Gobierno de Xiomara Castro esquiva adhesión de Acuerdo de Escazú

Bajo el argumento que el gobierno de Xiomara Castro no actuará de forma forzada, el titular de la Serna, Lucky Medina, arguyó que el problema no es la firma sino su implementación

Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- Aunque para algunos funcionarios el cambio de gobierno solventa la problemática socio ambiental que vive la ciudadanía hondureña frente a la industria del extractivismo, para quienes viven la problemática en carne propia, los discursos y las buenas intenciones no bastan.

Este miércoles 7 de septiembre, la Red Hondureña por Escazú, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), junto a la Unión Europea, organizaron el foro internacional “Honduras por Escazú, avanzando por una justicia ambiental”.

Durante el evento la representante de OACNUDH, Isabel Albaladejo, planteó la imposible realidad que viven los defensores de derechos humanos, especialmente quienes defienden tierra, territorio y medio ambiente, remarcando que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para estas personas.

“Se requieren medidas drásticas, urgentes, acertadas y oportunas para revertir esta situación. Una de esas medidas, más no la única porque otras ya se están poniendo en marcha, es precisamente la adhesión al Acuerdo de Escazú”, planteó Albaladejo.

Además, destacó que “las cifras son alarmantes y desgarradoras” y que entre enero y agosto de este año, la oficina que representa registró 72 ataques contra 120 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales el 75% se perpetraron en contra de defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio.

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Albaladejo destacó que quienes “defienden la causa común y la vida en el planeta, paradójicamente son los más afectados sobre todo en los últimos años en el país con la profundización del modelo económico extractivo que, lejos de apuntar al desarrollo del país, ha generado mayores niveles de desigualdad y de pobreza, con un costo en términos de impacto social y medioambiental incalculable”.

Planteó que este es un instrumento jurídico que dota a los estados de instrumentos y herramientas suficientes para proteger derechos humanos de quienes defienden el ambiente, a la vez que aborda los grandes desafíos del cambio climático, que impactan fuertemente a las poblaciones que han sido vulnerabilizadas.

“Nuestra oficina ha podido constatar que en el marco de desarrollo de proyectos extractivos, principalmente en proyectos de minería a cielo abierto o proyectos hidroeléctricos, no solamente no se ha respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada sino que también ha prevalecido la falta de acceso a la información transparente de las comunidades afectadas por los proyectos. Esta falta de acceso a la información ha condicionado la participación efectiva de las comunidades sobre las decisiones relativas a la instalación y puesta en marcha de proyectos extractivos”, recalcó.

La representante de la Red Hondureña por Escazú, Laura Palmesse, destacó que este Acuerdo busca instar a la protección del medio ambiente y garantizar un entorno seguro y propicio para quienes defienden, así como la búsqueda de políticas públicas y marcos normativos adecuados para las necesidades de la población sin menoscabar el derecho a un medio ambiente sano de las presentes y futuras generaciones.

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¿POR QUÉ EL GOBIERNO NO TIENE CLARA SU ADHESIÓN A ESCAZÚ?

Por su parte, el titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna), Lucky Medina, argumentó que el gobierno de Xiomara Castro no se adherirá al Acuerdo de Escazú de manera forzada porque el problema de ese acuerdo no es la adhesión, es la implementación.

Además, mantuvo que la presidenta Xiomara Castro ya ha mostrado liderazgo en torno a los principios que promueve el Acuerdo de Escazú, como transparencia en el acceso de información solicitada, atención amable a quienes visitan y guía para que la problemática ambiental se solvente.

El funcionario declaró que no se puede hablar de justicia climática y justicia ambiental sin mencionar que en el Presupuesto General de la República para el año 2022 se aprobaron 33 millones de dólares, 725 millones de lempiras, para el programa de restauración de cuencas hidrográficas “Padre Andrés Tamayo”.

“Esas zonas de recarga hídrica, esas zonas que le aseguran el agua potable a la gente en las comunidades son prioridades del gobierno por principio de justicia ambiental y por principio de justicia climática, contratar miles de personas en todo el país para reducir la pobreza extrema en el área rural para evitar esa migración forzada para asegurar mejores condiciones de vida, ese paso ya se dio sin necesidad de la firma hasta este momento y no se puede negar tampoco ni se puede esconder ni nosotros lo vamos a callar”, declaró en su discurso.

Medina resaltó que el gobierno de Castro ha brindado acompañamiento a los defensores que por más de una década estuvieron solos “y ahora tienen un gobierno que les acompaña, que les respalda, que les guía, que les escucha, que les abre las puertas, que le hacen nexo con otras instituciones. Hay que aprovechar las condiciones que hay de parte de este nuevo gobierno no solamente para la firma, sino hay que hablar también de qué va a pasar si firmáramos hoy el Acuerdo de Escazú”.

“Son pocos los que hablan de la implementación y aquí todos saben quiénes son y saben quiénes han sido mejor recibidos en las oficinas de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. ¿Saben por qué? Y saben quiénes no han sido del todo recibidos tantas veces en la Secretaría y también saben por qué”, agregó.

Su discurso, más que ir enfocado en el Acuerdo de Escazú, pareció tener un tono revanchista contra quienes continúan reclamando la falta de cumplimiento de promesas realizadas en el plan de gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro. Un ejemplo de esto es la promesa de una Honduras libre de minería a cielo abierto, la cual si bien fue anunciada en los primeros días de gobierno quedó en nada porque los proyectos continúan profanando el cementerio de San Andrés en Azacualpa, La Unión, Copán, y el Parque Nacional “Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras” en Guapinol, Tocoa, Colón.

El discurso de Medina contrasta con la posición del defensor territorial, Víctor Fernández, quien lee una doble actuación gubernamental, ya que en tiempos de campañas prometió defender y proteger el ambiente, pero en la práctica todavía no se ve reflejada esa promesa.

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