Un año sin saber la verdad, un año de impunidad
Un año después de la masacre en la PNFAS, la investigación sigue sin avances significativos ya que no se han identificado a los responsables intelectuales
Tegucigalpa, Honduras. – Se ha cumplido un año desde la trágica masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Honduras, donde 46 mujeres perdieron la vida en un acto de violencia sin precedentes. A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones para identificar y procesar a los responsables intelectuales de esta atrocidad siguen sin arrojar resultados contundentes, sumiendo a las familias de las víctimas en un abismo de dolor e incertidumbre.
Las 46 mujeres que perdieron la vida eran, en su mayoría, madres, hijas y hermanas, las cuales la mayoría no tenían una sentencia firme. Sus historias individuales, aunque distintas, comparten un hilo común: la vulnerabilidad y la lucha por sobrevivir en un entorno carcelario hostil y deshumanizante.
Las organizaciones de mujeres y feministas catalogaron el hecho como “femicidio de lesa humanidad”, debido a que las mujeres que perdieron la vida de manera violenta perecieron bajo la custodia del Estado. “Murieron muchas mujeres y murieron en condiciones que Estado pudo haber evitado”, reprochó Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC)
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UN AÑO SIN SABER LA VERDAD
A pesar de las promesas iniciales de una investigación exhaustiva y transparente, los avances han sido escasos. El Ministerio Público ha señalado a varias mujeres privadas de libertad y vinculadas a la Pandilla 18 como autoras materiales, pero la identificación de los autores intelectuales del ataque sigue siendo un enigma. Las denuncias de corrupción, falta de recursos y la presunta complicidad de funcionarios penitenciarios han entorpecido el proceso judicial, aumentando la frustración y la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En 2023, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, denunció en un programa televisivo que en los cuerpos de las víctimas se registraron impactos de bala pertenecientes a la Policía Nacional. De acuerdo con la denuncia de Villanueva, el 96% de casquillos de bala encontrados y algunas armas pertenecen a la Policía Nacional.
Asimismo, familiares de las víctimas manifiestan que aún está pendiente la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios encargados de la seguridad y administración de la PNFAS, que permitieron el acceso de combustible, armas, y municiones para facilitar el dantesco hecho.
“Ellos (autoridades) sabían lo que iba a ocurrir, también los deben investigar” expresó a Criterio.hn, Margarita Reina Rodríguez, madre de Sandra Rodríguez una de las víctimas de la masacre y cuyo cuerpo aún no ha sido entregado.
De acuerdo con el testimonio de las familias, las privadas de libertad en constantes ocasiones expresaban el temor, ya que habían sido amenazadas. una de las familiares –quien pidió no se revelara su nombre—, confió a Criterio.hn que desde el viernes anterior al día de la masacre, las privadas de libertad observaron movimientos extraños, entrada y salida de personas, olor a combustible y el secuestro de policías penitenciarias en turno. “Po qué permitieron que todo eso ingresara, por qué no denunciaron, ellos algo ocultan”, recriminó.
De acuerdo a la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida (FEDCV) las mujeres que materializaron la masacre obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, entre las que se detallan: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 38 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría.
LLAMADA DE DESPEDIDA
Wendy Flores, hermana de Reina Flores otra de las 46, relató a Criterio.hn, que el lunes 19 de junio su hermana se comunicó con ella para despedirse de sus cuatro hijos. “Ellas tenían miedo, las amenazaban, pero nadie las escucho”, expresó Flores.
Wendy Flores, solicitó al Estado de Honduras que hagan las investigaciones correspondientes y esclarecer qué ocurrió y quiénes más están involucrados en la masacre de PNFAS. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Reina Karina Flores, tenia una condena de seis años y ya tenia cinco de estar en el centro penitenciario. Su hermana refiere que Reina tenia un cambio de medidas: salir los fines de semana para estar con sus hijos, sin embargo, no podía salir poque estaba pendiente del pago de una multa de L 50,000. “No teníamos la capacidad para pagar esa multa, de lo contrario mi hermana estuviera viva”.
Del mismo modo, la madre de Sandra Rodríguez, Margarita Reina Rodríguez, contó a Criterio.hn que su hija, se comunicó con sus seis hijos. “Sé que de aquí no voy a salir viva, cuídense, estudien, los quiero mucho”, fueron las palabras de Sandra quien no había sido vencido en juicio, razón por la cual gozaba de la presunción de inocencia.
Históricamente, el sistema penitenciario de Honduras, registra una larga lista de terribles acontecimientos de violencia generados especialmente por un hacinamiento extremo, producto de la lentitud en el sistema judicial y el autogobierno de las organizaciones criminales, maras y pandillas, que datan desde el 2002.
La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cierre de su visita in loco en abril de 2023, alertó sobre los posibles conflictos a lo interno de PNFAS.
Al cierre de su visita, la CIDH, señaló en su informe de observaciones preliminares, que recibió “información preocupante, que indica que las cárceles se caracterizan por: corrupción, lo que ha facilitado el ingreso de armas de alto calibre; autogobierno y pérdida del control total por parte del Estado especialmente de los centros de máxima seguridad; y falencias en materia de seguridad derivadas principalmente de una insuficiencia en el número de personas encargadas de la custodia, y escaso equipamiento de seguridad.
Además, añadió que en PNFAS predominan en número las mujeres de la pandilla 18, ante esta situación “preocupa que las mujeres de la Mara Salvatrucha (MS) se vean forzadas a entregar a sus bebés a sus familias por temor a que les ocurra algo”.
Sin embargo, el Estado hondureño no consideró las observaciones y alertas del organismo internacional. Analistas expresan que, de haberlo hecho, la tragedia se pudo haber evitado.
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EXIGEN JUSTICIA
La exigencia de justicia para las 46 mujeres brutalmente asesinadas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social resuena con fuerza en toda Honduras. Las familias de las víctimas, apoyadas por organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, claman por una investigación transparente y exhaustiva que identifique y procese no solo a los ejecutores directos, sino también a los autores intelectuales de esta masacre.
“Queremos justicia y que se castigue a todos los involucrados en este horror”, señaló Wendy Flores.
El dolor y la indignación se transforman en un grito colectivo que demanda el fin de la impunidad y el establecimiento de un sistema judicial que realmente proteja y haga valer los derechos humanos.
De acuerdo con Ana Ferrera, de la recién creada Plataforma 20 de junio, son pocas las instituciones estatales que les han dado respuesta ante la veeduría de las organizaciones de sociedad civil. “Queremos justicia para las 46 mujeres privadas de libertad”.
Además, señaló que en Honduras no hay una verdadera reparación a las víctimas. Denunció que, pese a que el gobierno se comprometió a brindar apoyo económico para los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad a través de becas educativas, estas no han sido designadas.
Ante la desesperación por justicia, familiares de las víctimas de la PNFAS solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) ejercer la acción civil en su representación, esto debido a razones económicas que limita que interpongan una demanda contra el Estado, amparándose en el artículo 51 del Código Procesal Penal hondureño.
La masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social sigue siendo una herida abierta en Honduras. Personas defensoras de derechos humanos son de la opinión que la inacción y la falta de resultados concretos en las investigaciones no sólo perpetúan la impunidad, sino que también envían un mensaje desalentador sobre el estado de derecho en el país.
A un año de esta tragedia, sus familias no descansarán hasta que se haga justicia para las 46 mujeres privadas de libertad.
