¿A quién protege el Ministerio Público en la causa Berta Cáceres?

El equipo legal del caso Berta Cáceres alertó que se enfrentará en la mayor desventaja a un proceso judicial con enormes irregularidades y violaciones a los derechos de las víctimas

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-A pocos días de celebrase la audiencia de proposición de pruebas en el asesinato de Berta Cáceres, el equipo legal de este caso y la familia de la extinta lideresa indígena, denunció que no ha tenido acceso a las evidencias recolectadas durante más de dos años de allanamientos y diligencias judiciales e investigativas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

En rueda de prensa la defensa legal, integradas por abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), la familia de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció además que en por lo menos 35 ocasiones,  la fiscalía del caso se ha negado a entregar información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular.

El Ministerio Público lleva 821 días negando el acceso a la verdad. Hasta la fecha se ha suspendido audiencias ocho veces debido al incumplimiento por parte del MP de entregar la información: Copinh, defensa legal y familia de Berta Cáceres.

La audiencia de proposición de prueba ha sido fijada para el 23 y 24 de agosto y el juicio oral y público para el 10 de septiembre. Aunque en este último caso ni la familia ni el equipo legal, han sido notificados formalmente por parte del tribunal.

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En virtud de las inconsistencias, los denunciantes se preguntaron ¿A quién protege el Ministerio Público?, pues no comprenden por qué esta institución ha ignorado las solicitudes de información necesaria, presentadas para asistir a un juicio con las garantías debidas. También por qué ha ignorado reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de cinco días.

“Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la CIDH, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo”, dijeron los demandantes.

A juicio del equipo legal, la actitud de las autoridades hondureñas beneficia únicamente a los responsables del asesinato de la extinta coordinadora del Copinh, a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de habitación de la colonia El Líbano, de la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá, donde por años ejerció resistencia ante la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, construido sobre el río Gualcarque por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Hasta el momento guardan prisión preventiva ocho supuestos autores materiales y el exgerente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, acusado de ser autor intelectual del crimen.

AUDIO

Durante la comparecencia mediática, los convocantes presentaron un audio mediante el cual el gerente de DESA revela tener conocimiento previo de un allanamiento que la ATIC iba a realizar en dicha empresa. Sin embargo, el equipo legal de Cáceres no fue notificado de dicho procedimiento pese a ser la parte acusadora.

Al respecto el coordinador del MADJ, Víctor Fernández, dijo que es obvio que el Ministerio Público está del lado de los acusados.

Los denunciantes apuntaron que se enfrentan a un juicio contra las personas que fueron pagadas para asesinar a Berta Cáceres; sicarios y mediadores. “Quienes son vínculos básicos con quienes dieron la orden de asesinar a la lideresa del COPINH. Sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades se busca limitar el acceso a conocer estas vinculaciones y procesar a los autores intelectuales.

“La ausencia de persecución de quienes, desde cargos directivos, mandaron a asesinar a Berta Cáceres es responsabilidad del fiscal general Óscar Chinchilla, quien desde su posición ha sido complaciente a las irregularidades y la falta de investigación de los autores intelectuales obvios del crimen”, señalaron mediante un comunicado.

La familia, el Copinh y la defensa legal de Berta Cáceres, manifestaron que el gerente de DESA, David Castillo Mejía, “perseguidor y acosador” de la víctima fue capturado no por voluntad o investigación del Ministerio Público sino por una denuncia hecha por el equipo de abogados del MADJ. “La cual no fue presentada únicamente para él sino para una serie de personas de la empresa DESA y no hay ninguna respuesta”, establece la misiva.

Finalmente, apuntan que en este juicio se enfrentan a la defensa de la empresa DESA, de sus directivos y dueños y “a unas autoridades complacientes con la impunidad, tal como en las violaciones de los derechos de las comunidades”.

Berta Cáceres, quien en el 2015 se hizo acreedora al Premio Goldman por su aporte al medio ambiente, murió al instante tras recibir los impactos de bala. Al momento del crimen se encontraba con el también ambientalista, el mexicano Gustavo Castro, quien fue herido y declarado, posteriormente, como testigo protegido por parte de la justicia hondureña.

Por este caso, además del exgerente de DESA, también guardan prisión, Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Oscar Arnaldo Torres,   a quienes el Ministerio Público presume responsables por los delitos de asesinato en perjuicio de Bertha Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido.