Tegucigalpa. Para el analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Asís Castellanos, los programas de transferencia monetaria que concentra el Poder Ejecutivo funcionan a manera de extorsión política, debido a que aprovechan la desesperación de los sectores más empobrecidos para imponer condicionamientos a favor del partido de gobierno.
Castellanos señaló que si bien en papel estos programas y proyectos plantean la reducción de la desigualdad y la pobreza, en la operación práctica se observa un propósito político totalmente distinto al planteado en los informes. Unos más sofisticados y otros más descarados pero que al final gracias a la excepcionalidad permanente que vive Honduras a través de estados de emergencia, el Partido Nacional logra financiar de forma indirecta su campaña.
El sociólogo e investigador, quien participó «En 60 minutos, así avanzan las elecciones 2021 en Honduras» organizado por el Cespad, sostuvo que a través de las transferencias se condiciona a las familias y a las personas enlistadas en estos programas y proyectos, bajo un control muy estricto que deben ir cumpliendo las familias y las personas beneficiadas.
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Asimismo, compartió que la cobertura nacional a nivel urbano y rural de la transferencia monetaria permite la injerencia directa en la política local municipal. Para el caso, la plataforma «Vivir Mejor» opera bajo una estrategia política y una red amplia y compleja de proyectos fragmentados entre diferentes secretarías que hace complejo el rastreo relacionado a la transparencia relacionada al uso de los fondos.
La monopolización de las transferencias monetarias por parte del Poder Ejecutivo no es casualidad y más bien obedece a una proyección que va más allá del actual periodo gubernamental y que puede ser rastreada desde el primer año de gobierno del Partido Nacional tras el golpe de Estado de 2009 y que está planificada para impulsarse un par de periodos más, siempre comandada por el Partido Nacional, explicó Castellanos.
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En agosto de 2020, comunidades indígenas y afrodescendientes denunciaron que la pandemia en Honduras servía para hacer “proselitismo político”, beneficiando con insumos de protección y ayuda alimentaria a personas pertenecientes o identificadas con el partido político del gobierno y excluyendo a sectores relacionados con los y las activistas ambientales, defensores del territorio y bienes comunes.
