Tegucigalpa.- Aunque sus objetivos eran incentivar fuentes de empleo y desarrollo, los privilegios fiscales fueron pervertidos representando un perjuicio al Estado que debe cubrirlos mediante endeudamiento, en tanto, la pobreza alcanzó a más del 74% de la población y los empleos siguen siendo una demanda.
La administración de Xiomara Castro, contempla un proyecto de ley que será remitido al Congreso Nacional con la finalidad de racionalizar y eliminar gradualmente las exoneraciones y exenciones fiscales a empresas y sectores que se aprovecharon de los beneficios sin cumplir la promesa de generar más fuentes de trabajo y desarrollo.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, confirmó que el Gabinete Económico del gobierno trabaja en la creación de propuesta que regulará, reorientará y eliminará varios privilegios fiscales que equivalen a más de 40 mil millones de lempiras siendo alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
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Pino cuestionó que en el país muchos sectores crean empleos, pero no reciben exoneraciones fiscales, contrario a grandes empresas que generan multimillonarias ganancias, pero son exonerados de impuestos. “Es un tema de justicia tributaria, ese es el proceso de revisión”, dijo.
Cristian Duarte, subdirector del Servicio de Administración de Rentas (SAR), confirmó que la orden “es revisar las exoneraciones”, realizar un diagnóstico, racionalizarlas y, en la mayoría de casos, eliminarlas progresivamente ya que “la existencia de los regímenes fiscales hace del sistema tributario hondureño, un sistema ineficiente”.
Por su parte, el ministro de desarrollo económico y también empresario, Pedro Barquero indicó que el gobierno junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica Para América Latica y el Caribe (CEPAL) formarán parte del análisis y revisión de privilegios fiscales que constituyen un perjuicio.
“Las exoneraciones es algo que no se controlaron de manera correcta, no se diseñaron de manera correcta. Lo que estamos haciendo ahorita es un análisis completo de todas las exoneraciones de canasta básica, exoneraciones de iglesias, ONG, al sector privado, las que se dan al sector de energía para poder rediseñar el modelo y tener un modelo que beneficie al pueblo hondureño y no que sea de beneficio para personas particulares o grupos de interés que es lo que ha venido pasando en años anteriores”, dijo.
El tema de eliminar privilegios fiscales resurge luego que el gobierno reveló tres informes del FMI que entregó al régimen criminal de Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, en el que recomiendan extinguir los privilegios fiscales por ser “inequitativos, ineficientes, poco suficientes y un agujero fiscal”.
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Los documentos fueron declarados clasificados mediante la derogada Ley de Clasificación de Documentos Públicos que permitió a la administración de Hernández ocultar información de carácter público.
Barquero señala que la apuesta es “poner orden” y detener los abusos que “van en perjuicio del pueblo hondureño”. El gobierno valora que los privilegios fiscales no están cumpliendo la función de crear empleos, desarrollar la exportación y generar divisas.
Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), arguye que la empresa privada está “dispuesta a revisar el tema de exoneraciones”, pero niega que los más de 40 mil millones que representan se adjudiquen a los empresarios.
“El tema de exoneraciones y exenciones fiscales es un tema que se ha venido tratando desde hace muchos años, tenemos que hacer una diferencia que todas las exoneraciones y exenciones que ha otorgado el gobierno, por todos estos años, no son solo para la empresa privada, de los 42 mil millones que son exonerados, solo el 17% van a la empresa privada”, defendió.
Fortín insiste que los empresarios están dispuestos a revisar junto con el gobierno los privilegios fiscales, pero deja claro que se deben otorgar y proteger ciertos beneficios que incentiven la inversión y generan fuentes de trabajo.
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El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, refirió que las exoneraciones “es algo técnico” aunque siempre se mencione que es político, añade que las evaluaciones de los privilegios fiscales será un reto, pero reconoce que “atraer la inversión no se debe fundamentar en privilegios”.
Zepeda considera que, si bien las exoneraciones son instrumentos de política fiscal, se debe identificar aquellas que profundizan la inequidad tributaria.
Para el rector universitario y expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, “cuando el gobierno quiere amenazar a la empresa privada retoma el asunto de las exoneraciones”, no obstante, insta que se implementen acciones con resultados efectivos y que no solo sea una falsa promesa o medida de intimidación.
Datos de la Secretaría de Finanzas detallan que 77 grandes empresas de 205 registradas, que reportan ganancias mayores a los mil millones, no pagan impuestos, 71 de 188 empresas con ingresos entre 500 millones a mil millones también son exonerados y 1,905 empresas de 34,042 que tienen ganancias de L 1 hasta 500 millones son beneficiados.
