Denuncias de irregular manejo de fondos pone en entredicho transparencia de C-Libre

Por: Marcia Perdomo

Tegucigalpa. C-Libre sin libertad, sin transparencia y sin respuestas. El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) enfrenta señalamientos por parte de sus exempleados en lo que respecta a temas de devolución parcial de honorarios a la institución, salarios adeudados y auditorías inconclusas, entre otros. ¿Su respuesta? No dar entrevistas por «orden de la Junta Directiva».

Al indagar sobre lo que está ocurriendo a lo interno de esta oenegé, Criterio.hn se encontró con denuncias de exempleados que aseveran que la dirección y la administración los hicieron firmar contratos por honorarios profesionales por determinadas sumas de dinero las que posteriormente eran diezmadas por devoluciones proporcionales, que entregaban en efectivo sin respaldo alguno. La devolución se pedía, según los denunciantes, para el fortalecimiento institucional, pero tampoco se les rindió cuentas.

Otra de las denuncias registradas es el atraso en el pago de salarios desde mayo de 2021, para cierto personal, debido a que uno de los cooperantes ha suspendido los desembolsos de fondos en virtud que no se ha entregado una auditoría solicitada por el mismo cooperante.

Criterio.hn contactó a tres miembros de la junta directiva y su directora ejecutiva: Saúl Bueso, presidente; Claudia Mendoza, vicepresidenta; Eleana Borjas, secretaria; y Amada Ponce, directora ejecutiva. De estas cuatro personas, solamente Saúl Bueso concedió entrevista y algunas de sus respuestas dejan serias interrogantes sobre los manejos al interior de la organización.

Fundado en junio del 2001, el Comité por la Libre Expresión nació con el propósito de «promover y defender la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información en Honduras», en respuesta a «políticas y mecanismos atentatorios contra el ejercicio profesional de los periodistas y violatorios a los preceptos constitucionales que garantizan la libre emisión del pensamiento», según señalan en su sitio web.

Sin embargo, la finalidad parece haber cambiado sin avisarle al personal que labora, como lo denota una queja de Miriam Elvir, excoordinadora del área de comunicación, quien cansada de denunciar durante meses desde el interior de C-Libre, recurrió en diciembre de 2021 a su perfil personal en Facebook para manifestar la situación que atravesaron ella y otros compañeros en el seno de la organización.

Cuando Criterio.hn entrevistó al presidente de la junta directiva, Saúl Bueso, sobre la denuncia de Elvir este lamentó que estas situaciones se ventilaran en redes sociales afirmando que «cuando uno tiene este tipo de información pues lo correcto es no pasarlo en redes sociales, sino que informar a quien corresponde en este caso la junta directiva».

Esta afirmación, fue realizada pese a que los denunciantes habían informado lo que ocurría desde abril del año pasado, según consta en documentación proporcionada por las afectadas y afectados y que además tiene la firma del presidente de la junta directiva como recibido el 22 de abril de 2021. Dicho sea de paso, en ese momento todavía no se presentaba el problema del no cumplimiento de sus sueldos, pero el resto de los problemas ya eran de conocimiento al interior de la organización. (Descargar aquí el documento)

Decimos denunciantes, porque Criterio.hn recogió los testimonios de cuatro exempleados a quienes hasta diciembre de 2021 no se les habían pagado sus salarios desde mayo de 2021, y cuatro de ellos reportaron haber sido obligados a devolver parte de su pago mensual como parte de una política de «fortalecimiento institucional».

SALARIOS NO PAGADOS DESDE MAYO 2021

La excoordinadora del área de comunicación de C-Libre, Miriam Elvir, contó que desde el mes de mayo solo recibió el 40 por ciento de su salario y señaló que la responsabilidad de esto recae sobre una mala administración, como asegura lo hizo saber el donante involucrado, que reveló que no se había realizado el desembolso a causa de una auditoría de 2020, que debió ser entregada en marzo de 2021 y que hasta diciembre de ese mismo año seguía sin ser finalizada.

Esta acusación es respaldada por el periodista Cesario Padilla, quien hasta septiembre de 2021 laboró como encargado de las alertas emitidas por C-Libre, el manejo de redes sociales y apoyo en comunicación institucional. Padilla renunció a su cargo, en el que tenía permanencia laboral desde 2017, y dice que no se le pagaron los salarios adeudados -que ascienden a más de 50 mil lempiras-, ni los derechos laborales adquiridos.

