Tegucigalpa.- El titular de la Secretaría de Defensa, José Manuel Zelaya, sobrino político de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que la Policía Militar del Orden Público (PMOP), brazo armado que instauró el extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, no será suprimida pese a la promesa de desmilitarizar la sociedad.
Más allá de lo que contempla el Plan de Gobierno de la presidenta Castro, el ministro de defensa manifestó que la PMOP no será extinguida, por el contrario, se reasignarán funciones destinadas a combatir el narcotráfico en la nación centroamericana.
“La Policía Militar no desaparece, sus funciones serán revisadas y serán encaminadas en la lucha contra el narcotráfico… debe estar en la lucha contra el narcotráfico, estamos viendo cómo reasignamos las tareas que les encomendaron en la administración anterior”, declaró Zelaya.
Noticia destacada Instan al gobierno de Xiomara Castro desmilitarizar la sociedad y extinguir fuerzas de seguridad que instauró JOH
Lo anterior contradice la promesa del gobierno, en su plan de gobierno sobre propuestas en materia de seguridad, inciso VI, que apuesta por la desmilitarización de la seguridad ciudadana y la separación de las Fuerzas Armadas en el control de varios sectores sociales.
“Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución. Asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana”, expone el documento.
El abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, reprochó que el gobierno de Castro apueste por la continuidad de un ente armado que creó el régimen de “JOH”, como popularmente se le conoce a Hernández, que cometió violaciones a derechos humanos.
“Xiomara Castro, sabiendo el daño que le han hecho las Fuerzas Armadas, en lugar de eliminar esos grupos militares lo que está haciendo, entre comillas, es perfilar el trabajo de esa policía que ha sido denunciada por violaciones a derechos humanos”, cuestionó.
A juicio de Mejía, “es una ingenuidad” creer que en meses cambiarán el perfil de la fuerza de seguridad híbrida que se creó con el objetivo de “sostener un régimen autoritario”, “lo saben perfectamente y lo quieren justificar”.
Similar criterio tiene el abogado y dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martell, quien recrimina que la Policía Militar fue “la guardia pretoriana de Juan Orlando Hernández”, mediante la cual reprimió a la ciudadanía que protestó exigiendo su salida por sus actos de corrupción y narcotráfico.
“Es ilusorio que la Policía Militar vaya a combatir lo que antes protegía o cambiar su mística de trabajo más allá de las instrucciones que le den las autoridades superiores. Si no quieren desaparecer la Policía Militar, deben realizar otro esquema, pero no caer en el error de darle una responsabilidad tan grande”, increpó.
Para el sacerdote jesuita y director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Ismael Moreno, esta estructura militar fue una propuesta defendida e impulsada por el propio Hernández “en el momento en que su compromiso con el narcotráfico estaba en los niveles más altos por eso la creo para protegerse a sí mismo y proteger los intereses del narcotráfico”.
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El padre Melo, como se le conoce, reprocha que el gobierno de Castro le asigne funciones cuando la única apuesta debe ser su extinción total.
“Lo que hace es de algún modo darle legitimidad a una estructura creada para proteger delitos y no perseguirlos. La Policía Militar tendría que desaparecer, es una de las demandas más importantes en el proceso de desmilitarización, eliminar para siempre la Policía Militar. Querer darle otro tipo de funciones, es prolongar su papel de protección de delincuentes y narcotraficantes”, indicó en entrevista a Criterio.hn.
Reiteró que la demanda de sectores sociales es eliminar la Policía Militar estructura creada para proteger narcotraficantes por lo que considera imperativo reducir al máximo las estructuras militares.
“No necesitamos una instancia que venga a decirnos que está protegiendo el narcotráfico cuando no es cierto”, agregó.
De igual manera, el abogado Raúl Paniagua está en desacuerdo de mantener en operatividad a la fuerza militar por sus atrocidades al mando de JOH cuando la promesa fue su extinción.
