El Cespad, la DPIF y ASFC presentaron este jueves su primer informe de veeduría del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), la Fundación para el Debido Proceso (DPIF, sigla en inglés) y Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) presentaron este jueves su primer informe de veeduría del proceso de nominación y elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dentro del documento, el consorcio conformado por estas tres organizaciones destacó varios aspectos positivos, como la transmisión en vivo de las sesiones de la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la CSJ.
Asimismo, las plataformas de mensajería abierta a la ciudadanía y a los veedores nacionales e internacionales, la invitación a la ciudadanía a las sesiones, el intercambio de comunicaciones, la celebración de sesiones con publicidad, el mecanismo de participación ciudadana, entre otras.
Sin embargo, también externaron su preocupación hacia algunas situaciones generadas en torno al proceso, por lo que realizaron una serie de sugerencias a la Junta Nominadora. En esencia, las recomendaciones iban destinadas a mejoras asuntos específicos, como las convocatorias a sesiones emitidas por la Junta, que, según la observación realizada, muchas veces se realiza con poca antelación.
La representante del Cespad, Osiris Reyes, dijo que “a pesar de que el reglamento establece que las convocatorias a sesiones deben emitirse con la suficiente antelación, en la práctica hemos sido testigos de convocatorias hechas apenas horas antes de las sesiones”.
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Añadió que, la emisión de convocatorias a escasas de las sesiones, limita la veeduría nacional e internacional. Además de ello, el consorcio señaló que, en reiteradas ocasiones, las actas de las sesiones han sido subidas al portal de transparencia de la Junta Nominadora con algunos días de demora.
También recomendó que, dentro del portal, se actualice información sobre la ejecución del presupuesto de la Junta Nominadora, “como un necesario ejercicio de rendición de cuentas”.
En última instancia, las tres organizaciones sugirieron agilizar el proceso de acreditación de los veedores nacionales e internacionales, “con el objetivo que los veedores conozcan las disposiciones que deben cumplirse en el desarrollo de las sesiones y se acrediten con la debida anticipación”.
A la presentación del informe acudió la representante de los Claustros de profesores de Derecho, Julissa Aguilar, quien mencionó que la Junta Nominadora está abierta a escuchar las recomendaciones, pero también manifestó que “hemos ido mejorando el proceso, las razones logísticas nos han complicado, al inicio, y las actuales condiciones son un poco difíciles también”.
Aguilar, una de las 14 personas que integran la Junta Nominadora, ofreció esa respuesta cuando se le consultó acerca de la demora en la actualización de las actas de las sesiones dentro del portal, como establece la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, y el reglamento interno.
PROCESO
Los 174 postulantes, confirmados este jueves 14 de noviembre de 2022 por la Junta Nominadora, se han sometido a pruebas psicológicas y toxicológicas, mientras que ahora se aprestan a realizar las pruebas patrimoniales.
Posteriormente, pasarán a la fase de entrevistas públicas y a la etapa de aplicación de la matriz de evaluación técnica, que puntuará criterios éticos, morales y profesionales. Contra cualquiera de los postulantes, la ciudadanía podrá presentar impugnaciones, que deberán estar debidamente sustentadas.
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A más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora deberá enviar una nómina con un mínimo de 45 candidatas y candidatos, entre los cuales deberá haber, al menos, 23 mujeres y 22 hombres. La elección de las magistradas y los magistrados, a lo interno del Congreso de la República, se efectuará el 25 de enero de 2023.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia estará integrado por 15 profesionales del derecho. Uno de ellos será elegido presidente, quien, mientras no exista un Consejo de la Judicatura, se encargará de la parte administrativa de todo el Poder Judicial. Por otra parte, cinco de las magistradas y los magistrados integrarán la Sala de lo Constitucional, mientras que el resto de las Salas (Civil, Penal y Laboral) contarán, cada una de ellas, con tres togadas y togados.
La Corte, constitucionalmente, durará en funciones por un período de siete años.
