Por: Manuel Torres Calderón*
Este es el último de una serie de cinco artículos que buscaron ahondar en el nuevo intento del gobierno de Estados Unidos de frenar la migración irregular procedente del Triángulo Norte de Centroamérica. El tema es muy complejo, amalgama de realidades y sueños, pero quizá se pueda graficar con una metáfora breve: el migrante es un símbolo. Detrás de él se arrastran tres países con sus penas y desventuras.
En la planificación inicial se previó cerrar la serie resumiendo algunas de las propuestas centrales que ha presentado la sociedad civil sobre el tema, sin embargo son tantas que un espacio pequeño no basta para resumirlas, Valga apuntar que en la actualidad las organizaciones siguen a la espera de que sus ideas sean consideradas con respeto, que no sean ignoradas y que desaparezca esa impresión de que cuando son invitadas a dialogar es más por conveniencias de imagen que de convencimiento.
En ese sentido, de la Administración Biden se ha esperado un cambio de actitud, gestos cualitativamente diferentes de acercamiento, para ir superando la desconfianza, y crear condiciones que puedan conducir al logro de acuerdos bilaterales y nacionales…pero esos gestos aún no llegan. Para la sociedad civil, lo que está pendiente es que Estados Unidos asuma la corresponsabilidad que tiene en el modelo expulsor de migrantes que impera en la región. A partir de ahí se podría hablar de todo,
Mientras la espera sigue, el molino del sistema no cesa nunca de moler. Desde que el 22 de marzo el Departamento de Estado anunció que Ricardo Zúñiga se desempeñaría como Enviado Especial para el Triángulo Norte hasta el 3 de agosto que fue elevado de rango, unas 134 mil personas, entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, iniciaron su travesía al “norte”, si se parte de un cálculo diario de mil migrantes.
A los migrantes les ha caído una responsabilidad que no les corresponde, ser una especie de héroes anónimos que se aventuran por fronteras, desiertos y ciudades desconocidas, enfrentando miles de peligros, para ser los salvadores de economías en bancarrota y de familias a la deriva.
Es tan paradójico su destino que cuando logran llegar al final de su travesía, evadiendo los buitres del camino, quedan atados a un sistema donde las instituciones y las leyes no se diseñaron para ellos. Vienen de ser excluidos y continúan siendo excluidos. Las historias con final feliz de los migrantes indocumentados son excepcionales y los pocos han tenido que pagar un precio afectivo muy alto para lograrlo.
En la mayoría de los casos no cambió tanto el guion de sus vidas, simplemente le mudó a otro escenario. Migrar no fue el salvoconducto que soñaron para salir de la crisis.
Quizá si alguno de esos migrantes lee estas líneas podrá decir que ese es un retrato demasiado inmisericorde, que ellos podían haberse quedado en sus países, que bien o mal sabían cómo ganarse la vida, y que si decidieron sumarse al éxodo fue por voluntad propia. ¿Voluntad propia? Efectivamente, de cómo se produce la migración hay múltiples factores que la explican, pero, en general, son víctimas de un sistema que los expulsa y los hace saltar al vacío para volverlos rentables.
Como se subrayó en un artículo previo, “los migrantes son desplazados de un sistema que los exprime, les niega oportunidades de mejorar sus vidas y que carece de respuestas a sus demandas. En los migrantes no está el origen de la crisis, sino que en otros”.
Lo peor que puede ocurrir en la coyuntura actual es que la administración Biden no lo entienda así y termine atrapada en un remolino de intereses geopolíticos y de respuestas urgentes que le impida la renovación de su mirada hacia nuestra región. La experiencia histórica brinda la amarga lección que cada plan de desarrollo siempre trae bajo el brazo un plan de seguridad y que éste termina imponiéndose.
