“Mi llamado puntual es que vean a los privados de libertad como personas que perdieron un derecho, que es la libertad y que están pagando, pero se les debe respetar sus derechos, por eso se vuelve un problema y muchas veces se convierte en una sentencia de muerte para ellos”,  Migdonia Ayestas.

Tegucigalpa.- Los centros penales de Honduras están en hacinamiento con una sobrepoblación de al menos seis mil personas. La capacidad con que cuentan las cárceles del país, es de 15 mil, sin embargo, actualmente los privados de libertad son alrededor de 21 mil según datos del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT).

La sobrepoblación en las cárceles de Honduras son una bomba de tiempo, según expertos este es uno de los problemas que genera violencia entre las personas privadas de libertad, Honduras tiene un sistema penitenciario en medio de un sistema estructural que deja en evidencia la problemática del país. 

Honduras cuenta con 25 centros penales entre ellos, cárceles denominadas de “máxima seguridad”, “El Pozo”, en Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso”, el centro penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, los centros penitenciarios y granjas penales, además, tres anexos en sedes militares, la mayoría de estos centros penitenciarios tiene falencias y fallas de infraestructura.

La representante del (Cptrt), Alba López, en entrevista con Criterio.hn manifestó que los centros penales tienen un hacinamiento de 70% a nivel nacional y que siempre han estado saturados, reveló que, a los privados de libertad no se les considera el problema de hacinamiento, más bien lo ven como un castigo más que se ha dado en todos los centros penales.

López denunció que el hacinamiento, la tortura, el mal trato a los privados y la mala alimentación son situaciones que generan disgustos en los privados de libertad, “eso hace que se den estos hechos violentos en los centros penales y por eso vemos que se dan reyertas y amotinamientos dentro de las cárceles”.

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La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-Unah), Migdonia Ayestas, en entrevista con Criterio.hn, manifestó que el hacinamiento de las cárceles es una de las preocupaciones que tienen las autoridades de centros penales, el autogobierno sigue ahí, pese a todas las estrategias que se han desarrollado, los controles que se han establecido y los anillos que han puesto.

Ayestas manifestó que la aglomeración de privados en las cárceles sin ser judicializados, se vuelve un problema porque hay una sobrepoblación.

Todo ese hacinamiento en los centros penales lo provoca la mora judicial que produce el Poder Judicial

 “hay centros penales que solo tienen capacidad para 300 personas, pero tienen hasta 800, la estrategia de controlar la violencia y la criminalidad lo único que ha dejado es que las cárceles estén sobrepobladas”.

El hacinamiento genera violencia dentro de los presidios, pero también genera violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad, porque los privados están al resguardo del Estado de Honduras y no se les proveen las condiciones básicas, no tienen un lugar seguro para descansar.

A criterio de López en Honduras no hay una tan sola cárcel que tenga una celda libre o que por lo menos esté con la cantidad de personas para las que tiene capacidad, hay celdas que tienen capacidad para 80 personas, pero en realidad hay 120 privados internos “esto es inhumano”, lamentó López.

Expuso que el hacinamiento en las cárceles ha existido siempre y que continúa igual, asegura que este es un problema de muchos años y que no es fácil de resolver, porque esto significa asignar un presupuesto, tiempo y colocar al personal calificado y preparado para tratar con los privados de libertad.

López afirmó que el tema de privados de libertad son casos especiales, por lo mismo deberían ser tratados por personal preparado para eso específicamente, “los privados ya tienen un problema de hacinamiento y si le agregamos a esto la exclusión que es un problema trascendental que viven ellos la situación empeora”.

En repetidas ocasiones la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, le ha hecho varios llamados a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario para que mejoren las condiciones de vida de los privados en las cárceles.

En entrevista con Criterio.hn, Ordóñez, hizo hincapié que ella como representante de los privados de libertad tiene cerca de dos años de estar haciendo denuncias por los tratos que reciben los privados de libertad, sin embargo, hasta la fecha no han tenido respuesta.

Ordóñez expuso que las personas privadas de libertad se han visto sometidas a maltratos por parte de los militares, espera que con el cambio de autoridades las condiciones para ellos cambien y se les respeten sus derechos humanos.

“Nosotros como organización de sociedad civil estábamos solicitando que la cabeza del INP fuera un especialista en el tema, especialista en criminología y con conocimiento de derechos humanos, sin embargo, la presidenta tomó a bien poner un policía, ojalá las cosas mejoren para nuestros familiares cambien”, concluyó.

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Ayestas considera que la solución a esta problemática tendría que ser la judicialización de cada uno de los casos, deben hacer la sentencia que corresponda a cada privado, deben establecer el perfil de cada privado de libertad, que se les respete los derechos.

El Estado está obligado a proveerlos de salud, alimentación y a cubrir todas las necesidades que ellos puedan tener, “mi llamado puntual es que vean a los privados de libertad como personas que perdieron un derecho, que es la libertad y que están pagando, pero se les debe respetar sus derechos, por eso se vuelve un problema y muchas veces se convierte en una sentencia de muerte para ellos”, advirtió Ayestas.

Por su parte la viceministra de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, manifestó que van a trabajar para que en los centros penitenciarios prevalezca el respeto a los derechos humanos de los privados d libertad, de este modo poder fortalecer la seguridad y el ordenamiento de la población penitenciaria.

Villanueva agregó que de alguna manera planean desmantelar el crimen organizado que ocurre dentro de las cárceles del país y así poder disminuir las muertes violentas, que se dan bajo custodia en diferentes centros penitenciarios.

El director del Instituto Nacional penitenciario, Otoniel Castillo, dijo que como autoridad siempre manejan el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, agregó que tienen proyectos para poder mejorar el sistema de salud que hay actualmente en los centros penitenciarios.

Castillo expuso que quieren llevar herramientas tecnológicas de seguridad para poder controlar de mejor forma cada centro penitenciario.

López manifestó que para que un centro penal esté en las condiciones más humanas posibles para los privados de libertad, deberá tener un aproximado de 15 mil personas y así poder decir que no hay sobre población y reducir el hacinamiento.

“Esperamos que con el actual gobierno se reduzca la mora judicial, que mejoren las condiciones de los privados de libertad, que se les vea como personas humanas, que apliquen la correcta aplicación de la justicia, que los operadores de justicia cumplan su papel y que se investiguen los casos”, concluyó López.