Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- Los doce defensores del agua en la comunidad de Pajuiles en Tela, Atlántida, continúan siendo criminalizados por la Policía Nacional pese a contar con sobreseimiento definitivo por parte de los juzgados, denunció el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Pablo Peraza es uno de estos defensores. A sus 90 años continúa siendo criminalizado por el Estado de Honduras por la defensa del río Mezapa y al acceso del agua potable en el sector de Toloa, Pajuiles.
Los hechos datan de marzo de 2017, cuando Peraza junto a otros once habitantes que defienden el derecho humano de acceso al agua fueron criminalizados por la Policía Nacional por cerrar el paso a la maquinaria de la Empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso (Hidrocep), propiedad del empresario Jason Hawit, y de esta forma evitar la imposición de la hidroeléctrica
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Pese a que los juzgados ya emitieron los sobreseimientos definitivos en favor de los doce protectores del agua en Pajuiles, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se ha negado a limpiar sus antecedentes penales argumentando que estos “no habían sido ingresados al sistema y debían esperar un tiempo más”.
Criterio.hn conversó con el integrante del equipo de comunicación del MADJ, Darwin Alachán, quien contó que por cuatro años el señor Peraza, junto a los otros once defensores, se movilizaron semanalmente al juzgado de Tela a firmar el libro de audiencias.
Luego que entró en vigencia el nuevo Código Penal, el delito de usurpación por detentación de suelo y espacio al derecho de vía pública y calle de uso y dominio público se extinguió y el juzgado otorgó sobreseimiento definitivo a los doce defensores en febrero de 2021. No obstante, la DPI mantiene manchados sus antecedentes.
Además de Peraza, pese al sobreseimiento definitivo la inacción de la DPI también afecta a: María Angélica Recinos Calderón, Oscar René Martínez Bonilla, Arnold Castro Ríos, Santos Acevedo Murcia, Andrés Reyes Alvarado, German Leonel Moreno, Rufuno Lara Lara, Jesús Hernández Gavarrete, Regino Menjívar, José Lucas Mejía Martínez y Manuel Molina Amaya.
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La continua criminalización contra los defensores es un impedimento para que desarrollen con normalidad sus vidas, obstaculizando tramitar licencia de conducir, pasaportes y otro tipo de documentación legal, compartió Alachán.
El integrante del MADJ lamentó que se persista en la criminalización contra los doce defensores, en particular don Pablo, quien “a sus noventa años está criminalizado por una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Lamentablemente así está funcionando la justicia”.
Desde hace cinco años, las comunidades que conforman Pajuiles se mantienen en resistencia permanente contra Hidrocep, la cual dejó una estela de destrucción, división, criminalización y daños ambientales.
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La negligencia por parte de la DPI en limpiar expedientes de personas que fueron sobreseídas por los juzgados no se limita a los defensores de Pajuiles en Tela, Atlántida. También los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, pese a contar con cartas de libertad continúan siendo requeridos ilegalmente por la Policía Nacional.
