Ironías en el auge y caída de JOH

Reflexiones sobre la pandemia (77)

Por: Rodil Rivera Rodil

 La vida, solemos decir, está llena de ironía. Con lo que queremos significar que con mucha frecuencia hay más ironía en los actos y hechos que marcan nuestra existencia que la que empleamos en el lenguaje corriente. Algunas veces -sostiene un autor-  “se denomina ironía la incongruencia entre una intención y un resultado, o el desencaje entre un efecto y aquello que racional o moralmente cabía esperar. El primer tipo de ironía lo recoge la retórica, el segundo la tragedia”. No hay duda de que este último sería el caso del expresidente Juan Orlando Hernández con la extradición que él mismo aprobó sin pensar en que al hacerlo rubricaba la propia suya.

Las altaneras expresiones que volvió lemas de su gobierno y que no se cansó de repetir hasta su dramático fin: “nadie está por encima de la ley” y “caiga quien caiga”, constituyen, en sí mismas, una monumental ironía, digna de una tragedia de Shakespeare. Y los desesperados esfuerzos que llevó a cabo para evitar la extradición evidencian que nunca imaginó que él también pudiera pasar por esa traumática experiencia.

Menos esperó que la compasión y lástima que quiso inspirar en los “incondicionales” magistrados correligionarios suyos que nombró en la Corte Suprema de Justicia no servirían de nada y que, a la hora de la verdad, lo abandonarían a su suerte. Y es que la lealtad y la solidaridad pocas veces afloran cuando la causa no es justa. Él mismo no mostró ninguna a la esposa de su otrora mejor amigo y mentor a quien ordenó que se la condenara a casi 60 años de prisión, lo que equivalía, como lo ha calificado el propio JOH en la carta que acaba de hacer pública, a “convertirla en una muerta en vida”. Y no deja de ser otra gran ironía que Rosa Elena Bonilla esté demostrando mucha más entereza moral que él para enfrentar la adversidad.  

La abogada Ana García de Hernández declaró en una entrevista que concedió al medio digital BBC Mundo que a JOH no se lo podía extraditar porque el artículo 8 del tratado de extradición con los Estados Unidos de 1909 no contempla la de los hondureños, lo cual es cierto, pero la señora Hernández obvió aclarar que en el año 2012 el congreso nacional, presidido precisamente por su marido, reformó la constitución para que dicho convenio también comprendiera a los nacionales. 

Pero la mayor ironía no está tanto en que JOH haya firmado el decreto que modificó el artículo 102 constitucional para incluir a los hondureños en los tratados de extradición de 1909 y 1927, sino en que más tarde, cuando comenzó a ser mencionado en la fiscalía de Nueva York como narcotraficante, se le haya ocurrido atribuirse falsamente el dudoso mérito de haber sido él quien impulsó la reforma.

Y digo falsamente porque la verdad es todo lo opuesto, como enseguida lo explico. A finales del año 2011, el gobierno del presidente Porfirio Lobo, y Juan Orlando en particular, se resistían a las fuertes presiones de Norteamérica para autorizar la extradición de hondureños, por lo que esta perdió la paciencia y el jueves 19 de enero del 2012 ordenó al mandatario que ese mismo día viajara a Estados Unidos con Juan Orlando y Arturo Corrales, en donde, según trascendió, se les conminó a que tan pronto regresaran al país procedieran a introducir en el congreso la enmienda constitucional correspondiente.

Fue así que, al día siguiente de haber retornado los viajeros, el diario El Heraldo informó lo siguiente: “La reforma constitucional fue aprobada con el apoyo de los representantes de las cinco bancadas de los partidos políticos, dice un informe de prensa emitido por autoridades del Poder Legislativo entregado a la prensa, que no tuvo acceso a la sesión la noche del miércoles”.

Adviértase que apenas una semana después, el 27 de enero de ese año 2012, el decreto pudo haber sido ratificado por la siguiente legislatura que se iniciaba ese día. Pero, una vez más, Juan Orlando se empeñó en darle largas, por lo que, a principios de abril, tal como después se supo, los norteamericanos entraron en cólera y mandaron que sin dilación se llevara a cabo la ratificación y publicación del decreto pertinente.

Y otra vez, las sumisas bancadas de los cinco partidos que en ese entonces estaban representados en el congreso nacional, ni cortas ni perezosas, corrieron a cumplir con las perentorias instrucciones del imperio. He aquí la noticia aparecida en la edición del Heraldo del viernes 7 de abril del 2012: 

“El decreto legislativo 02-2012, que contiene la ratificación de la reforma del artículo 102 de la Constitución de la República de Honduras que permite la extradición de hondureños por altos delitos, fue publicado este jueves en el diario oficial La Gaceta. Dicho decreto fue publicado a la velocidad del rayo, ya que el mismo fue aprobado el miércoles a las 7:00 de la noche y de inmediato turnado al diario oficial para su correspondiente publicación”.

Esto fue, pues, lo que realmente aconteció. Pero, entonces, cabe preguntarse: ¿por qué Juan Orlando inventó que él era el autor de la idea de la extradición de hondureños? Una hipótesis es que, contrario a la astucia que se le atribuye, haya pensado que podía engañar a los jueces de Nueva York con la deleznable lógica de que, habiendo sido él quien concibió la extradición, las denuncias en su contra de los narcotraficantes afectados quedarían automáticamente sin asidero y, como consecuencia, su inocencia probada de manera fehaciente.

Y la otra, la más probable, diría yo, en la que, asimismo, existe una suprema ironía que va con la personalidad mesiánica que exhibió desde la toma de posesión de su primer mandato -cuando expresó que gobernaría solo con el auxilio de Dios y de nadie más-   es que le haya pasado igual que al ministro de propaganda de los nazis, Joseph Goebbels, de quien se dice que terminó creyendo sus propias mentiras.

Ahora que el nacionalismo se aboca a la mayor crisis de su historia, tendrá que ahondar en las razones del vertiginoso ascenso de JOH al control absoluto del partido y del país. Porque la explicación no solo se encuentra en las millonarias sumas provenientes del narcotráfico y de las arcas nacionales que utilizó para sobornar a los líderes y diputados de su propio partido y a medio mundo más durante su carrera política.

También se halla en la gran debilidad de las estructuras partidarias y gubernamentales que dejó el golpe de Estado del 2009; en la pobre calidad moral de los dirigentes políticos, empresariales y de la sociedad civil de estos últimos años; en el repudiable respaldo que le dieron Trump y Netanyahu desde el extranjero y una abyecta cúpula militar desde adentro, y por último, pero no menos importante, en la deriva ideológica hacia la extrema derecha neoliberal que trajo consigo el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y que fatalmente condujo al Partido Nacional a la máxima corrupción y a la vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado.

Pero extraer lecciones del negro capítulo de los pasados doce años no es tarea solo de los nacionalistas, lo es de todos nosotros, sin perjuicio, desde luego, que lo ocurrido con JOH no será jamás pasado por alto por los futuros presidentes de Honduras. Pero ¿Qué debemos hacer para asegurarnos que no vuelva a imponerse a la nación un régimen tan obscenamente antidemocrático y corrupto como el suyo?

Sinceramente, no lo sé. Tal vez, y solo tal vez, podamos construir la solución con una nueva y distinta reorganización de la sociedad hondureña. Como, para el caso, la refundación del Estado que ha planteado Libre, y que, de nuevo, tal vez, lo dejen emprender los Estados Unidos en un próximo futuro.

Tegucigalpa, 29 de marzo de 2022,