«El que no se me pagase mi salario suma al tema que no tengo una comunicación ni durante mi estancia en la organización, y una vez saliendo de la organización no hubo un canal en el que se me dijera: mire está pasando esta situación», declaró Padilla a Criterio.hn; quien además lamentó que esto ocurriese en una organización a la que él miró como un ejemplo en sus años universitarios y la cual fue fundada por muchos de sus catedráticos.

Otra periodista, a quien también se le adeuda salario, es a Thirzia Galeas, quien abandonó el país y solicitó asilo político en Estados Unidos tras ser amenazada al interior de las instalaciones de C-Libre, durante un evento cerrado, y dársele seguimiento en vehículo mientras entregaba ayudas a periodistas en la zona norte tras el paso de la tormenta Eta, en noviembre de 2020. Thirzia no tendría contacto con la dirección o junta directiva hasta pasados cinco meses desde su salida del país y detención en un centro  para migrantes en Estados Unidos.

Galeas salió del país en mayo, sin que se le pagara el sueldo de ese mes. En la última reunión que tuvo virtualmente con miembros de la junta directiva de C-Libre, le indicaron que le pagarían; sin embargo, al llegar su familiar a recoger lo adeudado, dice que le notificaron que debía regresar otro día y hasta finales de diciembre no había recibido notificación alguna.

Sobre el tema de salarios adeudados, Bueso afirmó que Miriam Elvir ya había interpuesto una demanda laboral contra la organización en la Secretaría de Trabajo y que «allí se determinó claramente que no había de parte de C-Libre negligencia alguna en el sentido de no quererle pagar o malicia en no quererle pagar». Además, señaló que se demostró con números y cuentas bancarias que no hay fondos porque no hay desembolsos pero que no se trata de que «no la hayamos querido pagar».

LA AUDITORÍA QUE NO FINALIZA

Una cuarta empleada, quién prefirió que su nombre no fuese publicado por temor a represalias, y a quien también se le adeuda parte de su salario desde mayo, contó que la justificación -tras meses de silencio- que finalmente se les dio, fue que el retraso era provocado por la firma auditora que no finalizaba el informe que debió ser entregado en marzo al cooperante.

Esta misma fuente contó, que a la vez los auditores señalan que no hay informe porque la administración y dirección de C-Libre no entregan toda la información requerida. Sumado a esto la exempleada narró que no es una auditoría la que está atrasada sino dos, ambos escrutinios -realizados por firmas auditoras distintas- abarcarían el mismo rango de tiempo sin que a la fecha haya resultado alguno.

Al momento de la entrevista con el presidente de la junta directiva de C-Libre, Saúl Bueso, este dijo que en efecto ocurrió un atraso en la entrega de un informe, lo que a la vez afectó el desembolso del dinero por parte del donante para realizar los pagos requeridos a los empleados. Debido al atraso la junta directiva tuvo que intervenir para exigir que la compañía entregue el informe y así el cooperante entregue el dinero y se le pague a quienes se les debe, contó.

Bueso afirmó que la junta directiva se reunió con el equipo técnico de C-Libre para que explicase lo que estaba ocurriendo y según lo que se les informó y mostró es que no entendían el atraso porque tenían copia del cruce de correos que se había realizado con el auditor, en el que se le entregaba todo lo que solicitaba.

También refirió que la junta directiva participó en una reunión virtual con el auditor para que explicara el porqué del atraso. Sin embargo, este se peleó y trató mal a la vicepresidente de la junta directiva, Claudia Mendoza, y a la secretaria, Eleana Borjas, «cuando nosotros no tenemos nada que ver en la entrega de papeles». Para conocer los hechos, Criterio.hn contactó tanto a Mendoza como a Borjas, pero ambas optaron por no dar entrevistas.

Bueso afirmó que la junta directiva no mete mano en nada, más que observar y vigilar, «porque tenemos un fiscal y todo, pero nosotros desconocemos, incluso los términos contables, desconocíamos cómo internamente se le paga a la gente. Conocemos quién trabaja, quién hace los proyectos y en qué momento se van realizando cada una de las acciones».

Pese a toda la controversia relacionada a los nueve meses de retrasos de la auditoría, Bueso sostiene que cualquier acto de corrupción ellos como junta directiva serán los primeros en señalarlo y exigir la persecución de este.

