Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – El problema del agua potable en Honduras persiste y las comunidades más pobres son las que sufren con mayor severidad la desigualdad en su racionalización y su privatización, siendo esta la mayor forma de violentar el derecho fundamental del acceso al agua.
En una manifestación frente a Casa Presidencial integrada por ciudadanos preocupados por la problemática del agua, personal del Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Coalición de Organizaciones Sociales en Defensa del Agua Potable y Saneamiento solicitaban el recibiendo de la presidenta Xiomara Castro.
Aunque el acceso al agua es problema toral para el 19.4 por ciento de la población en Honduras, en la zona rural para el 21 por ciento y el 5.5 por ciento está obligado a acudir a ríos, lagunas y quebradas, la cantidad de personas era poca, pero sus convicciones se escuchaban firmes.
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Mientras el vicepresidente de la Asociación Hondureña del Agua, Víctor Manuel Gonzáles, manifestaba a Criterio.hn que deseaban ser recibidos un momento en Casa Presidencial para abordar el tema del agua, varios carros civiles con militares ingresaban sin problema.
Llevan seis años luchando por la denominada nefasta Ley Marco del Agua que dejó el gobierno despótico de Juan Orlando Hernández, y tienen altas expectativas de cambios significativos con el nuevo gobierno -dijo el directivo.
Con pancartas denunciaban al unísono que “para los funcionarios y el gobierno el agua es una mina de oro, cuyo fin primordialmente es exportarla”, en ese momento, los manifestantes se tomaron ambos carriles del bulevar Juan Pablo II para dejar de ser ignorados.
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SEÑALAN A JORGE ALDANA COMO COFIRMANTE DEL FIDEICOMISO
Los defensores del agua desconocen a Jorge Aldana como alcalde del Distrito Central, puesto que lo señalan como uno de los firmantes del pacto con Banco FICOHSA por el fideicomiso para manejar los fondos del SANAA.
Con esas acciones sostienen que es evidente la privatización del agua y exhortaron a Xiomara Castro para interceder, enviando una propuesta al Congreso Nacional para la pronta derogación de la Ley Marco del Agua, al igual que todo reglamento relacionado al manejo del líquido que beneficie a los empresarios y flagele al pueblo.
“Quisiéramos que la presidenta nos diera al menos una hora, no le vamos a quitar el día entero para ver en qué nos puede ayudar”, dijo el representante de las juntas de agua.
En octubre de 2020, entes de sociedad civil denunciaron los procesos de privatización bajo la inoperancia del Ministerio Público ante las denuncias en contra del abuso del exalcalde y excandidato presidencial nacionalista, Nasry Asfura.
Las ONG que protegen el Parque Nacional La Tigra denunciaron la firma de un contrato para el manejo financiero y contable de los Ingresos de la Tesorería de la Unidad Municipal de Agua Potable, (UMAPS), de 30 años de vigor entre el alcalde Asfura y Banco FICOHSA. Esto permite el control total del grupo financiero sobre el SANAA.
El mecanismo de privatización para el cobro de agua absorbe una cartera estimada en 700 millones de lempiras mensuales, redituando una ganancia de cuatro millones de lempiras al mes, equivalentes al 0.500% de los ingresos que reciba la entidad bancaria, lo que incidirá en la facturación mensual.
La coalición señaló que eligieron y dieron su confianza a Xiomara Castro para darles las soluciones que jamás dio el gobierno pasado, apuntando que el exalcalde Nasry Asfura se limitó a seguir los lineamientos de Juan Orlando Hernández.
Además de otras zonas del país, las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela sufren la escasez del agua, sobre todo, durante las temporadas de calor, sin embargo, las promesas para construir represas para contener o almacenar el agua que se desperdicia durante la temporada lluviosa han quedado nada más en propuestas políticas.
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Al menos cuatro de cada diez habitantes de Tegucigalpa están excluidos del servicio del agua potable, a pesar que Honduras es el país centroamericano con mayor cantidad de agua, cerca de 2 millones de litros por segundo.
“Podemos estar sin luz, sin cable, pero jamás sin agua”, dijo Gonzáles, quien animó al resto de la población a dejar la sumisión porque la privatización del agua es un mal que perjudica a todos cuando se vuelve negocio de los grupos de poder.
Además, el líquido vital es primordial para el saneamiento en la salud y la educación, pero existen centros de atención y de estudio que no cuentan con este servicio.
En el plantón frente a casa de gobierno, también se reunió el Sindicato de Trabajadores del SANAA y Similares (Sitrasanaays). A todo pulmón, una de sus integrantes, Lizeth Núñez, pedía la mediación del gobierno ante la pésima situación laboral.
Los trabajadores exigieron respeto al contrato colectivo y esperan que la Secretaría de Derechos Humanos se haga presente en las instalaciones del SANAA. Además, invitaron al gerente general del ente estatal, Leonel Alejandro Gómez Sánchez, a presenciar la realidad después de 12 años de malos tratos y dejar de enviar memorándums.
La protesta continuó frente a la sede del Poder Ejecutivo. Una de las personas de los barrios más pobres de la ciudad sostenía un letrero que decía: “No lloremos mañana como víctimas de los que no quisimos frenar hoy como ciudadanos”, mientras más adelante, en esa misma calle, la maquinaria de la cuestionada empresa de construcción Santos y Compañía S.A., bajo la dirección ejecutiva de Elvin Santos, uno de los destacados del caso de corrupción, Caso Pandora, trabajaban en obras municipales sin mayor inconveniente.
