Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La Coalición Contra la Impunidad reaccionó decepcionada ante la última propuesta presentada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la vez insistió con la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras (CICIH).
Mediante un comunicado emitido este jueves, la organización señala que observa con profunda decepción “la propuesta realizada por el facilitador enviado por la–OEA-, John Biehl, el día 11 de septiembre del presente año, la que entre otras cosas, plantea que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) realice una serie de diagnósticos y acciones que seguirán postergando la adopción de soluciones integrales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el sistema de justicia en Honduras”
La Coalición, apunta que los problemas que afronta la sociedad hondureña son estructurales, por lo que las soluciones deben permitir desmontar las estructuras que favorecen la corrupción, violencia e impunidad.
Asimismo que los procesos de reforma, impulsados desde instituciones como CEJA, se han convertido en procesos legitimadores del orden establecido que no van al fondo de los problemas de corrupción y falta de independencia de las instituciones del sector justicia.
PREOCUPACIÓN
Asimismo, expresa su preocupación, porque la respuesta del gobierno fue adoptada en el seno de Consejo de Defensa y Seguridad, según lo expresó el propio presidente, Juan Hernández, “con lo se desnaturaliza totalmente el principio constitucional de división de poderes que debe regir en nuestro país”.
Por otra parte, pone en contexto que el pueblo hondureño ha manifestado su rechazo a la corrupción y la impunidad, mediante protestas masivas desde abril pasado, a partir de haberse hecho públicos los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de los cuales se ha beneficiado el Partido Nacional y el actual presidente Juan Hernández.
“creemos que la instalación de una CICIH, con un modelo similar al que se implementa en Guatemala, se puede convertir una herramienta indispensable en el largo camino de construir gobiernos verdaderamente democráticos con la capacidad de velar por los derechos fundamentales de la población”.
Añade que las organizaciones críticas y de oposición han sido excluidas del diálogo nacional, el cual ha sido realizado con sectores afines al partido de gobierno, dejando fuera a las organizaciones que promueven los derechos humanos, reforma reales al sistema de justicia, los sindicatos, mujeres, movimientos campesinos, pueblos indígenas, movimientos estudiantiles y otros sectores movilizados en las protestas sociales.
De manera paralela se promueve, desde los entes oficiales la promoción y apoyo evidente a organizaciones que adoptan posiciones abiertamente favorables al actual gobierno, cuestiona la Coalición.
Agrega que un claro ejemplo de dicha tendencia es el proceso de elección de los representantes de la sociedad civil en la Junta Nominadora a la Corte Suprema de Justicia, llevado a cabo el 28 de agosto pasado. “En este proceso el Estado hondureño, a través de la Secretaría, Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización, favoreció la inscripción de organizaciones evangélicas con posiciones abiertamente afines al actual gobierno, excluyendo con los requisitos legales impuestos a decenas de organizaciones de base”.
La misiva, también apunta que la elección de los magistrados/as a la Corte Suprema de Justicia, es de vital importancia frente al estado de indefensión generalizada que estamos viviendo en el país, por lo que reiteramos nuestra exigencia para que tanto la Junta Nominadora como el Congreso Nacional asuman su responsabilidad histórica y actúan con la debida transparencia y objetividad, sin burlarse nuevamente de las aspiraciones del pueblo hondureño de tener un verdadero acceso a una justicia independiente e imparcial,.
Finalmente señala que “la luz de la experiencia de la crisis en curso en Guatemala ilustra que la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) no es capaz, por sí sola, de generar los cambios políticos estructurales necesarias para la creación de un estado democrático, sin embargo, ha sido una herramienta novedosa que ha permitido desencadenar un proceso más de fortalecimiento del Estado de Derecho en su lucha contra la corrupción, la violencia y la impunidad”.
En tal razón, “creemos que la instalación de una CICIH, con un modelo similar al que se implementa en Guatemala, se puede convertir una herramienta indispensable en el largo camino de construir gobiernos verdaderamente democráticos con la capacidad de velar por los derechos fundamentales de la población”.
