Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras aprobó, por mayoría de votos, la ley energética que envió por iniciativa el Poder Ejecutivo con la finalidad de declarar un derecho humano y bien público la energía eléctrica, al tiempo que busca recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de una inminente quiebra y renegociar contratos lesivos con generadores.
Con el voto de 75 de 128 congresistas y en horas de la madrugada de este jueves, el Poder Legislativo aprobó la Ley Especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público, de seguridad nacional y derecho humano de naturaleza económica y social, como el mecanismo que permita al gobierno de Xiomara Castro hacerle frente a la crisis energética en este país centroamericano.
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Solo el 85,13% de la población en Honduras cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica siendo el más bajo de la región centroamericana. De 298 municipios 31 tienen menos del 50% de cobertura eléctrica y más de 300 mil hondureños no tienen acceso a la energía.
La deuda de la estatal eléctrica supera los 75,600 millones de lempiras, lo que representa el 60% de ingresos del Estado en un solo año. Existen 75 contratos de generación de energía que representan un costo de 1,875 millones de lempiras mensuales y, de estos, más de 30 registran ganancias que superan el 30%.
El titular de la Secretaría de Energía y gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, celebró la aprobación de la normativa que declara la energía eléctrica como un bien humano y extingue la ley anterior que, según declaro, tenía “un fin perverso” y su propósito no era más que desmembrar la estatal para consumar su privatización.
“Esta ley revierte que la empresa del pueblo esté en manos de las fuerzas indomables del mercado que ya sabemos quienes controlan esas fuerzas, unas pocas familias, es por eso que decidimos formular una ley que le diera un carácter humano a la ley de la industria eléctrica. “Misteriosamente solo la ENEE está quebrada, es el momento más crítico de la ENEE”, inquietó.
La Comisión de Energía del Congreso Nacional, dirigida por el congresista del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, dictaminó favorable la aprobación de la ley encaminada a dar solución a la problemática energética en Honduras.
A juicio de Víctor Fernández, del Bufete Estudios para la Dignidad y coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la reforma energética aprobada por el Congreso Nacional “es un importante paso para interrumpir la ruta privatizadora del sector y recuperar lo saqueado”.
Fernández asegura que ahora el reto que enfrentará el gobierno de Xiomara Castro será instaurar un verdadero modelo energético que sea para beneficio del pueblo hondureño.
La postura del conservador Partido Nacional, en su mayoría, fue en contra de la normativa, reafirmando que están a favor de la privatización de la ENEE al estar en contra que se devuelvan facultades y atribuciones.
“Nuestra postura es en contra del monopolio, aunque sea estatal, estamos a favor de la competencia, que los usuarios se vean obligados en contratar servicios a quien le ofrezca mejor. Estamos a favor de un libre mercado”, aseveró el diputado del Partido Nacional, Marco Midence.
Misma condición tuvieron los demás diputados nacionalistas, aunque reconocieron que están de acuerdo en la renegociación de contratos con generadores de energía y la revisión del contrato lesivo que ellos mismos aprobaron en el pasado reciente y que dio origen a la Empresa Energía Honduras (EEH) que, en lugar de reducir las pérdidas de la ENEE las aumentó.
Contrario a la postura de la bancada nacionalista, el diputado Rolando Barahona, votó a favor de la ley al considerarla “buena” y en favor de la población, hecho que le costó señalamientos de “traidor” por parte de sus camaradas partidarios.
“Comprendo algunos compañeros de mi bancada que desconocen el tema, sin embargo, es de gran prioridad. Yo se los he dejado saber, como miembro, aunque algunos digan que no los represento, yo soy nacionalista por convicción, pero las cosas tienen que cambiar, yo estoy aquí representando al pueblo. Este es el paso para tener mejores tarifas”, afirmó.
LO CONTEMPLADO EN LA LEY ENERGÉTICA
La normativa energética contiene 21 artículos, los iniciales declaran un derecho humano y bien público la energía eléctrica y obliga al Estado de Honduras proveer del servicio a cada ciudadano.
Los demás artículos en resumen buscan reducir pérdidas de la ENEE, revisar y renegociar contratos energéticos con generadores, inversiones públicas para mejorar la red de distribución, la reestructuración organizativa de la Ley General de la Industria Eléctrica.
Incluye la apuesta por mayor inversión de la ENEE, un plan especial de reducción de pérdidas, refinanciamiento de la deuda de la estatal, cancelación de contratos que no han iniciado con sus operaciones, pero cobran lo pactado al Estado. También se contempla cero fideicomisos, se elimina el Operador de Sistema conocido como ODS, se reforma la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica que ahora será pública y sus autoridades serán nombradas por el presidente de la república por un periodo de cuatro años.
Se crea una comisión de auditoría integral que deberá presentar informes periódicos de las medidas que se toman o se dejan de tomar, la revisión del contrato de EEH, con objetivos fijados en su extinción, debido a incumplir su designio de reducir las pérdidas de la ENEE. Esta empresa de capital honduro-colombiano más bien se convirtió en una carga económica que adecentó las pérdidas en la estatal eléctrica.
Además, se promete la construcción de represas y se elimina la concesión que pretendía devastar 14 cuencas de ríos y comunidades aledañas y se declara a la ENEE como patrimonio para evitar su privatización.
La Comisión de Energía se reunió antes de la aprobación de la ley con entes como: la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), el Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Confederación Panamericana de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica, Industrial y ramas afines (COPIMERA), gremios empresariales, profesionales, sindicales y representantes de los consumidores, quienes en su mayoría respaldan la apuesta del nuevo gobierno por enfrentar la problemática energética.
Previo a las reuniones algunos sectores como el privado y los generadores de energía rechazaron la normativa al argumentaron que su fin era la nacionalización de la energía.
Incluso la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu manifestó su “preocupación” por las repercusiones de la ley frente a la inversión privada.
El mensaje de Dogu, que trascendió a través de sus redes sociales, fue cuestionado por el gobierno de Castro y otros sectores de la sociedad que tildaron la actuación de la diplomática como una injerencia directa en los asuntos internos del Estado, sin embargo, con el paso de las horas los roces fueron superados y la misma embajadora formó parte de las pláticas que conllevaron a la redacción de la nueva ley.
