Tegucigalpa, Honduras.- Tres hombres y dos mujeres, algunos con afinidades políticas y experiencia en la materia procesal y penal, son los abogados que suenan con más fuerza para intentar quedarse con los cargos de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), a un día de la finalización del proceso de postulaciones ante la Junta Proponente.
Criterio.hn analizó los perfiles de los cinco postulantes que, según rumores, sobresalen del resto debido, entre otras cosas, a su perfil profesional-académico y afinidad política, por ejemplo.
Se trata de Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco); Mario Urquía, quien fue representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) ante la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Julio Vladimir Mendoza, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Del lado femenino, Jenni Gabriela Almendares Flores, asesora permanente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y Lesly Sarahí Cerna, titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, son las que destacan.
El perfil idóneo que busca la Junta Proponente, enmarcado en lo que manda la Constitución de la República y Ley Orgánica del Ministerio Público, es claro: abogados que no tengan antecedentes penales ni judiciales, que no hayan violentado los derechos humanos, que no obedezcan a intereses políticos y que tenga vasta experiencia en materia penal para entender el andamiaje de los máximos cargos en la fiscalía.
Por ejemplo, en el caso del abogado Mario Roberto Urquía Fajardo, militante del oficialismo, y que coquetea con el Partido Liberal, sería el ungido en la dirección de la fiscalía como parte de una componenda política que supuestamente se fraguó en el Congreso ante de la elección de los magistrados, según el diputado de Libertad y Refundación, Manuel Rodríguez.
En el caso de Luis Javier Santos y Jenni Gabriela Almendares, también desde la carta política han salido rumores que son los más fuertes para ostentar estos cargos, pero, a través del análisis de sus trayectorias, se ha constatado que ninguno responde a los intereses gubernamentales.
Gabriela Blen, representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), aseguró si la Junta Proponente y el Congreso Nacional sacan del juego a Santos, evidenciaría que no están en la disposición de colocar a un abogado en el frente de la fiscalía que tenga hambre de luchar contra la corrupción.
“La postulación de Luis Javier Santos para fiscal general pondrá a prueba el discurso anticorrupción del Congreso. Si de verdad quieren darle superpoderes ahora es cuando. ¿O será que le temen a la implacable lucha de la Uferco?”, comentó.
Pese a las posturas de la clase política y sociedad civil, los integrantes de la Junta Proponente mantienen que este será un proceso apegado a la legalidad y, muestra de ello, es que por primera vez utilizaron el Portal de Transparencia para subir toda la información relacionada a este proceso que se ha visto polarizado.
Lo paradójico del caso es que, pese a que el Portal de Transparencia debería ser utilizado para subir la información, hasta el momento no hay nada sobre los postulantes debido a que en el protocolo de los proponentes establecieron subir toda la información cinco o tres días después de terminar cada proceso.
Sin embargo, esa situación no es está apegada a la transparencia que prometieron, pues la sociedad exige conocer toda la información de las personas que se postularon en el tiempo adecuado para establecer las denuncias y tachas, no hasta después que termine cada proceso, algo que desde el interior de la Junta Proponente es cuestionado, conoció Criterio.hn.
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RESTO DEL PROCESO
Ahora que culminó la etapa de las postulaciones, la siguiente función de los integrantes de la Junta será investigar y analizar cada uno de los 26 perfiles y, en ese mismo espacio, la población tendrá la facultad de denunciar y tachar a los que han incumplido con los requisitos que establece la norma, como violentar derechos humanos y estar salpicado en la comisión de delitos, entre otros.
Después de ese filtro, los abogados serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia procesal y penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego seleccionar a los mejores cinco, nómina que el 21 de julio la Junta presentará ante el Congreso.
En esa nómina que seleccione la Junta Proponente tendrá que incluir dos mujeres y tres hombres para que después los diputados en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada, de 86 votos, elija a las dos nuevas figuras del Ministerio Público que actualmente ocupan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto), que dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto, para que los nuevos entren en funciones el 1 de septiembre.
El antecedente más reciente por el que no ha gustado el desempeño de Chinchilla es porque no logró y no se pronunció por la crisis que se vivió este año en el MP, en el que los empleados llegaron al extremo de no levantar cadáveres en el país, por pedir un reajuste salarial, entre otras cosas.
Otro señalamiento es que Chinchilla ha sido considerado ser unos de los brazos fuertes del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien no le abrió ningún proceso de investigación y que hoy guarda prisión en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico.
