Por: Natalia Kanem
NUEVA YORK – A los 24 años Maya Bohara ya había dado a luz a 4 niños, y con su marido decidieron que su familia era suficientemente grande. Durante los nueve años siguientes, a pesar de vivir en una región pobre de Nepal, pudo recurrir a una clínica de salud local para obtener anticonceptivos inyectables.
Pero luego llegó la COVID-19, que trastocó las cadenas de aprovisionamiento médico y los presupuestos de salud en todo el mundo. Para junio de 2020 en la clínica de Maya se habían agotado los anticonceptivos que ella usaba… y en febrero de 2021 nació su quinto hijo. Aunque los Bohara aman profundamente a su nuevo bebé, una familia vulnerable quedó en una posición aún más precaria.
No son, para nada, los únicos. En todo el mundo uno de los costos más graves de la pandemia para las mujeres —más allá de la pérdida directa de vidas y sustento— ha sido la pérdida de sus opciones reproductivas. Son costos que se acarrean de por vida y pueden afectar incluso a las generaciones venideras.
En abril de este año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés) —la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva— publicó Mi Cuerpo Me Pertenece, una edición pionera del informe Estado de la población mundial. En él rastreamos el vínculo entre la salud sexual y reproductiva y la autonomía corporal, un principio absolutamente fundamental para la autodeterminación y el empoderamiento de la mujer. Solo cuando las mujeres son dueñas de sus cuerpos pueden beneficiarse gracias a los derechos y oportunidades en las demás áreas de sus vidas, ya sea ir a la escuela, cuidar a sus familias, fundar una empresa o liderar un país.
De manera similar, la pérdida de la autonomía corporal se multiplica rápidamente. Según las estimaciones recientes del UNFPA y Avenir Health, unos 12 millones de mujeres en 115 países con ingresos bajos y medios se vieron afectadas por trastornos en los servicios de planificación familiar durante el primer año de la pandemia, lo que tuvo como consecuencia 1,4 millones de embarazos no buscados. Ese resultado —una de las causas del aumento de las muertes maternas y los abortos inseguros— es una de las manifestaciones más duras de la pérdida de la autonomía corporal.
Si algo tuvieron de positivo esos números fue que la mayoría de los trastornos en la planificación familiar ocurrieron al principio de la pandemia y fueron, en su mayoría, de corta duración. Por su parte, la UNFPA intervino ofreciendo anticonceptivos y otros suministros para la salud reproductiva a los países que los necesitaban.
Al mismo tiempo, muchos sistemas de salud desarrollaron medidas creativas para garantizar el acceso continuo. En Uganda, la aplicación de transporte inmediato SafeBoda ahora entrega anticonceptivos a domicilio. En Suazilandia, las agencias de la ONU lanzaron una iniciativa para informar a decenas de miles de mujeres sobre los servicios de planificación familiar a través de mensajes SMS. En el norte de Brasil, el asesoramiento para la planificación familiar se lleva a cabo mediante la telemedicina y los agentes comunitarios de salud pueden entregar anticonceptivos en bicicleta. En las áreas rurales de Nepal, los consejeros de planificación familiar viajan durante horas para proporcionar servicios gratuitos a las mujeres en los centros de cuarentena remotos, garantizando que su confinamiento no genere interrupciones en el uso de los anticonceptivos.
En el mundo, el porcentaje de países que informaron trastornos relacionados con la pandemia en los servicios de planificación familiar y anticoncepción cayó del 66 % en 2020 al 44 % en 2021. Los esfuerzos concertados de los funcionarios de salud, gobiernos y donantes mitigaron en gran medida una catástrofe para las mujeres. En algunos casos se implementaron soluciones tan rápidamente que las mujeres ni siquiera se enteraron de que su salud y derechos sexuales y reproductivos estuvieron en riesgo.
En cierta medida, así debiera ser. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 estableció una agenda común para la salud sexual y reproductiva. Y en la cumbre en Nairobi, 25 años más tarde, gobiernos, empresas, jóvenes y mujeres activistas, filántropos y otros se comprometieron audazmente a poner fin a las falencias en la planificación familiar, las muertes maternas evitables, la violencia de género y otras prácticas perjudiciales para las mujeres y las niñas.
Este apoyo internacional permitió al UNFPA aplicar programas de salud sexual y reproductiva en más de 150 países. Desde 2008 la entrega de medicamentos y anticonceptivos a través de nuestra asociación con UNFPA Supplies salvó innumerables vidas y evitó casi 90 millones de embarazos no buscados. Además, este trabajo ayudó a generar conciencia de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano fundamental, un motivo importante por el cual esos servicios fueron reinstaurados después del impacto inicial de la pandemia.
Pero no podemos dormirnos en los laureles. Estos logros son frágiles y el financiamiento sigue jaqueado por las secuelas económicas de la pandemia. Muchos países alteraron sus prioridades de gasto y servicios, algunos de los propios programas del UNFPA se vieron afectados por los grandes recortes presupuestarios en el Reino Unido (uno de los socios más antiguos y poderosos de la organización).
Ante esa situación debemos esforzarnos aún más para garantizar que la salud sexual y reproductiva se mantenga como prioridad. Si no lo logramos no serán solo las mujeres quienes lo sufran. Habrá países enteros con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica y desigualdad, lo que les dificultará aún más la recuperación de la crisis actual (ni que hablar de su capacidad para desarrollar resiliencia contra futuros desastres naturales y pandemias, y el cambio climático).
Para reducir el riesgo que enfrenta la salud sexual y reproductiva hay que considerar prioritario el aumento de las inversiones en estos servicios, convirtiéndolos en parte integral de los planes de recuperación nacionales. La comunidad internacional debe brindar más apoyo a los países con poco margen fiscal a través del alivio de la deuda, para que los gobiernos no tengan que desviar fondos de la atención de la salud para pagar a sus acreedores.
Una segunda prioridad es garantizar que los servicios realmente lleguen a todas las mujeres y niñas. Para esto es necesario superar complejas barreras relacionadas con la ubicación, la educación, la edad y otros factores que pueden obstaculizar el acceso a la atención. Los servicios deben estar disponibles durante toda la vida, desde la adolescencia hasta la vejez, y cubrir desde una educación sexual integral hasta revisiones rutinarias para la detección de cánceres.
La COVID-19 le ha quitado muchísimo a demasiadas personas. No podemos dejar que afecte a más aun negando a las mujeres su salud sexual y reproductiva. Todas las mujeres tienen derecho a vivir de manera segura, con acceso fácil a los medicamentos que necesitan para tomar decisiones autónomas y empoderadas sobre sus propios cuerpos y sus vidas.
Natalia Kanem es directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
