Lo paradójico del caso es que, aunque esta reforma sea enviada en los próximos días, el pleno de diputados del Congreso Nacional no la conocerá porque, desde el 30 de mayo, iniciaron un receso legislativo de un mes. Es decir, una vez en el CN, esta podría ser aprobada en el tercer trimestre de 2024, ya que se debe realizar todo el andamiaje legal previo a su aprobación
Tegucigalpa, Honduras.- Casi dos años se cumplirán desde que fue anunciada ante la sociedad y un año desde que fue presentada como objetivo ante el Congreso Nacional, pero aún no se ha cumplido. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), a pesar de las crisis que atraviesa el país por accidentes de tránsito, no tiene lista la propuesta de reforma a la Ley de Tránsito, que ha sido solicitada por diputados oficialistas y opositores.
Fue el primero de septiembre de 2022 cuando la Policía Nacional informó que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Vial, estaba «afinando» los últimos detalles para la reforma a la Ley de Tránsito. Poco menos de un año después, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, en una de sus presentaciones de resultados del estado de excepción ante el Congreso Nacional, aseguró lo mismo: que estaban afinando detalles. Sin embargo, lo cierto es que no han logrado cumplir con lo expuesto.
639 días han pasado desde que fue anunciado y el pleno de diputados, sectores de la sociedad civil y otros grupos continúan cuestionando la demora en la presentación de la propuesta, pese a que en 2024 los accidentes de tránsito, y en consecuencia las muertes, han aumentado. Entre el primero de enero de 2024 y el 31 de mayo, se han registrado más de 6,400 siniestros en diferentes puntos del país, más de 700 personas han perdido la vida, y el Estado continúa registrando un gasto incalculable en los hospitales públicos debido a los heridos.
En pocas palabras, según lo previamente anunciado por las autoridades, se está valorando la reforma de 128 artículos con el objetivo de establecer sanciones más rigurosas para las personas que conduzcan sin tener su documentación en regla y cometan una infracción, o, en el peor de los casos, provoquen un siniestro que resulte en la muerte de terceros.
Empresarios del rubro de transporte urbano y de carga pesada también están pidiendo que se reforme esta normativa. Sin embargo, a diferencia de las autoridades, ellos solicitan que las sanciones sean más leves y que se eliminen una serie de requisitos contenidos en el proceso para adquirir una licencia de conducir pesada. Argumentan que no cuentan con suficiente mano de obra, ya que la mayoría de conductores son menores de 23 años y la ley exige que, por lo menos, tengan más de 25 años y amplia experiencia al volante.
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BANCADA OFICIALISTA SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA PROMETIDA PROPUESTA
El diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, aseguró que la bancada está a la pesar y lista para conocer, valorar y, si es necesario, modificar la propuesta de reforma a la Ley de Tránsito que mantiene pendiente las autoridades de seguridad.
Sarmiento, presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, explicó que uno de los principales objetivos que tienen como bancada respecto a la reforma a la Ley de Tránsito es sacar de circulación a personas que representan un peligro en las carreteras debido a su manera temeraria de conducir, lo cual a menudo culmina en la pérdida de vidas humanas.
Sarmiento hizo énfasis en regular el uso de motocicletas. Aunque estas unidades son uno de los principales vehículos utilizados como medio de transporte debido a su facilidad y agilidad de manejo, también son los principales involucrados en los accidentes viales de 2024. De hecho, la mayoría de los hospitales públicos del país están colapsados por motociclistas accidentados con lesiones graves que podrían dejarlos postrados de por vida.
«Estamos conscientes de que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en Honduras. Son muchos, y sobre todo motociclistas. Por eso estamos a la espera de la propuesta que enviará la Secretaría de Seguridad para revisarla, someterla al pleno y posteriormente aprobarla. Sabemos que esta crisis no se resolverá de la noche a la mañana, pero el objetivo es contribuir a reducir los índices actuales», precisó el congresista representante de Olancho.
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GASTOS
Durante los primeros cinco meses de 2024, más de 700 personas han muerto en accidentes de tránsito, según información de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), y se han registrado más de 6,400 siniestros en todo el país. El común denominador es que la mayoría de los accidentes y víctimas fatales son motociclistas menores de edad.
Cada persona que ingresa accidentada a un centro público le cuesta al Estado entre 50,000 y 70,000 lempiras por día. Si esta persona debe ingresar a Cuidados Intensivos (UCI), el costo aumenta a alrededor de un millón de lempiras diarios. Según información del departamento de prensa del Hospital Escuela, las salas de emergencia están colapsadas, provocando un gran gasto de fondos a ese centro hospitalario.
Por ejemplo, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, explicó que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ubicado en San Pedro Sula, en el extremo norte del país, ingresan entre 200 y 250 pacientes por accidentes de tránsito al mes. Esto, además de representar un gran drenaje económico, satura las salas y no deja espacio para atender otras emergencias.
«Mensualmente, al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula ingresan entre 200 y 250 personas con lesiones graves producto de accidentes de tránsito. Esto implica, además del gran gasto, que el centro médico permanezca colapsado y no haya espacio para atender otro tipo de emergencias», explicó a este medio de comunicación digital.
