La impunidad en este caso generó que el Estado continuará violentando a los familiares de las víctimas durante los últimos 30 años.
Tegucigalpa.- A menos de cuatro meses de que se cumpla el 40 aniversario de la ejecución extrajudicial de Herminio Deras García, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó internacionalmente al Estado de Honduras por este hecho, así como las persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, exilio forzado, entre otros actos violatorios perpetrados contra sus familiares a lo largo de 30 años.
Herminio Deras García, maestro de profesión, dirigente político del Partido Comunista y sindicalista, fue asesinado la madrugada del 29 de enero de 1983, tras ser interceptado y requerido en el barrio Las Flores en San Pedro Sula. Un año y tres meses antes, su domicilio fue allanado por integrantes del Tercer Batallón y agentes de la Dirección Nacional de Investigación (DNI).
La Corte-IDH determinó que el Estado de Honduras violentó el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la libertad de asociación y los derechos políticos de Herminio Deras García.
De igual forma, concluyó que familiares de Deras García “fueron objeto de un ataque deliberado a través de persecuciones, detenciones ilegales, malos tratos y torturas, allanamientos a sus viviendas y destrucción de sus bienes”, a lo largo de 30 años.
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El Tribunal determinó que estos hechos causaron la desintegración de la familia y el exilio de su hermano Héctor García y hermana Alba Luz Deras García. Por estos hechos, se responsabilizó a Honduras “por las violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, la protección a la honra, la dignidad y la vida privada, la protección de la familia, los derechos del niño y la propiedad privada. Adicionalmente, respecto a quienes sufrieron el exilio forzado, la Corte concluyó que el Estado violó su derecho de circulación y residencia”.
Durante las audiencias públicas realizadas el 10 y 11 de mayo de 2022, bajo la presidencia de Xiomara Castro, el Estado de Honduras realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional, reconociendo todos los hechos y violaciones alegados y comprometiéndose a una serie de medidas de reparación.
La Corte determinó que la ejecución de Herminio Deras García ocurrió en el marco de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, que incluyó más de un centenar de desapariciones forzadas, en el que “existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares”.
MEDIDAS DE REPARACIÓN
Las medidas de reparación incluyen: investigar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del señor Herminio Deras García y a todos los responsables de las demás violaciones de derechos humanos declaradas en la Sentencia; Cerrar de manera definitiva los expedientes policiales abiertos contra los familiares del señor Deras García; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso.
También incluye la construcción de un mausoleo en la tumba de Herminio Deras García; el diseño y ejecución de una política nacional de memoria histórica; la creación e implementación de una política de preservación de archivos y sitios sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre los años ochenta y el presente. Así como el pago de las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño material, inmaterial, costas y gastos.
En el comunicado publicado, la Corte “concluyó que Herminio Deras García fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de miembros del Batallón 3-16 como consecuencia de sus actividades políticas y sindicales. Su ejecución fue una acción deliberada para silenciar su voz opositora y detener su militancia política y sindical. Sobre el particular la Corte indicó que cuando las violaciones de derechos humanos se vinculan al ejercicio de la libertad sindical o de derechos políticos, como en el caso del señor Deras, pueden tener un efecto amedrentador en las organizaciones, afectando su capacidad de agruparse para defender sus intereses”.
El pasado 30 de agosto, en el Día Nacional del Detenido Desaparecido, familiares de Eduardo Aníbal Blanco, un estudiante de sociología costarricense radicado en Honduras, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por su desaparición forzada en noviembre de 1981.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) registra al menos 184 casos de desapariciones forzadas en ese periodo de tiempo, remarcando que a estas se suman decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas, según detalló la organización en su informe de 2018 al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
