Tegucigalpa.- Exigencia en el pago de prestaciones laborales por parte de los secretarios de Estado del gobierno saliente de Juan Orlando Hernández no es más que un nuevo abuso e ilegalidad debido a que la propia ley no los considera sujetos obligados al ser personal de confianza.
Un nuevo acto de corrupción estaría siendo ejecutado por parte de la administración del mandatario hondureño que cesa en el cargo el próximo 27 de enero cuando asuma la presidenta electa Xiomara Castro, del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).
En las últimas horas se hizo público que todos los secretarios de Estado y miembros del gabinete de gobiernos fueron cancelados de sus cargos el pasado 28 de diciembre por parte del secretario privado y jefe del gabinete presidencial, Ricardo Cardona, efectivo a partir del 27 de enero.
Sin embargo, en el mismo acuerdo de cancelación se solicita se le paguen “los derechos adquiridos por ley”, es decir, las prestaciones laborales a los que están sujetos los empleados públicos o privados.
“Todo funcionario público está regido por la Ley del Servicio Civil y el Código del Trabajo regido por otra normativa; a todo empleado le asiste el derecho adquirido en el marco de la ley”, manifestó Cardona.
No obstante, el secretario privado de la presidencia no detalló cuáles son los derechos a los que se refiere que tiene cada secretario de Estado solo se limitó a decir que “los derechos que tiene cada secretaría”.
CONTRARIEDADES CON LA LEY
La Ley de Servicio Civil en su artículo 3 indica que las disposiciones de la normativa no son aplicables a todos los secretarios de Estado, subsecretarios y sus empleados de confianza, tampoco a los directores generales, personal de la secretaría general de la presidencia.
En pocas palabras, los altos funcionarios de gobierno no están sujetos a la legislación de servicio civil mucho menos al pago de prestaciones laborales establecidos en el Código de Trabajo por su rango dentro del gobierno.
Inclusive la Ley General de la Administración Pública, en su articulado 35, detalla que los secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y administradores generales serán libremente nombrados y removidos por el presidente de la república en cualquier momento.
Por lo que se vuelve una ilegalidad exigir el pago de prestaciones laborales cuando la ley no lo regula.
“Por naturaleza del cargo de un ministro no es posible que luego de ser apartados del cargo se les tenga que pagar prestaciones o derechos adquiridos como menciona Lisandro Rosales. Si hay algo que adquieran en todo fue el repudio del pueblo”, recriminó el abogado Fausto Cálix.
Cabe señalar que el acuerdo de cancelación que se hizo público fue el de Lisandro Rosales, quien tiene doble función en la administración pública reflejando así la concentración de poder ya que funge como secretario de Relaciones Exteriores y director del Sistema de Emergencia 911.
DECLARACIONES DESVERGONZADAS
En respuesta a las críticas para que se le otorguen derechos adquiridos y el rechazo de la población, Rosales manifestó que tiene el derecho como funcionario público contrario a lo establecido en estamentos legales.
“No sé por qué están haciendo un gran rollo del asunto pero yo creo que en cualquier empresa si despiden a alguien le pagan sus derechos laborales”, justificó.
Sin embargo, el propio Rosales aseguró desconocer lo que establece el Código del Trabajo y la Ley de Servicio Civil pero la exigencia del secretario de Estado se centra en el pago derechos adquiridos dentro de la institución.
Según el analista político y social, Víctor Meza, la nota que acredita la cancelación del Canciller de la República se utiliza en todas notas de despido pero no incluye prestaciones solo pagos de vacaciones, décimo quinto y cuarto mes más no prestaciones laborales.
No obstante, no descarta que mediante la misma se presten para cometer acciones ilegales que deberán ser monitoreadas para luego proceder legalmente contra quienes comentan una violación a la normativa.
“No me cabe duda conociendo en comportamiento de estos personajes que es una maniobra para favorecerse unos a otros y entonces van a incurrir en violaciones a la ley. Hay que estar atentos a qué tipo de legislación violentan para proceder contra ellos en la Procuraduría General de la República (PGR)”, expuso.
LACERACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES
Bajo Decreto Legislativo 354-2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en marzo de 2014, el mandatario hondureño puso en marcha la Ley del Empleo por Hora lacerando los derechos laborales de las personas al poner en marcha la contratación por tiempo limitado o una obra o servicio determinado.
Con esta ley se fijó un pago base por trabajo hora estipulado por cada sector comercial dejando de percibir los beneficios laborales por el trabajo que desempeñe el empleador, además se puso en marcha los trabajos por contratos que establecen un cierto tiempo y al final de este no incurre en ninguna obligación del pago de prestaciones por parte del empleador.
De esta manera, el gobierno de Hernández laceró los beneficios que se logró para los empleados y benefició a los empleadores exonerándolos del pago de derechos adquiridos por los años de trabajo, eliminando vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario, entre otros.
“Esta ley le elimina al trabajador derechos y conquistas que traíamos desde la huelga del 54 como ser la estabilidad laboral, vacaciones, aguinaldo, pre y postnatal, prestaciones, derecho al seguro social”, señaló el diputado del Partido Libre por el departamento de Francisco Morazán, Juan Barahona.
El sindicalista prometió que el partido opositor que asumirá el poder de la nación el 27 de enero se comprometerá a derogar esta ley nociva que lacera los derechos laborales
Sumado a eso, el gobierno de Hernández cierra con protestas de empleados públicos de la mayoría de instituciones estatales como ser la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), la Secretaría de Salud (Sesal), médicos, enfermeras de diversos hospitales públicos que les adeudan alrededor de tres meses de salario más el aguinaldo.
Pese a la situación, el gobierno ha dado prioridad para que una vez publicado en La Gaceta los acuerdos de cancelación de secretarios de Estado estos reciban derechos laborales violentando la ley.
Cabe señalar que al final del cierre de esta nota se conoció que el secretario de finanzas Luis Mata y la subsecretaria Liliam Odalis Rivera liquidaron sus plazas de manera anticipada sumando pagos que rondan entre los 211 mil lempiras hasta dos millones.
