Un reflejo de que el Poder Judicial sigue en la ruta de siempre, es el caso de Keyla Martínez, una joven mujer quien fue liquidada, en febrero de 2021, en una posta policial en La Esperanza, Intibucá. Esta muerte fue tipificada, inicialmente por la Fiscalía, como un femicidio agravado, pero ahora los jueces lo atribuyen a un homicidio imprudencial.
Tegucigalpa, Honduras. — A pocos días de asumir como la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada presidenta, Rebeca Ráquel Obando, prometió combatir la violencia hacia las mujeres, un flagelo que ella misma ha catalogado como una “pandemia en la sombra”. Dicha promesa, significó un atisbo de justicia, que tanto carecen las mujeres hondureñas y las familias de víctimas de femicidios y muertes violentas.
La promesa de Ráquel Obando, que provocó expectativas y cierto nivel de esperanza en las mujeres, va en la misma línea al haberse logrado la elección de Xiomara Castro en el solio presidencial, al convertirse en la primera mujer en la historia de Honduras en ostentar la presidencia de la república.
Frase:
“Desde la presidencia de CSJ trabajaremos en impulsar medidas en favor de la tutela judicial efectiva para las mujeres que sufren violencia, SIN CONTEMPLACIÓN, NI TOLERANCIA frente a las conductas nocivas que amenazan a la mujer. Esta “pandemia en la sombra” la vamos a combatir”: Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Honduras.
La frase anterior fue publicada en redes sociales por la presidenta de la Corte, el 24 de febrero de 2023, siete días después de haber asumido dicho cargo y cuando prometió combatir la violencia hacia las mujeres, un flagelo que sigue afectando a este grupo que conforma el 51% de la población hondureña.
En esta ocasión Criterio.hn, realiza una verificación sobre si el Poder Judicial ha impulsado medidas que garanticen el acceso y aplicación correcta de la justicia a las mujeres víctimas de violencia, tal como lo prometió la presidenta del Poder Judicial hace ocho meses.
JUSTICIA: DEMANDA HISTÓRICA
La aplicación de la justicia es una debilidad, específicamente en casos de violencia contra las mujeres y niñas, que, de acuerdo con la magistrada presidenta es un “reto urgente” para la nueva administración del Poder Judicial.
Para la defensora de derechos de la mujer, Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», el acceso a la justicia en Honduras para las mujeres es “una utopía y una histórica demanda”, que no se cumple por los prejuicios machistas de los operadores de justicia, quienes “lejos de aplicar la ley conforme a sus principios y esencia, lo hacen en función de sus creencias personales, religiosas y machistas”.
Lo afirmado por Alvarado se traduce en violencia de género, que pasa de lo privado a lo público, afectando el desarrollo y el empoderamiento de la mujer.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió, luego de su visita in loco a Honduras, sobre la persistencia de la violencia de género y el especial ensañamiento misógino sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes.
En marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente generó expectativas en las mujeres hondureñas a través de un video mediante el cual prometió que dicho poder del Estado se mantendría activo para un futuro igualitario para las mujeres.
Para atender las violencias ejercidas contra las mujeres existen los juzgados especiales contra la Violencia Doméstica y la Unidad de Género de la CSJ. Sin embargo, a ocho meses de la instauración de la nueva Corte Suprema de Justicia, pese a las promesas de la tutela judicial, las mujeres no se sienten protegidas.
“Supuestamente esta administración –la nueva Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, liderados por mujeres— iban a poner un alto o al menos intentar disuadir o combatir este flagelo”, señaló Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC).
Un ejemplo claro, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la joven Keyla Martínez –asesinada en la ciudad de la Esperanza, Intibucá, zona occidental de Honduras, al interior de una posta policial en febrero de 2021—, que de acuerdo con las organizaciones de mujeres es “un hecho vergonzoso”, por favorecer al policía Jarol Perdomo –único sindicado que podría quedar en libertad.
El día del asesinato de Keyla Martínez, la Policía Nacional (PN), en su intento de encubrir a los implicado, señaló que había sido un suicidio, versión desmentida por Medicina Forense, quien concluyó que Keyla fue asfixiada mecánicamente y además sufrió un golpe con un objeto romo en la parte lateral derecha de su cabeza.
Posteriormente la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) planteó y acreditó que la muerte de Martínez fue un femicidio agravado.
Pese a los resultados de la autopsia y los resultados de la investigación del Ministerio Público, el caso de Keyla Martínez se ha visto envuelto en una diversidad de prácticas dilatorias y cambios en la tipificación del delito.
En esa lógica de cambios, la Corte de Apelaciones, en agosto de 2021, tipificó esta muerte como un homicidio, lo que conllevó a que la Fiscalía interpusiera un recurso de nulidad, sin embargo, en septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque, rechazó la nulidad solicitada por el Ministerio Público y, en su lugar, degradó el delito a homicidio imprudencial, favoreciendo con ello al encausado, quien, de acuerdo al Código Penal, podría ser condenado a un pena máxima de seis años de reclusión, mientras su defensa pide la pena mínima de un año.
En caso que el Tribunal admita la petición de la defensa, Jarol Perdomo recobraría su libertad, ya que a la fecha ha sumado más de dos años de prisión preventiva.
Para Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, en el asesinato de su hija, participaron más personas a quienes se debe responsabilizar. En una entrevista con Criterio.hn, expresó “(…) fueron muchos, no sólo fue Jarol Perdomo. Lo tenemos claro desde un principio”.
