Tegucigalpa.- Pese a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedieron la extradición a los Estados Unidos del exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado por delitos de narcotráfico, diversos abogados reprochan que el Ministerio Público no procede con el aseguramiento de bienes permitiéndole a su esposa, Ana García, otorgarlos bajo dación.
Siete días antes de conocerse el fallo de los magistrados, Ana García trasladó a Banco Ficohsa, bajo la figura de pago por dación, varios bienes de “JOH”, como popularmente se le conoce a Hernández, según denuncia realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y comprobada por el equipo de Criterio.hn.
El pasado 17 de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR) instó al Ministerio Público proceder a asegurar los bienes que ostenta Hernández debido al proceso de extradición que enfrenta acusado en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Sin embargo, un día después, la PGR reculó a su postura y dejó sin valor y efecto el comunicado que exhortaba al fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, asegurar e incautar los bienes de “JOH” como popularmente se le conoce, hasta en tanto no se concediera su extradición a los Estados Unidos.
Según las declaraciones del portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, se están realizando las pertinencias del caso conforme a las normativas legales nacionales y los convenios internacionales bajo el mismo procedimiento que han realizado en otros casos.
Sin embargo, para el diputado, presidente de la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional, Ramón Barrios, la fiscalía ha procedido inmediatamente a asegurar bienes de extraditables con solo la solicitud contraria al caso de Hernández.
Además, detalló que durante las reuniones que sostuvieron con el fiscal, se resaltó las preocupaciones sobre el accionar del Ministerio Público exhortándolos a asegurar los bienes de Hernández en función que ya se había declarado su extradición por parte de un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ante el pago por dación que puso en marcha García y que evitará que estos bienes sean consignados como propiedad de JOH, el titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón, manifestó que no se puede pronunciar sobre el proceso de aseguramiento e incautación de bienes ya que se está trabajando en su ejecución y “develar información podría afectar la operatividad”.
A criterio del congresista y exfiscal, Jari Dixon, el Ministerio Público, en este tiempo, ya debería haber procedido con el aseguramiento de los bienes de JOH y de no hacerlo serían sindicados como “sus complices”.
“Ya debería estar el Ministerio Público asegurando bienes en los cuatro puntos cardinales del país, no hacerlo se convierten en cómplices en todas las actividades ilícitas de Juan Hernández”, sostuvo.
Misma valoración tiene la exdiputada Karla Medál, quien cuestiona que el Ministerio Público y la PGR deberían empezar de oficio los procesos para incautar los bienes que adquirió Hernández producto de las actividades criminales relacionadas con el narcotráfico.
Jorge Gonzáles, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Gonzáles, aseguró que como ente se está a la espera de recibir la orden correspondiente al aseguramiento de los bienes.
“Por el momento no hemos recibido ninguna orden, estamos esperándola. Nosotros estamos preparados para eso. Constantemente estamos en esa actividad, solo estamos esperando que nos giren la orden con respecto al expresidente”, expresó en una radio nacional.
El abogado penalista, Raúl Paniagua, detalló que para llegar a un aseguramiento de bienes debe ser el Ministerio Público quien presente una solicitud de privación de dominio, no obstante, cuestiona que el ente ha respondido a intereses de Hernández.
“En este momento el Ministerio Público no ha hecho ninguna acción, está a deber al pueblo hondureño; por eso, hasta el día de hoy, el señor Juan Orlando Hernández no tiene ni una acusación penal en órganos jurisdiccionales ni hay una solicitud de privación de dominio”, reprochó.
“la ineptitud del fiscal le va a traer problemas judiciales una vez esté fuera del cargo, así como cualquier funcionario que puso la institucionalidad a favor de Juan Orlando Hernández, lo cual ha provocado enormes daños al pueblo y la institucionalidad hondureña”, concluyó.
