Representantes de sociedad civil ven como una jugada para manipular el pensamiento colectivo y como una situación extemporal, ya que cercanos al expresidente Zelaya, fueron beneficiados con la aplicación de la normativa.
Tegucigalpa, Honduras. -La Ley de Amnistía Política aprobada el 3 de febrero de 2022 (decreto 4-2022) ha sido cuestionada y calificada por sociedad civil como un “Pacto de Impunidad”, que benefició con cartas de libertad a exfuncionarios del gobierno del expresidente, José Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009. Por ello se ha solicitado su reforma o derogación.
Al respecto, se consultó a diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) han manifestado que “no tienen inconveniente de revisar la Ley de Amnistía”. Por otro lado, representantes de sociedad civil ven como una jugada para manipular el pensamiento colectivo y como una situación extemporal, ya que cercanos al expresidente Zelaya, fueron beneficiados con la aplicación de la normativa.
Es importante mencionar que durante la primera visita de la misión exploratoria [del 9 al 23 de julio] de Naciones Unidas solicitó al Congreso Nacional, entre otras cosas, la indicación sobre si existía proyectos de reforma o derogación de varios decretos que fomentan la impunidad entre los que se incluyó el 4-2022, siendo esto un indicativo que si hay preocupación del organismo mundial sobre los alcances de la Ley de Amnistía Política.
El congresista del Partido Libre, Yahvé Sabillón, dijo a Criterio.hn que no existe ningún inconveniente para revisar el decreto, pero se deben hacer el mismo proceso con otras normativas similares aprobadas tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“No tenemos ningún problema como Comisión realizar ese aspecto tan importante que es necesario, pues que lo revisemos. Pero hacemos la siguiente observación, y es que, si vamos a revisar todos los decretos de amnistía, también se debe examinar la amnistía del 2009, cuando se drenaron millones y millones de dólares de las arcas del Estado”, declaró el entrevistado.
Sabillón admitió que una de las observaciones que dejo la misión de expertos de Naciones Unidas fue revisar el decreto 4-2022, específicamente un apartado en el artículo número 4.
Las declaraciones de Sabillón, fueron respaldadas por su compañero de bancada el diputado, Jari Dixon Herrera.
En diálogo con este medio digital Herrera aseveró que se puede revisar y no hay ningún inconveniente, porque la Ley de Amnistía no fue concebida como “un pacto de impunidad”.
Añadió que el decreto 4-2022 “fue una autorización que se le dio a los jueces para revisar diferentes expedientes y que pudieran determinar si había o no evidencia dentro de esos casos”.
Enfatizó que este decreto nunca fue una carta o un cheque en blanco para que los jueces otorgarán cartas de libertad a personas allegadas a Libre, “así que no se puede hablar de pacto de impunidad porque muchos de esos casos fueron denegados por los jueces correspondientes”.
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¿QUÉ DICE LA LEY?
El artículo 4 de la Ley de Amnistía señala que se debe “conceder amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los tribunales de la República, o que se encuentren en proceso de investigación”.
El numeral 4A habla sobre los beneficiarios de la amnistía, el cual dice de manera textual que se beneficiará “a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”.
Con esta normativa, aprobada el miércoles 3 de febrero de 2022, se benefició a el exsecretario de la Presidencia,Enrique Flores Lanza, quien fue acusado de delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por el Ministerio Público al acusarlo de extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para llevar a cabo el proyecto de consulta popular -impulsado por el entonces presidente, José Manuel Zelaya- conocido como Cuarta Urna.
El 3 de marzo de 2022,Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), fue el segundo beneficiado con la Ley de Amnistía.
Chimirri logró quedar en libertad tras siete años de prisión condenado, en 2018, por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. El juez de ejecución declaró extinta toda acción penal en su contra pese a haber sido condenado a ocho años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito, y ocho años por abuso de autoridad y fraude.
Para Jimena García, representante de Honduras Resurge, que los congresistas quieran revisar la Ley de Amnistía, a dos años de su aprobación, “es doble moral, porque ya lograron su cometido”.
PLANTEAMIENTO DE REFORMA A LEY DE AMNISTÍA ES “MANIPULACIÓN”
Al respecto la representante de Honduras Resurge, Jimena García, manifestó que las aseveraciones de los diputados oficialistas llegan de manera extemporáneo y pueden ser tomadas como “una jugada de Libre para implantar en el imaginario colectivo que quieren hacer las cosas bien”.
Para la integrante de sociedad civil los congresistas han tenido todo el tiempo para que personas afines al oficialismo sean beneficiados, por lo que hablar de revisar o reformar el decreto “es doble moral, porque ya lograron su cometido”.
“Es totalmente inoportuno y como no es retroactivo no va a tener un impacto real. Es lamentablemente que se den este tipo de situaciones y por supuesto que sí se puede entender como una manipulación de querer crear en el imaginario colectivo que quieren ahora hacer las cosas bien”, dijo la entrevistas.
