Por: Arabeska Sánchez
Cualquier persona tiene derecho a preguntarse eso cuando la seguridad ciudadana de todos los que conviven en una ciudad como el Distrito Central ha sido identificada como una de las dos ciudades del país con altos niveles de criminalidad, en al menos 60 barrios y colonias (al menos eso es lo que se ha publicado recientemente).
Pero cuando se realiza el ejercicio de revisar los mismos datos policiales de SEPOL nos encontramos con una realidad estadística que no parece coincidir y ahora vemos el porqué; veamos, la tabla de registro de delitos de extorsión indica que ha habido en promedio estadístico mil delitos de este tipo cada año durante la última década que al final suman un poco más de diez mil -en diez años- siempre los dos sectores más afectados han sido el trasporte público y algunos negocios ubicados en mercados y mercaditos -con menor impacto en empresas grandes- de acuerdo con informes del empresariado del país.
Luego están los delitos que irrumpen en la vida de las personas, aquellos que llegan a ocasionar fatalidades sumaron cuatrocientos cincuenta y tres homicidios que por lo general son ocasionados cada año por criminalidad común, organizada y por problemas interpersonales; y es precisamente frente a la lucha contra esos criminales que en total han sido lesionados cincuenta y cuatro miembros policiales activos de los cuales nueve fueron asesinados; en tanto que las personas lesionadas que son el mayor grupo sumaron seis mil ochocientos noventa y tres -concentrándose casi todos en los accidentes de tránsito vial- y las personas fallecidas por causas aún no determinadas sumaron cuatrocientos treinta y cinco entre las que sobresalen las muertes naturales, accidentales y no determinadas.
Finalmente, para cerrar este ejercicio, vemos que las manifestaciones de todo tipo -pacificas o violentas que son minoría- terminan siendo un reto para toda a estrategia de seguridad ciudadana en este importante departamento ubicado en el centro del país.
Así las cosas, volvamos a preguntarnos si realmente se justifican los cierres, las suspensiones de libertades y garantías constitucionales y toda esa jerigonza que vemos con frecuencia entre comunicados, informes, notas de prensa y decretos. Recordando que justo se acaba de salir de un año COVID que mantuvo en el encierro a casi todos por lo menos durante nueve largos meses -así lo prueban los más de setenta decretos ejecutivos del año dos mil veinte-.
¿Ahora veamos si los recursos de seguridad son suficientes hasta ahora para atender esos resultados de criminalidad? Con una base de más de cincuenta mil efectivos entre las tres instituciones que atienden el tema de seguridad y justicia, presupuestos anuales de más de mil millones entre las cuatro instituciones, es posible que comencemos a preguntarnos cada vez que se nos brinda un informe de la seguridad ciudadana si realmente las decisiones de están tomando basadas en conocimiento o de manera sesgada.
Pues para cerrar este artículo es necesario que reflexionemos acerca de la optimización de recursos en este rubro que interesa a todos, porque la forma de trabajo observada entre instituciones así lo amerita; en el último mes hemos visto que mientras que la policía uniformada declara cierres -con el debido respeto a quienes han hecho el esfuerzo de elaborar las estrategias recientes y a los más de cincuenta efectivos que han sido lesionados en el cumplimiento de su labor-, la policía técnica de la fiscalía junto con su aliado natural de policía militar decidieron sin titubeos, mejor utilizar su inteligencia, ubicar a los extorsionadores y otros grupos criminales y comenzar a incautar bienes de origen ilícitos para debilitar precisamente estas estructuras que dañan la seguridad ciudadana y economía de país.
Así las cosas, sin tanto teatro han dejado claro que cuando se optimizan los recursos y se mueven las piezas correctas, el mensaje a la ciudadanía llega claro: que jamás el crimen va a estar sobre la aplicación de la ley.
Sin duda que una de las conclusiones es que sigue siendo necesario que trabajen de forma integrada en el marco de la inter-institucionalidad dejando de lado cualquier forma de protagonismo. Hasta la próxima entrega, que estemos bien.
