Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – “La Historia de Honduras se puede escribir en un fusil, sobre un balazo, o mejor, dentro de una gota de sangre”, parafraseó entre las páginas de su libro, Secreto Militar de 1985, el connotado escritor Roberto Sosa (1930-2011), también conocido como el “Poeta de los Pobres”.
El 28 de junio de 2009, Honduras sufrió un golpe de Estado que dejó secuelas y retrasos todavía insuperables en el país y, además, dio paso directo al surgimiento de una narcodictadura, la cual incluso ha sido mencionada en los tribunales de Estados Unidos y ha quedado al descubierto con varios extraditados, entre ellos, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
El rompimiento del orden constitucional de esa madrugada, provocó el alza de la violencia, pobreza y miseria, desigualdad y violación a los derechos humanos durante los últimos 13 años. Tal quiebre en la historia de Honduras, fue condenado por la comunidad internacional de forma unánime, sin embargo, el sufrimiento de los hondureños se prolongó y las secuelas quedarán por muchos años, como lo manifiestan historiadores, economistas y sociólogos.
La sangre de los mártires fue derramada y el Estado de Honduras arrastra todavía la deuda de impartición de justicia que imploran sus familias. Entre los mártires del golpe de Estado resaltan algunos nombres, uno de ellos es el del joven asesinado de un disparo en la cabeza el 5 de julio de 2009, Isy Obed Murillo, cuando solo tenía 19 años.
Después de siete días de haber sido derrocado, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, intentaba retornar al país por el Aeropuerto Internacional de Toncontín, y el Frente Nacional de Resistencia Popular, que se manifestaba en contra del golpe de Estado, intentaba recibirlo, sin embargo, en medio de la fuerte represión a punta de balas, bombas lacrimógenas y golpes, por parte de policías y militares, Isy Obed Murillo fue impactado con una de las balas.
PRIMER MÁRTIR DEL GOLPE DE ESTADO, ISY OBED MURILLO
El joven es recordado como el primer mártir de las protestas contra el golpe de Estado y es el rostro que representa a la juventud que ha sido asesinada en los últimos años. En ese entonces, Roberto Micheletti fue impuesto como el presidente de facto y las Fuerzas Armadas estaban bajo el mando del general Romeo Vásquez Velásquez.
El domingo 26 de junio de 2022, el expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya, realizó un reconocimiento público a Isy Obed Murillo, donde leyó un documento encomendado por su esposa, la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento.
En memoria de Isy Obed Murillo, el Partido Libertad y Refundación (Libre), ahora hecho gobierno construyó una plaza con su nombre, la que este domingo fue el escenario para reconocer el sacrificio, dolor y muerte de muchos hondureños que se lanzaron a las calles a condenar la ruptura constitucional de hace 13 años.
En el lugar, en el que además se hicieron algunas promesas, Zelaya en compañía de la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque y el exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, recordó que el Congreso Nacional aprobó a inicios de febrero de 2022 la amnistía política, que definió como un decreto de justicia para las víctimas del golpe de Estado.
Bajo Decreto Legislativo 4-2022, el legistalivo aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan en condena al golpe de Estado de 2009 y la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia.
Definieron que la finalidad de la normativa era resarcir los daños y otorgar una amnistía a quienes hayan sido víctimas de persecución política y enjuiciamiento desde junio de 2009 cuando se ejecutó el golpe de Estado en contra el exmandatario.
Sin embargo, dentro de la cuestionada amnistía se contempló beneficiar de manera directa a exfuncionarios, directores, empleados y autoridades electas para el 27 de enero de 2009 hasta el 28 de junio de 2009, acusados, perseguidos, condenados o con procesos de investigación por corrupción o delitos contra la administración pública. Entre esos beneficiados estuvo Enrique Flores Lanza y el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.
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PROGRAMA PARA ATENDER A FAMILIARES DE MÁRTIRES
“Mel” Zelaya, como es conocido en Honduras, apuntó que ningún impulsador del golpismo ha sido señalado en los 13 años después del golpe de Estado, es decir, continúan gozosos de impunidad.
Al tomar la palabra frente a una multitud de personas que conformaron el movimiento de la Resistencia Popular, anunció que el Decreto Ejecutivo PCM 2022, una vez publicado en Diario Oficial La Gaceta, dará vida al Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña, con el cual el gobierno de Xiomara Castro ha prometido: becas, pensiones, trabajo, vivienda, salud, atención psicológica, facilitación de acceso a la justicia a todos los descendientes de los mártires de la Resistencia.
Las medidas de reparación integral contempladas en el marco del respeto a los derechos humanos implican el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación a la Constitución produjo, así como una indemnización por los daños causados.
En tal sentido, en aplicación de los artículos 59, 60, 61 y 245 de la Constitución de la República de Honduras y el artículo 1 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, decreto legislativo 04-2022 y otros relacionados, decretaron que la Secretaría de Derechos Humanos brindará apoyo a los descendientes y ascendientes directos de las víctimas de asesinato registrados en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los organismos de derechos humanos en Honduras en el marco del golpe de Estado de 2009.
De tal forma, prometieron que el programa social asegurará la educación y sobrevivencia en condiciones de dignidad y seguridad. Para lograrlo, se elaborará un registro oficial de beneficiarios que reúnan las condiciones y luego se les entregará un certificado de acreditación para entrar en ese programa social.
