En diciembre de 2021, la entonces presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, dijo que el contrato con Palmerola International Airport, S.A. (PIA, S.A. de C.V,) del grupo EMCO Holding Inc., era ilegal y prometió hacer una revisión y modificación. Después, en mayo de 2022, en el Congreso Nacional, se nombró una comisión especial que prometió, en junio de ese mismo año, entregar un informe, un mes después, pero a un año eso no ha ocurrido.
Tegucigalpa. – La construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola, catalogado por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), como “orgullo nacional” y “obra de primer nivel”, generó expectativas y suspicacias, ya que luego de las primeras lluvias de 2022 se inundó, dejando en evidencia que esta millonaria obra podría convertirse en otro monumento de la corrupción.
Ante estas suspicacias, en el Congreso Nacional (CN), se designó una Comisión Especial para analizar los términos de contrato de concesión diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto internacional de Palmerola, aprobado mediante Decreto Legislativo 71-2016, que desde el inicio de la concesión hubo señalamientos de corrupción.
Sin embargo, a poco más de un año, que el presidente del CN, Luis Redondo, nombró al diputado Ramón Barrios, como presidente de la comisión, que además integran los diputados Jari Dixon Herrera y Nétzer Mejía del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Jaar del Partido Nacional, Karla Euceda del Partido Liberal, Carlos Raudales de la Democracia Cristiana (DC), Fátima Mena y Maribel Espinoza del Partido Salvador de Honduras (PSH), no se han presentado resultados de la investigación.
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LA FRASE
“Esperamos que a finales del mes de julio (2022) podamos tener listo el dictamen”: Ramón Barrios, presidente de la comisión legislativa encargada de investigar el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola.
En junio de 2022, luego de una primera reunión de la comisión legislativa, Barrios aseguró que a más tardar en julio de ese mismo año se tendría el informe de la investigación del proyecto en manos de Palmerola International Airport, S.A. (PIA, S.A. de C.V,) del grupo EMCO Holding Inc, propiedad del empresario minero Lenir Pérez.
La comitiva –encargada de investigar todo lo relativo a la concesión aeroportuaria, además de constatar si hubo actos ilegales para beneficiar al empresario Lenir Pérez— fue nombrada el 26 de mayo de 2022 y se reunió el 9 de junio para trazar una hoja de ruta, según lo informado por Ramon Barrios a los medios de comunicación en aquella ocasión.
Lenir Pérez, de acuerdo a diversas denuncias, obtuvo el contrato aeroportuario gracias a una estrecha relación con el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 por delitos de narcotráfico.
En abril pasado, trascendió en Medios locales de Wellington en el condado de Palm Beach, Estado de Florida, la presencia de agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), en una casa que está registrada a nombre de EMCO Holding Inc., donde reside Lenir Pérez, junto a su esposa y socia Ana Facussé, hija del extinto empresario palmero Miguel Facussé Barjúm. De este hecho poco se sabe.
Criterio.hn realiza una verificación sobre el trabajo de esta Comisión Especial, que de acuerdo con Barrios presentaría un informe preliminar a finales de julio de 2022, después de una visita a las instalaciones del aeródromo, programada para el 15 de julio, sin embargo, dicha visita se realizó hasta mediados de agosto.
¿DÓNDE ESTA EL INFORME DE PALMEROLA?
A más de un año de la promesa de Ramón Barrios únicamente se ha conocido de algunas reuniones de trabajo o eventos puntuales como la conferencia que realizó la comisión multipartidaria a cargo del también diputado de Libre Hugo Noé Pino sobre el funcionamiento de las Alianzas Público-Privadas (APP) en Honduras, el 27 de julio de 2022 y la reunión con representantes de contingencias fiscales de la Secretaría de Finanza el 10 de agosto de ese mismo año.
Y la polémica visita a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA por sus siglas en inglés), ya que tanto Barrios como Jari Dixon Herrera emitieron juicios de valor sobre la construcción de dicha terminal aérea.
Barrios, indicó sentirse “impresionado”, mientras Herrera refirió “(…) es un aeropuerto nuevo con tecnología de punta”. Declaraciones que de acuerdo con analistas resultarían contraproducentes por tratarse de quienes investigan actos de corrupción sobre un contrato posiblemente amañado.
Para el analista económico Ismael Zepeda el nombramiento de esta comisión y la visita a la base aérea que desplazó al Internacional Toncontin, “fue prácticamente un show político, un circo donde al final, siempre somos los espectadores”.
Además, señaló que se requiere de “voluntad política” para investigar y profundizar en el contrato o los diferentes contratos de alianzas público privadas que son lesivos para el Estado de Honduras.
De acuerdo con Ismael Zepeda, al no tener celeridad en la investigación y al emitir comentarios favorecedores lo que hace es “debilitar la institucionalidad, y proyectar las expectativas y esperanzas que tenía la población –que de una u otra manera— todo este tipo de concepciones y proyectos, realmente salieran a la luz pública sus deficiencias y sus posibles indicios de corrupción”.
Criterio.hn se comunicó con Ramón Barrios y Jari Dixon Herrera para consultar cómo avanza la investigación. Herrera respondió que no estaba autorizado para hablar sobre el tema y Barrios, contestó que hasta no presentar el informe al pleno del Congreso Nacional no podía emitir ningún juicio. “Estamos en los últimos detalles, recopilando toda la información y ya casi elaborando el dictamen”, explicó Barrios.
