Tegucigalpa.- En el Caribe de Honduras se desalojó violentamente a pobladores Garífunas de Punta Gorda, Roatán; en la capital se procedió al juicio contra un miembro del Consejo Indígena Lenca de Reitoca; y desde ya se maneja la expulsión de los Lencas de las Tierras del Padre en Francisco Morazán.
En Honduras, el hostigamiento, la persecución y la criminalización de pueblos indígenas está a la orden del día y todo indica que nada cambió, pese a que una mujer lidera por primera vez el Poder Ejecutivo y bajo su mando están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La abogada del Bufete Justicia Para los Pueblos, Kenia Oliva, manifestó que la criminalización contra los pueblos indígenas en el país continúa a través del Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Hoy [ayer] tres pueblos han sido criminalizados por el Ministerio Público. El pueblo indígena Lenca de Reitoca, nos encontramos con una persona en juicio. También estaba citado el pueblo indígena Lenca de Tierras del Padre por un desalojo ilegal y se ha desalojado Punta Gorda”, señaló la profesional del derecho.
En el caso del integrante del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, se trata de Osmel Sierra quien sigue siendo sometido a un proceso judicial ilegal por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial al servicio de los intereses privados, señaló el abogado Edy Tábora del Bufete Justicia Para los Pueblos.
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EXIGENCIAS Y MOVILIZACIONES DEBEN CONTINUAR
Tábora coincidió con Oliva y agregó que esta a la vista que la criminalización continúa a través del uso de instituciones públicas al servicio de los intereses privados. Es por esto que los pueblos y las organizaciones sociales deben seguir trabajando, exigiendo y movilizándose para contrarrestar los abusos de poder desde la institucionalidad.
El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, quien también representa a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), se solidarizó con el pueblo Garífuna ante el desalojo ilegal de la comunidad de Punta Gorda a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Este no es el primer desalojo que sufren los habitantes de la comunidad de Punta Gorda en Roatán, Islas de la Bahía, ya en 2011 fueron desalojados de un predio que el Instituto de Previsión Militar (IPM) argumentaba era de su propiedad, e incluso ordenó y ejecutó el desalojo de más de una decena de familias Garífunas.
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Tras la declaración de la presidenta Castro en relación a que no fue informada previo a la ejecución del desalojo en Punta Gorda, Roatán, el abogado Víctor Fernández del Bufete Estudios para la Dignidad alertó desde Twitter que el próximo desalojo ordenado es el de la comunidad indígena Lenca Tierras del Padre en Francisco Morazán.
Además, le notificó que aunque la orden proviene del Poder Judicial, la misma es ejecutada por policías y militares, que están bajo su mando como mandataria de la República.
En septiembre de este año, el abogado Tábora invitó desde las redes sociales al diputado y también abogado Ramón Barrios a buscar una solución definitiva al problema real e histórico de despojo de la propiedad de la tierra indígena y comunidades campesinas, o la entrega fraudulenta de tierra nacional para proyectos extractivos, que es la base del conflicto social que enfrentan estas poblaciones.
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Al medio día de hoy, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, anunció la creación de una comisión interinstitucional que visitará Punta Gorda entre el 9 y el 11 de noviembre para “la verificación de títulos de dominios plenos y útiles”. Además, instó a la liberación de las y los defensores detenidos”.
No obstante, la analista socioambiental, Lucía Vijil, tuiteó que “la naturaleza del conflicto es por la titularidad de la tierra y se resuelve con el reconocimiento jurídico de la posesión para la comunidad garífuna que está hace 225 años. ¿Qué más hay que constatar? La misma visita se realizó en Azacualpa para que no pasara nada”.
