Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa. – El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) rechazó las acusaciones vertidas por el equipo de defensa de David Castillo en el juicio Fraude Sobre el Gualcarque, integrado por Juan Sánchez Cantillano y Ritza Yolanda Antúnez.
Mediante un comunicado, el Copinh calificó como infundadas e infames las acusaciones realizadas durante la audiencia del lunes 1 de agosto, en las que la abogada Antúnez señaló al Copinh como responsable de amenazas contra su vida y un ataque físico contra su hija.
En la misma línea, la organización señaló que el abogado Sánchez Cantillano continuó utilizando expresiones estigmatizadoras contra la labor que realiza el Copinh.
El Consejo sostuvo que tanto Sánchez como Antúnez, han mantenido como táctica para opacar y silenciar el desarrollo del juicio el uso de información falsa y la calumnia. Lo que conlleva una doble victimización para quienes buscan justicia por el caso de Berta Cáceres y quienes defienden los derechos del pueblo Lenca.
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“Relacionar a nuestra organización con actos criminales que no han sido suficientemente aclarados por la autoridad pone en riesgo a nuestra organización y sus miembros, quienes tenemos una clara vocación pacífica y en el pasado hemos sido víctimas de intimidaciones y violencia”, planteó el Copinh.
Previamente, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción sancionó a los abogados de David Castillo con una multa de dos salarios mínimos vigentes por no acatar la norma del código de conducta, al mentir en relación con una solicitud de reprogramación de la audiencia de medios de prueba del caso Fraude sobre el Gualcarque, indicó a Criterio.hn el abogado de la Causa Berta Cáceres, Pedro Mejía.
La coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres, desde su perfil en Twitter expuso: “En juicio se probó que el señor David Castillo es el asesino de Berta Cáceres. Copinh y sus comunidades nunca han sido denunciadas por cometer actos semejantes al de su representado. GRAVES acusaciones las del abogado Sánchez, histórico defensor de criminales”.
Zúniga agregó que la organización valorará qué acciones legales tomar “ante graves calumnias e injurias de la defensa del señor Castillo Mejía”.
Posteriormente, la lideresa Lenca publicó: “La búsqueda de justicia para mi madre y compañera, Berta Cáceres, le ha dejado al Estado de Honduras el desafío más importante: la investigación y enjuiciamiento del Consejo Directivo de DESA encabezado por los Atala.
¡No mermará la llama de su memoria y justicia! #FaltanLosAtala”.
Además, reiteraron que el propósito de la organización, como lo estableció el juzgado, es que el juicio tenga la más amplia publicidad y escrutinio público que garanticen la justicia. Sostuvieron que la visibilidad del caso no puede ser una excusa para el secretismo y la opacidad.
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El caso Fraude sobre el Gualcarque involucra la red de corrupción que operó en el otorgamiento ilegal de la concesión del río para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Esta corrupción es considerada el punto de origen que llevó al crimen contra la ambientalista y líder indígena Lenca, Berta Isabel Cáceres Flores en marzo de 2016.
Por este caso son imputados: Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Raúl Pineda Pineda y Roberto David Castillo Mejía. Este último sentenciado a 22 años y seis meses por el asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres.
En su versión original, el caso señaló a 16 funcionarios públicos por delitos cometidos para la imposición del proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque y en favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo principal accionista es Inversiones Jacarandas S.A., ligada a la familia Atala Zablah.
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El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras reclamó a las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Mientras que a los abogados Antúnez y Sánchez Cantillano exigió retractarse de dichas acusaciones o aportar las pruebas que los llevan a formular tan graves acusaciones.
“Las acusaciones infames buscan socavar nuestra posición como víctimas y dilatar la necesaria justicia por la que luchamos en representación del Pueblo Lenca y en defensa de la memoria de Berta Caceres. La exigencia de justicia nunca será herramienta de la violencia ni tampoco una excusa que ponga en riesgo la vida de ninguna persona: es una petición legítima de todos los pueblos. El Copinh no cesará su lucha por la vida, la dignidad y la justicia”, concluyó la organización.
En la audiencia de este miércoles, la organización Lenca compartió que rindió testimonio Roberto Abate Ponce, exempleado de David Castillo contratado por éste para ser motorista de la empresa DIGICOM.
Según el testimonio de Abate Ponce, que fue recogido por el Copinh, Castillo habría utilizado sus datos -sin su consentimiento- para la fundación de la empresa DESA para posteriormente convertirse en el presidente de la misma y como sus principales accionistas a los Atala Zablah.
