Por: Tomás Andino Mencía
Siendo niño, mis padres me hacían creer que el trencito o el avioncito que aparecía al día siguiente de Navidad, lo había traído San Nicolas en un trineo, metiéndose a media noche por la ventana. Ese tipo de pensamiento es normal cuando se es un infante, pero es inaceptable en una persona adulta, que se supone sabe cómo realmente suceden las cosas.
En Honduras todavía hay muchas personas adultas que, en materia política, no han superado el pensamiento infantil. Creen el cuento de que las leyes surgen por la buena voluntad de los gobernantes y que las instituciones estatales funcionan en beneficio de la población por arte y magia de la buena intención de sus gobiernos. Sin demeritar el papel positivo que algunas personalidades juegan en esos procesos, la verdadera razón de su surgimiento y de que dé buenos resultados, no reside solo en los individuos, sino principalmente en las colectividades. Las leyes, instituciones, planes y presupuestos que de alguna forma contienen beneficios a la población, han surgido gracias a la presión social que demandaron esos cambios; y viceversa, cuando esa presión cesa, esas conquistas que no se defienden, se pierden.
Esto cabe ser aplicado al caso de las actuales reformas en curso en la administración de la justicia en Honduras. Hoy día, todas las miradas y esperanzas se dirigen a dos procesos interrelacionados: la instalación de una Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la probable llegada de la así llamada “CICIH” a Honduras.
Para quienes no lo saben, ambos procesos han surgido históricamente de la presión publica, harta de la corrupción imperante en las esferas gubernamentales. Gracias a múltiples acciones de protesta contra la impunidad que caracteriza el mal llamado sistema de “justicia”, entre las cuales destaco la Huelga de los fiscales en 2008, se llegó a la implementación de la modalidad de audiencias para la elección de las más altas autoridades del sistema judicial, y de ahí a reformas a las leyes que culminaron en las Juntas Nominadoras para la Corte Suprema de Justicia, y Juntas Proponentes para la elección del fiscal general y su adjunto. Sin embargo, los grupos de poder se las ingeniaron, mediante tráfico de influencias de los gobiernos de turno, para corromper esos procesos.
En el caso de la CICIH, su origen deviene de las grandes movilizaciones de las antorchas que desde 2015 la exigieron, lo que obligó al desgobierno de JOH a la instalación de algo similar para calmar la presión social, con el nombre de MACCIH, un organismo “sin dientes” para hacer acusaciones directas, pero que con sus investigaciones al menos jugo un importante papel en desenmascarar la podredumbre existente en la dictadura de JOH. Posteriormente, la MACCIH fue expulsada del país.
Con la derrota electoral del Partido Nacional, la conquista de la Junta Directiva del Congreso Nacional y la extradición de JOH, se ha abierto una ventana democrática en Honduras. No han acabado las estructuras del anterior régimen, y el nuevo gobierno no está exento de caer en conductas similares si pierde la brújula, pero en términos generales se inició el proceso de desmantelar la narcodictadura. Esa ventana hay que aprovecharla.
En el nuevo contexto los procesos de la Junta Nominadora y la CICIH deberían ser parte de ese desmantelamiento del viejo régimen, y es claro que, con el nuevo gobierno, tienen un mejor pronostico, pero su éxito no será automático. Muchos sueñan que una vez instalados, ambos procesos darán resultados por sí mismos, y que la justicia aparecerá como resultado de sus ejecutorias. Sin duda, bien conducidos y apoyados podrían significar pasos importantes hacia el desmantelamiento de la dictadura oligárquica y narcotraficante. Pero que nadie se llame a engaño estos procesos son solo eso: una oportunidad; no son el resultado en sí.
Que la Junta Nominadora y una potencial CICIH den los resultados que el Pueblo espera no depende solo de que tenga una buena ley o de quienes la integremos, sino principalmente, de la acción de ese mismo Pueblo. Los intereses económicos y políticos que se juegan en ambos procesos son gigantescos, demasiado poderosos, como para pensar que simples mortales podremos superarlos armados solo de buenas intenciones. Se requiere de la concientización, la organización, y la propuesta de una poderosa movilización popular que supere la presión de las mafias, de los corruptos de todos los signos políticos, de los burócratas enfermos de poder, de los empresarios sin escrúpulos, quienes no dudaran en poner en marcha todo lo que tienen —y lo que les sobra es dinero—para impedir que el proceso de cambio llegue a buen puerto y que se desmantele la dictadura que tejieron desde el Golpe de Estado de 2009.
El pueblo debe apoderase de estos procesos porque surgieron de sus luchas, si no lo hace, después llorara sus malos resultados. Y el camino es claro: ¿Cómo se logró derrotar electoralmente al Partido Nacional y llevar a Xiomara al Gobierno? ¿Cómo se logró defender la actual Junta Directiva del Congreso Nacional del intento de asalto que pretendía el grupo de Jorge Cálix en alianza con los cachurecos? En ambos casos, lo determinante fue la unidad y la enorme movilización popular de las bases, que impidió el triunfo del fraude y de la “aplanadora” conservadora en el Congreso. De la misma forma, con movilización social, debemos defender que lleguen los mejores ciudadanos y ciudadanos a la Corte Suprema de Justicia.
Quienes por diversas razones logramos estar dentro de esos procesos, en mi caso como miembro suplente de la Junta Nominadora por la sociedad civil, no podremos hacer mucho sin el respaldo de fuera de esta. Por eso, mientras la población siga en lo suyo o se limite solo a aplaudir o condenar, pero no actúa, esta oportunidad se perderá, y será solo dentro de siete años que podría volver a aparecer; quien sabe con qué tipo de gobierno.
La buena noticia es que la Coalición contra la Impunidad (CCI), de la que formo parte, agrupa a las más avanzadas organizaciones no gubernamentales que laboran en el tema de justicia y derechos humanos y se propone incidir en este proceso. En su asamblea del pasado fin de semana, acordó organizar al menos cinco regiones del país, redes sociales de vigilancia y apoyo al proceso de la Junta Nominadora, que pueden ser aprovechados para organizarse y participar activamente desde los intereses del Pueblo. Quien lea estas líneas, búsquelos, este pendiente de las orientaciones que saldrán en su página virtual y agrúpese con la Coalición en su respectiva región, para estar actualizado y para hacer planes de acción en respaldo de los progresos y sobre todo para defenderlo de los ataques o manipulaciones que pretendan las mafias y corruptos.
Si lo prefiere, agrúpese en la organización a la que pertenece, y si no está organizado, júntese con amigos y familiares que también quieran un sistema judicial decente, para estar listas y listos para la acción. Lo que no debe hacer es dejar eso para los “representantes” y sentarse a esperar que la justicia “caiga del cielo”.
Hagámoslo ahora, para que nuestro país tenga al menos un sistema de justicia que no le muerda, como la serpiente a los descalzos.
¿O quiere esperar que “San Nicolás” se lo regale? Si así piensa, espero que haya pasado un Feliz Día del Niño