Con relación a la presentación del informe detalló que posiblemente se haría en junio –pero esta afirmación la hizo previo a que se informara sobre las vacaciones, por lo tanto, dejó abierta la posibilidad que el asunto se resolvería hasta regresar del asueto, es decir, en julio.
Por su parte, Lucia Vijil, analista y defensora de derechos ambientales y del territorio del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), es de la opinión que esta comisión multipartidaria debe accionar e informar a la ciudadanía lo que está pasando con el aeropuerto y la administración estatal. “Es parte de asegurar procedimientos, que sean más transparentes y que precisamente no nos generen dudas ni suspicacias, sino que simplemente se haga una gestión transparente y que como ciudadanos y ciudadanos tengamos acceso a esa información”, expresó en entrevista con Criterio.hn.
Inicialmente el costo de la construcción de la terminal aérea era de USD 163 millones, de los cuales, 87 millones fueron aportados por el capital privado, 76 millones por el Gobierno. Pero dos días antes de asumir el nuevo gobierno liderado por Xiomara Castro, de manera arbitraria, el costo incrementó, 87 millones de dólares más, es decir, USD 250 millones, incremento validado por el Congreso regido por el Partido Nacional a través de fondos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
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LAS RELACIONES CON LENIR PÉREZ SE MANTIENEN
Justo en diciembre de 2021, luego de los daños provocados por la mala construcción en Palmerola, ocasionó que, con las primeras lluvias que recibía el aeropuerto, el agua se introdujera en las instalaciones. A raíz de esa situación la presidenta, electa en ese momento, Xiomara Castro dijo que el contrato de Palmerola era “Ilegal”, por consiguiente, anunció que una de sus primeras acciones sería la revisión y modificación del contrato.
“Los monopolios son prohibidos constitucionalmente y lesivos al interés nacional. Palmerola es un contrato ilegal y un monopolio que cierra Toncontín afectando al pueblo que me otorgó su mandato de defenderlo. Ese contrato elimina competencia y será revisado y modificado en ley”, refirió la mandataria hondureña a través de su cuenta de Twitter.
Sin embargo, esta promesa quedó únicamente en el imaginario colectivo, ya que, hasta la fecha, según analistas, se ha hecho poco o nada para investigar a profundidad este contrato –en el que Honduras invirtió USD 163 millones y sólo recibirá el 39,6% de las ganancias que genere el aeródromo—. Al contrario, al Grupo Emco percibirá el resto de las ganancias y se le otorgó la construcción de la Academia Militar de Aviación “Capitán Roberto Raúl Barahona Lagos”, a través de la empresa Palmerola International Airport a un costo de USD 3,700,000.00 dólares, el equivalente a más de 90,000,000.00 de lempiras.
Durante el evento de colocación de la primera piedra de dicha construcción, el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales, sobrino político de la mandataria hondureña, manifestó sentirse “orgulloso de lo que se puede lograr en poco tiempo para poder brindar mejores instalaciones a la Fuerza Aérea de Honduras”.
El ministro de Defensa Nacional, en entrevista con medios de comunicación, al consultarle sobre los costos de este proyecto, respondió: “esto es de Grupo Emco, para el Estado de Honduras no representa ni un cinco”.
El funcionario amplió que la nueva obra es parte de la responsabilidad que adquirió la empresa de Lenir Pérez porque se destruyó parte de las instalaciones para la construcción de la terminal aérea.
Sin embargo, analistas son del criterio que se continúan con los pactos de poder, en este nuevo gobierno en el cual la ciudadanía depositó la confianza para acabar con la corrupción en el país. “Lamentablemente el Estado ha sido ese ente que facilite contratos para un grupo, para una élite empresarial”, cuestionó Lucía Vijil.
Para Ismael Zepeda, estas relaciones forman parte de “vínculos políticos y económicos de diferentes grupos empresariales a pesar que este gobierno es nuevo, que supuestamente es diferente”.
Para Lucia Vijil este es un tema complejo “porque a pesar que a nivel internacional se ha denunciado la actuación irresponsable de algunas empresas con el Estado, no se ha hecho absolutamente nada”.
Analistas consideran que para resolver situaciones de corrupción en el pasado y en el presente se requiere un compromiso más integral, y analizar a quiénes se están favoreciendo con contratos como el del aeropuerto Palmerola.
En conclusión, la presentación del dictamen que estaría listo a finales de julio de 2022, según lo afirmado por el diputado Ramón Barrios, presidente de la comisión multipartidaria que investiga irregularidades del contrato de la concesión de Palmerola, es Falsa y a más de un año de haberse nombrado dicha comitiva no hay certeza de cuándo se presentará el informe ante el pleno del Congreso Nacional.
Ante esta situación, diversos sectores instan al gobierno de la presidenta Xiomara Casto a incrementar sus esfuerzos para contrarrestar que esta administración también sea señalada por actos de corrupción como ocurrió en los gobiernos anteriores y demostrar que es posible administrar un Estado sin hacer alianzas con redes corruptas, criminales y el narcotráfico, porque la sociedad hondureña “no está para soportar, ni tolerar más actos de corrupción en la administración pública”, dice Lucia Vijil.