Ante la falta de respuestas por parte del Poder Judicial y la impartición de una justicia arbitraria, Norma Rodríguez, no descarta llevar el femicidio de su hija a instancias internacionales. “A Keyla la asesinaron en un edificio del Estado, la asesinaron personas que trabajan para el Estado, por eso están encubriendo a los demás involucrados en este feminicidio”, denunció.
En el análisis de Gabriela Blen, de Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), el actuar de la CSJ, en el femicidio de Keyla Martínez, el sistema de justicia no sólo, no garantiza el acceso a la justicia para las mujeres, sino que agrede a las mujeres y fomenta la impunidad.
Las deficiencias en la falta de respuesta judicial en casos de violencias y femicidios son una constante en la región, de acuerdo con el Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evidencia que existen obstáculos para cumplir la obligación de debida diligencia y combatir la impunidad.
La CIDH señala que, “observa con preocupación la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres en la región”.
FEMICIDIOS EN AUMENTO
2023 inició con una alzada en muertes violentas de mujeres y femicidios, pese a estar instaurado un estado de excepción desde diciembre de 2022 y la aplicación de un plan de seguridad “solución contra el crimen”, que, dicho de paso, carece de enfoque de género.
Hasta el 30 de septiembre, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), registraba 317 muertes violentas de mujeres, mientras que a esa misma fecha de 2022 se contabilizaron 215.
Al 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el país centroamericano ya registraba 83 asesinatos de mujeres.
En junio se registró la peor de las masacres al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), cuando murieron 46 privadas de libertad y que, de acuerdo con las organizaciones de mujeres y defensa de derechos humanos, en esta tragedia la responsabilidad es del Estado de Honduras, incluyendo al Poder Judicial por la mora judicial existente.
La CIDH en su visita in loco señaló que la tasa de hacinamiento en PNFAS era del 200%.
A lo ocurrido en junio en la PNFAS se añaden otras 48 muertes violentas de mujeres, por lo que este mes cerró con 94 muertes violentas de mujeres convirtiéndose en el más mortífero de los últimos años.
Para Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), las diferentes violencias hacia las mujeres requieren de manera urgente la atención de las autoridades gubernamentales, pero “no tenemos ni siquiera un tuit o una expresión pública por parte de la presidenta Xiomara Castro, del combate a la violencia contra las mujeres”.
A lo expuesto por Sánchez, se suma la falta de judicialización de los casos. Para el caso, el CDM señala que un 43.8%, o sea 130 femicidios ocurridos en el 2022, están en proceso de investigación, lo que lleva a cuestionar si realmente el Ministerio Público, los juzgados especiales contra la Violencia Doméstica y la Unidad de Género de la CSJ, está realizando su trabajo.
IMPUNIDAD PERPETÚA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El contexto de violencia en el que vive la sociedad hondureña, de acuerdo con analistas, influye en la normalización de la violencia, debido a que no existen programas de prevención.
Para Gabriela Blen, de Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, la violencia contra la mujer es el resultado de la debilidad judicial que imposibilita la investigación especialmente en casos de femicidios. “Existe [violencia contra la mujer] gracias a la impunidad, gracias a qué no hay acceso a la justicia para las víctimas. Hay un sistema completo que niega la justicia”, señaló la defensora de derechos humanos.
El Centro de Derechos de la Mujer (CDM),registró que en los últimos tres años, de 1,014 casos de femicidios ingresados al Ministerio Público, sólo 29 tuvieron resolución condenatoria.
Asimismo, un análisis de datos de Criterio.hn con relación a la violencia domestica, encontró que, de enero de 2022 a septiembre de 2023, el Ministerio Público (MP) recibió 14,414 denuncias por violencia doméstica y el sistema de emergencia del 911 registró 57,473 denuncias en el mismo periodo de tiempo.
Sin embargo, ante el elevado número de denuncias, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), únicamente emitió, en ese mismo periodo, 13,217 resoluciones judiciales.
Ante este preocupante y normalizado contexto de violencia en contra de las mujeres, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, en entrevista con Criterio.hn, indicó que la violencia hacia la mujer, tiene su origen en el sistema patriarcal –vigente en el país— y que, además sigue legitimado.
“Ahora es normal que vayamos contando cuántas mujeres se han asesinado, pero tenemos que indignarnos, porque cada una es una parte de Honduras que ya no va a estar en términos de desarrollo”, expresó la coordinadora de la ONU.
Luego de analizar el contexto, revisar documentos y entrevistas con fuentes, Criterio.hn concluye que la promesa de aplicar justicia en favor del más del 50 % de la población hondureña, representada por mujeres, es FALSA, ya que en casos de violencias hacia las mujeres el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias es casi nulo.
Además, es urgente que el Poder Ejecutivo envié al Congreso Nacional la Ley Integral contra las violencias hacia las mujeres, cuyo borrador fue entregado, en marzo de 2022, a la presidenta Xiomara Castro por las diversas organizaciones de mujeres.
Además, el Poder Legislativo debe desempolvar y aprobar diversos proyectos de ley para la protección de los derechos de las mujeres, como la Ley de Alerta Morada y la Ley de Casas Refugio y la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW.
Y, sobre todo, que el Poder Judicial, forme jueces y juezas con conocimientos en derechos humanos y equidad de género para que fallen a favor de la justicia y no bajo prejuicios religiosos y morales.