“La propuesta de campaña había sido desaparecer esta policía porque es una policía que procedía del narco Estado y una policía que hasta cierto punto está bañada en sangre, mataron gente, violaron derechos humanos, esos antecedentes crearon el rechazo de la población y ahora se expresa que continúe sus actividades, lo más correcto es desaparecerla”, concluyó.
Asimismo, señaló que existe dualidad de funciones por lo que considera debe desaparecer ese presupuesto y enfocarse en prevención de la actividad delictiva, establecer un programa político para el combate y persecución al delito.
MÁS QUE MILITARIAZACIÓN, SE DEBEN CREAR ESTATEGIAS DE INTEGRACIÓN
En entrevista exclusiva a Criterio.hn, la directora adjunta de la sede subregional en México de la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL), María Castro, valora que el narcotráfico es uno de los elementos dominadores comunes y de ventaja entre la región para poder unirse para poder combatir de forma más inteligente no solamente el flagelo del narcotráfico.
“Seamos honestos, todo el mundo va a ir avanzando, en algún momento, en la legalización, ya varios estados de los Estados Unidos han legalizado el uso recreativo y medicinal de la marihuana. Entonces en la medida en que esta idea va avanzando, el narcotráfico como tal, el tráfico de narcóticos, la idea va a ir cambiando, pero como estas fuerzas criminales van más adelante que cualquiera, entonces ya están avanzando en otro tipo de negocios ilegales, como la trata de personas y otro tipo de negocios ilegales”, declaró.
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Agregó que el lavado de dinero “no solamente viene del narcotráfico, se nos olvida también que el lavado de dinero o los flujos ilícitos no solamente vienen del tráfico de drogas, vienen de la corrupción en obra pública, de la corrupción en contratos, de la trata de personas, todos esos son flujos ilícitos. Entonces, claro que afecta (el narcotráfico), afecta muchísimo y lo que creo yo que en ese problema hay una oportunidad en la integración para poder hacer un esfuerzo conjunto de inteligencia financiera para atajar por ese lado, no por el lado de hacerles la guerra”, señaló.
Castro indica que incluso el propio Estados Unidos “tiene muchísimos menos recursos armados que el narcotráfico” por lo que, a estas alturas del partido, “no es ahí por donde se va a reducir el problema”.
LA ESTRATEGIA DE JOH PARA MANTENER SU RÉGIMEN DICTATORIAL
Juan Orlando Hernández, enfrenta un juicio en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusado de los delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Fue extraditado hacia los Estados Unidos, en un viaje sin retorno, dos meses y medio después de haber salido del poder luego que el conservador Partido Nacional perdiera las elecciones de noviembre de manera contundente tras doce años de gobierno revestido de corrupción y narcotráfico.
En su estrategia por instaurar un régimen sólido y bajo su control, siendo presidente del Congreso Nacional y con miras a la presidencia, en 2013, mediante Decreto Legislativo 168-2013, Hernández creó la Policía Militar siendo una fuerza de seguridad conformada por 5,000 militares.
En 2015, se le asignó 735 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad para su funcionamiento creando 12 batallones y dos comandos de brigada, siendo la principal flota armada que JOH utilizó para su proyecto ilegal reeleccionista en 2017.
En el informe de 2016 presentado el 22 de marzo de 2017, meses antes de consumarse la reelección a través de un fraude electoral, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a Hernández desmilitarizar la sociedad.
Sin embargo, en noviembre de 2017 se impuso de manera arbitraria en la presidencia de Honduras, mediante un fraude electoral que desató una crisis política que dejó como resultado al menos 26 civiles asesinados por fuerzas de seguridad del Estado en las que figura la Policía Militar, pero no hubo elementos condenados por los crímenes de lesa humanidad, según informe de Naciones Unidas.
Un comentario
Que tristeza, seguir aguantando a esos ASESINOS … Violadores de la Policía Militar en las calles, que decepción, fue una promesa de campaña, militares a los cuarteles.