La demora en la aprobación presupuestaria refleja los entrampamientos políticos en el Congreso, mientras la UFTF y el TJE se acercan a las elecciones generales debilitados y con escaso respaldo ciudadano por su falta de efectividad en procesos anteriores.
Tegucigalpa, Honduras. -A menos de tres meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, organismos como la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), continúan sin recibir los fondos necesarios para cumplir con sus funciones.
Aunque la UFTF solicitó 100 millones de lempiras —reducidos a 80 por el Congreso— y el TJE pidió una ampliación de 39 millones, los fondos siguen en el aire
La Unidad de Política Limpia solicitó un presupuesto, en primera instancia de 100 millones de lempiras para la fiscalización del financiamiento político en el marco de las elecciones generales previstas para noviembre de 2025. Sin embargo, tras una revisión por parte de la Congreso Nacional se dejó en 80 millones de lempiras.
Por su parte, los magistrados del TJE solicitaron una ampliación presupuestaria de 39 millones de lempiras, recursos destinados a fortalecer los mecanismos electrónicos, logísticos y operativos de cara a las elecciones de noviembre.
Durante las celebraciones del 15 de septiembre, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue consultado sobre el tema y aseguró que las sesiones legislativas se retomarían el 17 de septiembre, aunque no precisó la hora de convocatoria.
Redondo subrayó que los diputados también deben aprobar créditos vinculados al Presupuesto General de la República, con el fin de garantizar el financiamiento de instituciones electorales como la UFTF y el TJE.
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RETRASOS OBSTACULIZAN LA POCA LABOR DE LA UFTF
Para el analista electoral Héctor Soto, el atraso representa un obstáculo que se repite con frecuencia en periodos clave. Enfatizó que es importante que los órganos colegiados tengan su presupuesto para que puedan funcionar con normalidad y más en un año electoral.
En una conversión con este medio digital Soto, precisó que uno de los factores que incide, dijo, es que, aunque el presupuesto de 2025 fue aprobado, todavía falta que el Congreso Nacional refrende algunos préstamos, lo que ha generado un “entrampamiento” que afecta la transferencia de dinero a las instituciones electorales.
Advirtió que, si bien los montos solicitados por la UFTF y el TJE son menores en comparación con el que maneja el Consejo Nacional Electoral (CNE), la falta de voluntad política agrava la situación.
“Si existiera interés real, podrían buscarse otras fuentes de financiamiento para que estos recursos lleguen a las instituciones”, apuntó. No obstante, Soto hizo hincapié en un problema de fondo, tanto la UFTF como el TJE, es que no han logrado consolidar la confianza ciudadana en su accionar.
“La Unidad de Política Limpia nunca ha mostrado casos emblemáticos que evidencien su efectividad. No ha frenado campañas con dinero oscuro, ni ha impedido candidaturas vinculadas a la opacidad, a pesar de los antecedentes de corrupción en la política hondureña”, cuestionó el entrevistado.
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POCA EFECTIVIDAD DEL TJE Y LA UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA, GENERA ESCEPTISISMO
Ese déficit de resultados ha derivado en escepticismo entre la ciudadanía, lo que debilita la legitimidad de estas instituciones frente a las demandas sociales de transparencia y certidumbre en la fiscalización de los gastos de campaña de los candidatos a cargos de elección popular.
El analista recordó que la última prueba de fuego para estos entes fue en las elecciones primarias, cuando se reportaron campañas millonarias sin que se aplicaran sanciones rigurosas.
“Muchos candidatos no presentaron estados financieros ni abrieron cuentas bancarias y, aun así, la Unidad de Política Limpia amplió plazos en lugar de sancionar”, afirmó.
La situación se complica aún más por la falta de herramientas legales efectivas y la secretividad en las aportaciones privadas a las campañas de los candidatos a cargos de elección popular.
Esto refuerza, según Soto, la percepción que la Unidad de Política Limpia no ha mostrado “colmillos” para auditar ni los fondos públicos ni los privados.
El problema de origen, agrega, radica en la forma en que se eligen a los comisionados de la Unidad de Política Limpia, cada uno de los tres principales partidos políticos coloca a un representante, lo que condiciona su independencia
En ese sentido, Soto reconoce que, conforme a derecho, estas instituciones deben recibir los fondos, pero en cuanto a legitimidad y confianza “han quedado por debajo de las expectativas ciudadanas”.
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En esa misma línea de tiempo opinó el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, al señalar la importancia de dotar de presupuesto a estos órganos colegiados.
Añadió que en el futuro se debe plantear modificaciones a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Candidatos y Partido Políticos, para dotar a la UFTF de armas para una verdadera fiscalización de gastos de campaña.
En el caso del TJE, los recursos adicionales solicitados son vistos como indispensables para resolver conflictos electorales con celeridad, especialmente en un contexto de polarización política.
Sin embargo, tanto la UFTF como el TJE enfrentan un doble desafío: por un lado, obtener los fondos necesarios para funcionar; y por otro, recuperar la credibilidad perdida ante los ojos de los hondureños.
En ese contexto, la falta de presupuesto no solo refleja una crisis administrativa, sino también la fragilidad institucional y la deuda pendiente con la transparencia electoral en Honduras.
De persistir la indefinición, la UFTF y el TJE llegarán debilitados al proceso electoral más importante del país, lo que alimenta el escepticismo ciudadano sobre la limpieza de las elecciones.