Aclaró que se debe respetar la presunción de inocencia y que hasta el momento «él [auditor] tampoco nos ha confirmado un acto de corrupción. Él lo que ha dicho es que ahí no están al día con los informes [administración], que no le entregan tal información, y nada más eso. Así que nosotros estamos esperando».

DEVOLUCIÓN PARCIAL DE SALARIOS PARA «FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL»

Sin embargo, los señalamientos de los exempleados de C-Libre no se circunscriben únicamente a pagos incompletos de salarios desde hace ocho meses. A esto se suma una práctica de exigencia de devolución parcial de salarios devengados por el empleado para el supuesto «fortalecimiento institucional» de C-Libre.

La periodista Miriam Elvir fue la primera en señalar la devolución del dinero, en algunos casos, sin que al empleado se le entregara un recibo a cambio del retorno parcial del sueldo. Criterio.hn conoció otro caso, en que la persona afectada asegura haber sido llevada ante la junta directiva por la administradora, Patricia Soriano, por negarse a entregar parte del dinero que según contratos le correspondían como salario, llegando incluso a ser señalada de querer «robarse el dinero» por el departamento de administración.

Finalmente, cuenta que fue obligada por la junta directiva a devolver cinco mil lempiras mensuales por doce meses para un total de 60 mil lempiras. En su caso, dice que nunca recibió un documento oficial que respalde el capital que estaba devolviendo. Lo único que tiene como comprobante de que realizó parte de esos «reembolsos» es una hoja de papel rayado, obtenida de un cuaderno de espiral con el logo de C-Libre, que especifica en letra molde tres devoluciones realizadas. En la parte inferior constan las firmas y nombres tanto de ella como de la administradora Patricia Soriano. (Descargue aquí el documento)

La entrevistada especificó que estas deducciones continuaron y fueron reforzadas aun cuando no estaba recibiendo ni siquiera la totalidad del salario acordado por la junta directiva desde mayo y conociendo su situación familiar y de salud.

Durante su conversación con Criterio.hn, la exempleada refiere que durante la reunión a la que fue llevada con la junta directiva para obligarla a devolver parte del salario se encontraban por parte de la junta directiva, además de Bueso, Claudia Mendoza y Eleana Borjas, así como Amada Ponce como directora ejecutiva y Patricia Soriano, como administradora. Este extremo no pudo ser confirmado o desmentido porque las partes optaron por no dar entrevistas.

Thirzia Galeas cuenta que en diciembre de 2020 ella devolvió un aproximado de 100 mil lempiras y en los primeros meses de 2021 hizo de conocimiento sobre la situación a la junta directiva y pidió se hiciera público en qué se estaba invirtiendo el dinero devuelto.

Durante esa reunión con la junta directiva, Galeas identifica la presencia de Saúl Bueso, Claudia Mendoza, Eleana Borjas y una cuarta persona a quien dice no conocer su nombre, solamente que radica en San Pedro Sula. Es por estas repetidas menciones que Criterio.hn intentó entrevistar a Mendoza, Borjas y la directora ejecutiva, Amada Ponce, y así conocer sus versiones de los hechos, pero la orden de no dar entrevistas impidió conocer sus versiones de los sucesos.

Thirzia trabajó para la organización bajo contrato desde 2010. Al momento de su salida de C-Libre ganaba 14 mil Lempiras, ni siquiera el salario mínimo del periodista que en 2020 rondaba los 18,421.29. «A mí no se me pagó ningún beneficio laboral y también nunca se me pagó el sueldo mínimo del periodista. En raras ocasiones se daba ese sueldo, pero rarísimas ocasiones», contó durante su entrevista.

Cesario Padilla cuenta que en su caso también experimentó la devolución de parte de su salario y que eventualmente fue práctica que cortó y afirmó que pidió se realizara una revisión porque no estaba dispuesto a continuar, que se le diera su salario tal cual sin ningún tipo de devolución.

«Muchos compañeros y compañeras, allí en la organización no consideramos que esa práctica sea correcta y que en todo caso debe de aclararse, digamos que si se devuelve una cantidad de dinero, por ejemplo, para suplir el salario de otro compañero o compañera que quede estipulado por escrito y que esa persona sepa hacia qué se destina ese salario», declaró Padilla.

