Por: Joaquín Mejía Rivera
Actualmente Honduras vive una profunda y prolongada crisis de derechos humanos que en los últimos años se ha manifestado en el golpe de Estado de 2009 y en la crisis político electoral generada por el fraude electoral y la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, cuya imposición a punta de balas militares y policiales ha acabado con la vida de decenas de personas.
A ello se suma la falta de voluntad política del Ministerio Público para investigar estos crímenes y sancionar a sus responsables intelectuales y materiales, particularmente a quienes tienen el mando y control efectivo de los policías militares y nacionales, es decir, a quienes son los jerarcas civiles y militares que tenían la obligación de prevenir, investigar y sancionar tales delitos.
Aunque el panorama parece desolador, los sectores democráticos de la sociedad hondureña debemos aprovechar eficientemente las fisuras del régimen y atacar sus flancos más débiles. En este sentido, es fundamental continuar desafiando al sistema de justicia nacional y fortalecer el acercamiento y las alianzas con funcionarios y funcionarias comprometidas con la democracia y el Estado de derecho.
También debemos acompañar críticamente a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), al Consejo Nacional Anticorrupción liderado por Gabriela Castellanos y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) coordinada por el fiscal Luis Javier Santos, y desafiarles a actuar contundentemente frente a graves casos de corrupción del régimen.
A su vez, debemos analizar la reactivación del examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el golpe de Estado que fue cerrado en 2013 o la presentación de nuevas denuncias penales contra los jefes civiles y militares que son responsables por los delitos cometidos por sus subordinados.
Asimismo, debemos promover la coordinación con organizaciones civiles de Estados Unidos para analizar la posibilidad de activar la US Torture Victim Protection Act de 1991 y la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act de 2017, en el marco de las cuales se pueden juzgar en tribunales estadunidenses a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos.
Finalmente, debemos continuar utilizando los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas para evidenciar tales violaciones y profundizar la deslegitimación y descrédito del régimen. Y tenemos que defender y acompañar críticamente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Tenemos la seguridad que, trabajando de forma coordinada, dejando a un lado los protagonismos y las diferencias, podremos avanzar en arrancar victorias de dignidad en la lucha contra la impunidad de la que gozan las escorias que mal gobiernan este hermoso país.
Un comentario
SABIOS CONSEJOS. GRACIAS ABOGADO.