Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- En una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro, la organización Human Rights Watch (HRW) urgió a la nueva administración promulgar reformas que brinden mayor protección a “los derechos básicos y el Estado de derecho después de años de reveses desde el golpe de Estado de 2009”.
La misiva firmada por la directora en funciones para América de HRW, Tamara Taraciuk Broner, es acompañada por un informe de doce páginas en el que se trazan al menos siete áreas a priorizar y brinda recomendaciones sobre cómo abordarlos. Señalando que muchos de estos puntos ya forman parte del plan de gobierno propuesto.
Los temas clave que aborda Human Rights Watch son la independencia judicial y procesal; la lucha contra la corrupción; los derechos de las mujeres y las niñas; los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); el trabajo independiente de la sociedad civil y los periodistas; los derechos a la tierra; y migración y desplazamiento interno
En la carta, la directora Taraciuk apuntó: “Desde el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, Honduras ha experimentado algunos de los retrocesos más graves en materia de derechos humanos y Estado de derecho desde el punto álgido de la violencia política en la década de 1980. La gran participación en las elecciones de 2021 que resultó en su victoria probablemente refleja el cansancio de muchos hondureños con la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades económicas”.
La Presidenta @XiomaraCastroZ generó una gran expectativa de cambio.
Hoy desde @hrw_espanol le enviamos una carta con nuestro último informe, que detalla medidas que debería adoptar para cumplir con sus promesas de derechos humanos.
Léanlo aquí: https://t.co/hze8GCsyO5 pic.twitter.com/NRSwgxEDge
— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) June 30, 2022
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La carta y reporte es producto de la visita realizada a Honduras por Human Rights Watch en enero de 2022. La delegación de la organización se reunió con el canciller Enrique Reina, fiscales, representantes de organismos de las Naciones Unidas (ONU) y diplomáticos. Así como grupos locales e internacionales y representantes de la sociedad civil que, durante los últimos años, han defendido derechos básicos en un entorno cada vez más hostil, apuntó en el mensaje.
LUCHA ANTICORRUPCIÓN E INDEPENDENCIA JUDICIAL Y FISCAL
La organización saludó la decisión de la presidenta Castro de buscar la instalación de una comisión anticorrupción con respaldo internacional. Indicó que esta debería tener un mandato amplio y el apoyo del gobierno para investigar casos individuales, impulsar las reformas necesarias, capacitar a policías y funcionarios judiciales y cooperar con la sociedad civil, dijo Human Rights Watch.
En cuanto a la independencia judicial y fiscal, detallaron que la falta de criterios para seleccionar jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros funcionarios judiciales de alto rango, hace que los nombramientos sean vulnerables a manipulación partidaria. Reprobaron el poder absoluto que se ejerce desde la presidencia de la CSJ sobre la administración de todo el sistema de justicia.
Las recomendaciones con relación a estos puntos incluyen la presentación de un proyecto ley que garantice la independencia judicial, incluida la creación de un sistema justo, transparente e independiente para el nombramiento, traslado, promoción y disciplina de los jueces.
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Human Rights Watch también recomendó cambios en los procedimientos de designación de los jueces de la Corte Suprema, el fiscal general y otros funcionarios de alto rango para garantizar que su selección sea transparente, se base en criterios claros y no tenga interferencias políticas.
DERECHOS DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LGBT
La organización también instó a la presidenta Castro a tomar medidas para proteger a las mujeres contra la violencia de género, incluso mejorando las investigaciones policiales de esos casos, dada la impunidad generalizada actual de tales actos.
Pidieron a la presidenta Castro que instara al Congreso a ratificar y alinear las leyes con el Convenio sobre la violencia y el acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para combatir la violencia de género y el acoso en el trabajo.
Además, solicitaron a la mandataria introducir legislación de despenalice el aborto, derogar la resolución que prohíbe la anticoncepción de emergencia y garantizar que la anticoncepción de emergencia esté disponible y accesible para todas y todos.
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En cuanto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), HRW solicitó se mejore la investigación policial de los casos de violencia motivados por la orientación sexual o identidad de género de una víctima y adoptar un procedimiento para el reconocimiento legal de género para las personas transgénero.
En este punto, también manifiesta que se debería enviar un proyecto de ley al Congreso para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre otras reformas necesarias.
DERECHO A LA TIERRA, PUEBLOS INDÍGENAS Y DEFENSA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En el centro de muchos conflictos de derechos humanos en Honduras está la tierra. Administraciones pasadas concesionaron territorio a empresas por medio de contratos que carecen de transparencia, despertando serios cuestionamientos de corrupción y sin la debida consulta a las comunidades, afirmó HRW
La organización invita a establecer un sistema eficiente para otorgar títulos de propiedad de territorios tradicionales a comunidades indígenas y comunidades de ascendencia africana e indígena mixta, entre ellos la población Garífuna en Honduras, y tratar de resolver los conflictos territoriales en curso.
Subrayando que el nuevo gobierno debe buscar el consentimiento libre, previo e informado de estas comunidades con respecto a las medidas que puedan afectarlas, de conformidad con los estándares internacionales.
En cuanto a la impunidad que rodean las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos y periodistas, Human Rights Watch urgió la renovación del mecanismo de protección y retirar los cargos infundados contra los defensores de los derechos humanos. Los cuales, amplió HRW, son vistos como represalias o actos de intimidación por su trabajo, en particular los que defienden los derechos a la tierra y el medio ambiente.
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En relación a las personas migrantes y desplazadas en Honduras, Human Right Watch apremió a la administración de la presidenta Castro a trabajar con la comunidad internacional y la sociedad civil para proteger a los migrantes en tránsito y desplazados internos, así como para ayudar a reintegrar a los hondureños que son devueltos por otros países.
“Es clave abordar las razones que impulsan a los hondureños a abandonar sus hogares en primer lugar, lo que requiere una acción decisiva contra los gravísimos problemas de derechos humanos”. Entre estos la organización detalló desde la violencia de las pandillas hasta la impunidad y la corrupción.