Otra práctica a la que se recurrió para «solventar» el problema de salarios atrasados fue el ofrecimiento y la extensión de préstamos a los empleados a quienes se les adeuda dinero. Estos préstamos eran emitidos por la misma organización mientras se resolvía la problemática del pago de salarios, sin embargo, en el caso de Cesario Padilla al mismo tiempo se le restaron cinco mil lempiras por devolución dirigida al supuesto «fortalecimiento institucional». (Descargue aquí documento)

Una oferta similar fue realizada a Miriam Elvir. En un cruce de correos con la directora Amada Ponce, donde esta deja entrever un ofrecimiento de un préstamo interno de 20 mil lempiras, en un momento en el que a Elvir ya se le adeudaban 80 mil lempiras, así como también prácticas poco transparentes, entre ellas cobro de consultorías para luego devolver el dinero a la organización.

Sobre la devolución de parte de los salarios de los empleados de C-Libre, el presidente de la junta directiva negó tener conocimiento alguno e incluso intentó desviar la respuesta a la pregunta a una denuncia anterior realizada por un exempleado contra el exdirector de C-Libre en ese entonces, Héctor Longino Becerra Lanza.

Sin embargo, ante la insistencia de que se trataba de casos actuales, declaró a Criterio.hn que llamaría «ahora mismo a la junta directiva como presidente y decirles: señores, aquí algo está pasando y hay que meterle mano y aclarémoslo, verdad».

La documentación que los denunciantes presentaron a Criterio.hn y que cuenta con la firma de Bueso como documento recibido -en la segunda página, tercer subtítulo relacionado a Transparencia, segundo párrafo- los todavía empleados del área de comunicación manifestaron estar enfrentando prácticas anti transparentes en las cuales se les exigen devoluciones de salarios cobrados, pero «en las cuales al solicitar comprobante de devolución de efectivo, en más de una ocasión se nos niega el derecho a recibirlo y que en la mayoría de los casos superan los 100 mil lempiras».

Posteriormente, Criterio.hn tuvo acceso a cruces de correos en los que se establece claramente devoluciones que están haciendo empleados a la organización y en los que están copiados no solamente el correo institucional de la junta directiva sino además cuentas personales de miembros de la misma como Saúl Bueso, Claudia Mendoza y Eleana Borjas. (Descargue aquí documento)

Esto pese a la insistente negativa y posterior tangente histórica que tomó Bueso, con relación a que se trataba de una denuncia vieja a la que hacía referencia la excoordinadora del área de comunicación de C-Libre.

EL SILENCIO Y LA TRANSPARENCIA NO VAN DE LA MANO

La nota inicial que reportaba la denuncia publicada en redes sociales consistía únicamente en entrevistas a Miriam Elvir, excoordinadora del área de comunicación de C-Libre y Saúl Bueso, presidente de la Junta Directiva. Sin embargo, debido a inconsistencias en los argumentos de Bueso se decidió ampliar el número de entrevistas, tanto de denunciantes como de integrantes de la junta directiva de C-Libre, estos últimos quienes habrían supuestamente presenciado algunos de los hechos denunciados.

La respuesta que se recibió por parte de la directora ejecutiva, Amada Ponce; la vicepresidenta, Claudia Mendoza; y la secretaria Eleana Borjas, quienes son mencionadas en al menos dos testimonios, fue que no se darían entrevistas al respecto, dejando a un lado cualquier posibilidad de conocer la versión de los hechos por parte de los integrantes de la junta directiva de C-Libre y su directora ejecutiva.

Un ejemplo de la ambivalencia de los argumentos de Bueso, que se reflejó a lo largo de la entrevista fue que al inicio de esta declaró que «la Junta Directiva está de cerca del trabajo que hace la administración», pero al finalizar dice: «que quede claro que nosotros no somos administradores de la institución. Somos nada más miembros de junta directiva y lo que hacemos es hacer que la institución camine haciendo el trabajo que tiene que hacer que es defensa de derechos humanos».

Ante la negativa de dar entrevistas por parte de otras integrantes de la junta directiva y la propia directora ejecutiva es difícil ahondar en otras denuncias que incluyen totalitarismo al interior de la organización, abusos administrativos, y la no renovación de contrato de quienes denunciaron en abril irregularidades que incluyen brechas de seguridad. Al final del día, no se puede reparar una injusticia callando una verdad y no se puede conocer la verdad sin transparencia.