Por: Sucely Donis Bran
Investigadora Icefi
Hay tres instituciones clave para proveer bienestar a la población: las familias u hogares, el Estado y el mercado. En el caso que uno de estos agentes no asume su responsabilidad, entran los otros a sustituirlo, y es parte del ciclo fundamental para el sostenimiento de la vida humana. Sin embargo, dentro de esta organización, las interrelaciones son desiguales, unas de ellas, la tradicional división sexual del trabajo, que implica que la mayor parte del trabajo remunerado en el mercado es realizada por hombres, pero es subsidiada por otro trabajo también productivo pero no remunerado que es mayormente hecho por las mujeres. Independientemente de la edad, al interior de los hogares, este reparto desigual es determinante de las brechas entre hombres y mujeres.
¿Cómo es que el Estado entra al circuito de este flujo circular como institución, para mediar y normar las relaciones entre las familias y las empresas (en el mercado), y para asumir, en algunos casos –la mayoría-, la responsabilidad del bienestar de la población, para reducir estas desigualdades sociales, incluidas las de sexo? Es por medio de la entrega de bienes y servicios básicos en cantidades y calidades que promuevan tanto la protección de las personas, como la igualdad, dotando de las bases para que cualquier persona, sin importar su sexo, edad, lugar de nacimiento o recursos familiares, pueda insertarse de manera exitosa en la vida política, social y económica de la sociedad a la que pertenece. Una de las herramientas más importantes del Estado para lograr estos fines es la la Política Fiscal, que permite, no solo promover la igualdad, sino financiar el modelo social al que queremos acceder.
Pasando de lo general a lo específico, y reconociendo, además, que la Política Fiscal no es neutra –aunque algunas veces pareciera que es ciega-, tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres y que, así como sabemos que las necesidades de los hombres y las mujeres son distintas, sus necesidades también cambian de acuerdo algunas características como la edad. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a 2020, 4 de cada 10 centroamericanos y centroamericanas están comprendidas entre las edades de 0 a 19 años.
De este grupo, el 49.0% son mujeres y el 51.0% son hombres, es por ello que el atender sus necesidades debe ir en relación a prever las necesidades propias del rango de edad al que pertenecen, además de tener en cuenta variables como la de educación, salud, seguridad alimentaria, sistemas de cuidados públicos, salud sexual y reproductiva diferenciados, es también necesario romper con algunas normas y reglas sociales, como la división sexual del trabajo dentro de los hogares, que alcanza y resta oportunidades principalmente a las mujeres desde edades muy tempranas.
También es necesario conocer cómo es la existencia de la población. Respecto a las condiciones de vida y pobreza, según la última información disponible de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en Guatemala y Honduras, el porcentaje de niños y niñas que viven en condición de pobreza entre las edades de 0 a 14 años alcanza al 62.1% mientras que en El Salvador alcanza al 43.0%, Nicaragua al 55.2%, Costa Rica al 32.5% y Panamá al 25.8%. Revisando según rangos etarios, esta condición de pobreza baja conforme aumenta la edad. Es decir, evidentemente las niñas, niños y adolescentes son uno de los segmentos de la población centroamericana con mayor vulnerabilidad, pero las evidencias también señalan que son las niñas quienes en mayor porcentaje viven en condición de pobreza.
Otra variable básica dentro del análisis de las desigualdades, es la educación, este lleva un fuerte componente basado en las normas y construcciones sociales; existen evidencias que quienes tienen la responsabilidad de la educación de los miembros del hogar, imponen limitantes para que las niñas estudien y más que todo porque esperan que ellas se unan a una pareja a edades más jóvenes. Por ejemplo, Guatemala, un país caracterizado por una alta desigualdad de género, resulta ser el único de los Estados centroamericanos en donde el alfabetismo juvenil (15-24 años) es mayor en las adolescentes y las jóvenes que en sus contrapartes hombres.
También resulta ser el país con uniones y matrimonios a edades más tempranas en niñas, adolescentes y jóvenes. A nivel regional y, según cifras del Fondo de las Naciones Unidas (Unicef), en promedio casi 3 de cada 10 mujeres contrajeron matrimonio o mantenían una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Esta es también una causa y consecuencia de embarazos tempranos en niñas y adolescentes. Según cifras el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres en la región ronda el 15.4% del total de adolescentes comprendida entre esas edades.
Siempre en el tema de la educación y las normas sociales; numerosas evidencias en los países, aseguran que existe mayor probabilidad que una niña o adolescente deje la escuela por unirse o casarse o por hacer quehaceres del hogar. Mientras que en los niños y los adolescentes lo hacen por emplearse en una actividad remunerada.
Además, existe mayor probabilidad que las niñas y las adolescentes caigan en la categoría «Nini», es decir no estudia ni trabaja. Según el Banco Mundial, en promedio, en la región centroamericana, 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes en edades de entre 15 y 24 no estudian ni trabajan en un empleo remunerado, mientras que la cifra baja a 1 de cada 10 en los adolescentes y los jóvenes de esas edades.
Finalmente, es necesario destacar que el reconocimiento y las luchas por los derechos de las niñas y las adolescentes son importante por cuestión de justicia, aunado al hecho que las desigualdades generan altos costos y no sólo para el bienestar individual, sino también económicos, y pasan facturas a toda la sociedad. Reiterando al respecto el rol de la política fiscal, pues a través de ésta no solo se permite financiar el tipo de Estado que queremos, a través de herramientas como los presupuestos públicos, sino que constituye la base de la materialización de las acciones y políticas públicas que eliminen de raíz con estas desigualdades. De nada sirven las leyes y las políticas públicas si estas continúan definidas en torno a modelos que favorecen esquemas sociales desventajosos para las mujeres en cualquiera de las etapas de su vida.
