Defensores de la soberanía señalaron que las ciudades burbujas violaron preceptos del estado de derecho y la Constitución de Honduras, como soberanía, territorio, forma de gobierno y derechos humanos
Tegucigalpa.- En medio de la tormenta diplomática creada por las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, defensores del territorio y la soberanía manifestaron que las derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) deben quedar al margen de lo que la diplomacia aborda.
El discurso de la embajadora Dogu en el marco de la reunión anual de AmCham 2022, si bien no menciona por nombre a las controversiales ciudades burbujas, si parece hacer alusión a las mismas, específicamente en los párrafos que refieren:
“Hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado por el tratamiento de la inversión extranjera en Honduras.
Continuaremos ejerciendo nuestro derecho de reunirnos con inversionistas estadounidenses y abogar por la resolución de disputas comerciales de acuerdo con estado de derecho comercial”.
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La fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, cuestionó a través de Twitter lo planteado por la embajadora y publicó que al leer con detenimiento el discurso, si bien se reconoce el derecho de los inversionistas a abocarse a su embajada, esto no implica que en el caso de las ciudades privadas, el derecho comercial esté por encima del derecho constitucional.
Esto en referencia a la reunión sostenida entre los inversionistas de Próspera con el ministro consejero, Roy Perrin, en la embajada de Estados Unidos en Honduras. El encuentro causó fuertes cuestionamientos por la sociedad civil y los funcionarios, entre ellos el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación, Enrique Reina.
García Merino, también apuntó en conversación con Criterio.hn, que no es ni el congreso ni el senado de Estados Unidos el que se ha referido a las ZEDE, sino dos senadores en una carta dirigida al Departamento de Estado en la que urgieron se inste a la República de Honduras a garantizar por 50 años las inversiones realizadas en las derogadas ZEDE por ciudadanos estadounidenses.
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Leonardo Pineda, integrante de la sociedad civil en San Pedro Sula, interpretó de forma similar el discurso de Dogu. Señaló que si bien el primer párrafo a su criterio no es tan explicito, el segundo no deja duda que es una referencia directa a la reunión sostenida entre Perrin y los inversionistas de Próspera en la embajada.
En cuanto a la mención del derecho comercial realizada por Dogu, Pineda señaló que Honduras debe dirimir el tema de las derogadas ZEDE a través del derecho constitucional, apuntando a la soberanía del Estado y no a derechos comerciales.
García Merino compartió este punto con Pineda y afirmó que “todo derecho emana de la Constitución. El litigio con Próspera no se debe basar en el derecho mercantil sino en el derecho constitucional, ya que violaba los preceptos del estado de derecho: soberanía, territorio, forma de gobierno y también derechos humanos al no cumplir con el convenio 169 de la OIT, entre otros”.
Previamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el documento “Declaraciones de Clima de Inversión 2022: Honduras” en el que señaló que la derogación de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la Ley de Empleo por Hora, y otros, han contribuido a la incertidumbre en el clima de inversión en el país.
Las ahora derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico están intimamente ligadas a los doce años de gobierno del Partido Nacional, tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales en 2009.
A tal punto, que el ahora extraditado expresidente Juan Orlando Hernández por cargos ligados al narcotráfico, era el titular del Congreso Nacional cuando se dio un golpe técnico al Poder Judicial por declarar inconstitucionales las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), antecesoras de las ZEDE.