Según mencionó el asesor presidencial, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) será la coordinadora del proyecto y la Secretaría de Finanzas (Sefin) fue instruida para provisionar los recursos necesarios para desarrollarlo.
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Durante el acto conmemorativo, la madre de Isy Obed Murillo, Silvia Mencía, apuntó: “Aquí fue derramada la sangre de mi hijo. No es fácil, no queremos vivir esos momentos que ya vivimos. No quiero que este pueblo vuelva a vivir los tiempos de represión”.
BERTA CÁCERES: MÁRTIR POR LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS Y EL AMBIENTE
Berta Cáceres representa a las personas que han perdido la vida en defensa de los pueblos originarios, permanentemente violentados en Honduras y la defensa de los recursos naturales que son destruidos y usurpados por la explotación del extractivismo.
El proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, desarrollado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) fue impulsado después del golpe del golpe de Estado, cuando se disparó el concesionamiento de los recursos naturales y los ríos sin ser consensuado con las poblaciones.
Cáceres fue asesinada en su casa de habitación el 2 de marzo del 2016, en La Esperanza, Intibucá, por su labor en defensa del río Gualcarque en favor de la población indígena, al rechazar la construcción de la destructiva represa hidroeléctrica, la cual sigue concesionada sin importar la legalidad de está obra.
El 20 de junio de 2022, tras más de seis años de exigencias y presión, la justicia hondureña sentenció al exgerente de DESA Roberto David Castillo Mejía a 22 años y seis meses de prisión. Castillo Mejía fue condenado en julio de 2021 al ser declarado culpable de ser coactor del crimen de la ambientalista, Premio Goldman, en 2015.
La lucha por llegar a los autores intelectuales del asesinato de Cáceres continúa con el único propósito de llevar a los tribunales a la familia Atala Zablah, como lo exige el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
El camino es largo y la impunidad lleva la delantera, pero gran parte de la población y los integrantes de diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, los recursos naturales y las poblaciones indígenas, distinguen a David Castillo, exgerente de DESA, como el primer peldaño hacia la alargada deuda que mantiene la justicia de Honduras.
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MÁRTIR DE LAS POBLACIONES DIVERSAS, VICKY HERNÁNDEZ
Por su parte, la líder transgénero Vicky Hernández representa a las poblaciones LGBTIQ+ cuyo flagelo, discriminación y asesinatos se dispararon tan solo consumado el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Vicky Hernández, una mujer transgénero, activista de derechos humanos y trabajadora sexual en San Pedro Sula, fue asesinada la misma noche del golpe de Estado, en medio de un toque de queda cuando los militares se adueñaron de las calles.
De hecho, las organizaciones LGBTIQ+, reclaman a la Resistencia Popular y al Partido Libre por no reconocer este crimen como el primero del golpe de Estado y que sumergió a Honduras en una profunda crisis que facilitó la imposición de la dictadura y disparó los abusos a los derechos humanos.
Más de 400 integrantes de las poblaciones de diversidad sexual han sido asesinadas desde el 2009 a la fecha, según registros recabados por la Red Lésbica Cattrachas.
El 10 de mayo, en un acto público, la presidenta Xiomara Castro, destacó algunos puntos importantes sobre el cumplimiento del Estado de Honduras respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), al reconocer la culpabilidad por el asesinato de Vicky.
“Reconocemos ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández, la responsabilidad del Estado de Honduras en los hechos que llevaron a su muerte ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009”, dijo Castro.
Seguidamente, destacó que lo anterior fue una flagrante violación a los derechos humanos, debido a su identidad de género, uso de su libertad de expresión y un atropello al reconocimiento a la personalidad jurídica y su nombre.
El 26 de marzo de 2021 la Corte-IDH declaró que el Estado era responsable por la violación del derecho a la vida y la integridad de la activista de derechos de las mujeres trans, Vicky Hernández.
Castro prometió que las investigaciones contra los asesinos de Vicky Hernández continuarán, pues es uno de los casos que continúa en impunidad. Reafirmó que en nombre del Estado de Honduras se asume la responsabilidad internacional por el vil crimen.
Como estos, existen decenas de casos que todavía no han sido resueltos. Muchos manifestantes fallecieron en la lucha constante frente al gas y las balas, soportando la criminalización de los medios corporativos, la persecución de las fuerzas de seguridad del Estado, pero se mantuvieron de pie en las calles en contra del fatídico golpe de Estado.
Precisar el número de víctimas del golpe de Estado es un tanto difícil porque la crisis, aunque se desencadenó el 28 de junio de 2009, sus secuelas han continuado por el debilitamiento institucional que, luego, en 2017 trajo una crisis postelectoral por el fraude y la reelección ilegítima de Juan Orlando Hernández y la instauración de una narcodictadura que también sembró un estado fallido.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizan más de 50 crímenes directos de las protestas del golpe de Estado del 2009; más de 40 durante la crisis postelectoral de 2017 y alrededor de 11 durante las protestas en contra de la privatización de la educación y salud. A estas muertes se deben sumar otros crímenes, que al igual que los antes expuestos continúan en la impunidad.