En la perspectiva de los próximos cuatro años de presidencia de Biden, el éxodo de nuestros compatriotas no va a cesar, individualmente o en caravanas. En diagnósticos que el propio Departamento de Estado encargó en 2014 para fundamentar su extinto Plan para la Prosperidad se lee que hay unas 500 mil familias que por sus condiciones de subsistencia, vulnerabilidad y ubicación son potenciales trampolines para la migración en el Triángulo Norte. La pandemia también suma leña al fuego. Los sectores vulnerables son más propensos a caer en contagios y cuentan con menos redes sociales, laborales y familiares de apoyo para sobrevivir y soportar el colapso de las economías. Nada perderán si intentan llegar de “mojados” porque de todo los han despojado previamente, incluso de la esperanza.
Por si fuera poco, desde 2014 a la fecha el panorama político, social y económico del Triángulo Norte se ha complicado más. El autoritarismo dictatorial se ha afianzado en los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ese autoritarismo, que en cada país asume características singulares, ha tenido la doble capacidad de reprimir hasta sofocar las protestas populares y de expandir sus abusos de poder de manera tal que nada escapa a su sombra.
El problema es que mientras ese modelo de poder persista intocable, será inviable cualquier esfuerzo por afianzar una institucionalidad eficiente, un sistema político democrático y una economía capaz de ofrecer a la población los incentivos para retenerlos en nuestro territorio, en lugar de obligarlos a salir. Eso no ocurrirá mientras se necesiten remesas para engrosar la voracidad de unos 260 millonarios guatemaltecos que concentran US$30 mil millones, unos 160 salvadoreños que poseen unos 21 mil millones y unos 205 hondureños que acumulan en sus cuentas unos 30 mil millones, de acuerdo con algunos de los últimos datos disponibles.
La pregunta que surge ante esa situación es ¿podrá haber un cambio de fondo en la política exterior de Estados Unidos para Centroamérica, al grado de replantear alianzas e intereses estratégicos tradicionales? Aunque la voluntad pide ser optimista, la razón dice que es muy difícil que eso ocurra, al menos, a corto plazo.
En ese contexto, será inviable consensuar un nuevo “contrato social” para la región si se mantienen intactas las tensiones, contradicciones y asimetrías vigentes. De hecho, la ciudadanía organizada tiene propuestas para sentarse a dialogar con los gobiernos, pero es complicado concretar medidas cuando se piensan desde lógicas diferentes.
Washington debería tomar conciencia de esa situación. Entender que aquellas políticas que en determinado momento le resultaron económica y políticamente viables y rentables, hace varios años que dejaron de serlo. Hemos llegado a un punto en el cual las consecuencias de esas políticas no se limitan al interior de nuestros países sino que trascienden a las propias barbas de Estados Unidos. Un buen ejemplo es lo ocurrido en el Valle de Siria, a 120 kilómetros de Tegucigalpa.
En apenas ocho años de explotación minera a cielo abierto, el Valle de Siria en Honduras se volvió un páramo incapaz de retener a sus pobladores jóvenes, que emigraron rumbo a Estados Unidos y Canadá. Al final de cuentas, ¿Quién salió ganando con ese extractivismo despiadado y quiénes salieron perdiendo?
Pero el tiempo pasa y Ricardo Zúñiga ya está de vuelta en su casa de Washington. Ojalá lo suficientemente convencido de que en nuestros países no cabe buscar “el retorno a la normalidad”, si esa normalidad es la que llena las fronteras de migrantes desesperados. La Casa Blanca requiere otro enfoque, uno que empiece por restringir los márgenes a la actuación irresponsable, fraudulenta y corrupta de los gobiernos y las élites, pero también aumentar la certeza de que es en la ciudadanía y sus propuestas, con todo y sus debilidades, donde se encuentra la posibilidad del cambio.
Artículo 1. ¿Triángulo del Norte o “de las Bermudas”?
Artículo 2. ¿Existe el “Triángulo Norte”?
Artículo 3. Las caravanas de la ira
Artículo 4. Ricardo Zúñiga: de La Habana a Centroamérica
Artículo 5. Las propuestas ignoradas en el Triángulo Norte
