actos reñidos con la ley, como lo es el abogado Yuri Fernando Melara Berlioz, a quien en 2017 la fiscalía lo señaló por falsificación de documentos públicos.
De igual manera, quedó fuera el abogado Ivis Discua Barillas, quien es afín al Partido Nacional, se desempeñó como magistrado en la Corte Suprema de Justicia y ha sido asesor legal de la Policía Nacional llevando casos de policías que han sido criminalizados o procesados judicialmente.
Los integrantes de la Junta Proponente, tras entregar la nómina, buscan que, tras diez años de hegemonía de impunidad y corrupción, llegue autoridades a la fiscalía con capacidad de investigar y con plena independencia para desempolvar casos de corrupción que involucran a actuales diputados, funcionarios y empresarios, encargados de saquear las arcas del Estado.
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EL PROCESO DE LA JUNTA PROPONENTE
En la primera fase de este proceso, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto.
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes está maniatado porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
El proceso de tachas cerró con 21 abogados de los 26 que se postularon, y de esos 21, 17 fueron denunciados ante la Junta Proponente, mismos que tenían hasta el viernes 14 de julio para justificar, con evidencias, que no habían sido parte de ninguna irregularidad.
Después siguió la fase de pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, mismas que terminaron el sábado 15 de julio, después, durante el 26 y 27 de julio, los postulantes que continuaron en el proceso (13) se sometieron a entrevistas públicas.
Entre las pruebas toxicológicas y proceso de tachas y denuncias quedaron fuera del proceso los abogados: Plinio Leonel Consuegra, Olga Janeth Flores, Marco Antonio Zelaya Reyes, Omar Bonilla, Rita Núñez, Mario Urquía y Luis Javier Santos.
Luis Javier Santos y Mario Roberto Urquía presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por haber sido marginados del proceso, pero hasta la fecha no lo han admitido.
Un día después de terminar las entrevistas públicas (28 de julio) salió a la luz que el abogado Johel Zelaya, uno de los 5 abogados dentro de nómina, se desempeña como regidor por el Partido Liberal en la Alcaldía de Reitoca, en Francisco Morazán, pero no fue inhabilitado por los proponentes.
Desde el 28 hasta el 31 de julio, los proponentes evaluaron a los abogados que pasaron los filtros anteriores, a quienes calificarán de 1 a 100 puntos, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
El Poder Legislativo tiene hasta el último día de agosto para elegir a las dos personas, dentro de la nómina final entregada por la Junta Proponente, que ocuparan el cargo de fiscal general que actualmente ocupa Óscar Fernando Chinchilla y fiscal adjunto, que ostenta Daniel Sabrián.
