Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La comisionada en retiro de la Policía Nacional y actual diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), María Luisa Borjas, preguntó este miércoles durante una conferencia de prensa a quién le estorbaba realmente la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, para mandarla a asesinar.
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Borjas hizo la interrogante luego que ayer martes fuera declarada culpable por el delito de calumnias constitutivas de difamación por una querella incoada por el empresario y banquero, Camilo Átala.
De acuerdo al expediente, la querella se originó luego que Borjas indicara que el empresario Camilo Átala habría sido el autor intelectual de haberle dado muerte a la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres.
Desde un inicio del proceso judicial, Borjas se negó a conciliar con el demandante porque asegura que los hechos a los que ella hizo mención se sustentan en un informe elaborado por la policía.
Borjas dio lectura al informe en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y mencionó, además, como estructura criminal de Cáceres a empresarios, políticos y miembros de la Policía Nacional.
Hoy durante la rueda de prensa dijo que el juez natural le exigió que diera pruebas de la veracidad del informe, cuando es algo que no es de su competencia sino de los entes operadores de justicia.
“El informe tenía toda la apariencia de formalidad y legitimidad, como el mismo testigo de la parte acusadora un comisionado de policía lo estableció en el juicio”, porque tenía sellos, folios, logotipos, firmas, ect., expuso, la comisionada de policía en condición de retiro.
Amplió que como defensora de los derechos ciudadanos, por su ética y para no convertirse en encubridora, no podía quedarse callada al recibir una información tan delicada y tan importante como a la que hizo mención en su momento y que fue recopilada por medios de comunicación.
Señaló que es ilógico que la justicia reconozca como hechos verídicos del informe, que ella leyó, a los autores materiales de Berta Cáceres, pero dice que “es un informe falso cuando menciona a los autores intelectuales”.
Dijo que como oficial de policía sabe que el primer hecho que hay que establecer en cualquier crimen, es el móvil, es decir el motivo para que una persona cometa un ilícito. A renglón seguido se preguntó qué interés podría tener un mayor del ejército, que estaba en el curso para su ascenso, o en un teniente retirado de las Fuerzas Armadas, para asesinar a Berta Cáceres.
Borjas se refirió a los autores materiales sindicados y condenados por el asesinato de Cáceres.
Más adelante, se preguntó nuevamente en qué les podría estorbar Berta Cáceres, o a quién le estorbaba verdaderamente la lideresa indígena y ambientalista, con sus acciones de oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, ubicado en el departamento de Intibucá.
“¿A quiénes les afectaba? ¿A quién les estorbaba las acciones de protesta y manifestación que dirigía nuestra Berta Cáceres con la organización del COPINH?”, interrogó a los presentes la diputada al Congreso Nacional por el opositor partido Libre.
Manifestó que hacía las preguntas para que la sociedad hondureña analice cómo en Honduras las autoridades no tienen libertad de acción.
“Yo pensé realmente, hasta el último momento, creí que el señor Rolando Argueta iba a tener un ápice de dignidad y que iba a fallar conforme a ley y conforme a derecho, pero no, estas personas están cooptadas, porque no tienen ni la libertad ni la solvencia moral para oponerse a la opresión política que existe en nuestro país”: María Luisa Borjas, comisionada de policía en retiro y actual diputada por el partido Libre.
La congresista señaló que el fallo emitido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, actuando como juez natural, fue político y no jurídico.
Borjas recibió este miércoles la solidaridad de sus compañeros diputados de la bancada del partido Libre y de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, que condenaron el fallo emitido ayer por el juez natural.
Por el delito de calumnias constitutivas de difamación, Borjas podría ser objeto de una condena que oscila entre dos años y ocho meses a cuatro años de prisión. Sin embargo, por ser una pena menor tiene derecho a la conmuta que se estipula en diez lempiras diarios, por el tiempo de la pena.
La audiencia de determinación de la pena se programó para el 7 de febrero a las 9:00 de la mañana.
3 respuestas
Al narco dictador y su cartel
Yo no se… Pero seguro que a los gatilleros no.
A juancho y su pandilla