Las ZEDE provocarán la mayor migración ciudadana dentro y fuera de Honduras: CNA

Tegucigalpa.- Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) “nos están sacando de nuestras propias tierras”, dijo este lunes el jefe de la unidad de Investigaciones y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Odir Fernández, al advertir que ese proyecto provocará la mayor migración de ciudadanos dentro y fuera del territorio hondureño.

Fernández y la directora del CNA, Gabriela Castellanos, presentaron este lunes un informe sobre los aspectos jurídicos y económicos en torno a las supuestas zonas de desarrollo, titulado Los pecados capitales de las ZEDE.

Además, anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra los diputados que cometieron delitos de traición al aprobar la normativa de las ZEDE, ya que estos no prescriben, recordó. “Pase el tiempo que pase, esto perfectamente puede judicializarse”, dijo Fernández.

“De manera simultánea se procederá a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y de una iniciativa ciudadana ante el Congreso Nacional para la derogación de la Ley sobre las ZEDE”, indicó Castellanos, quien invitó a la población a que se sume a la recolección de firmas en el CNA.

El informe del ente anticorrupción menciona 30 “pecados capitales” de la Ley de las ZEDE, entre ellos que estas zonas especiales pueden establecer su propia normativa y política interna, gozan de autonomía funcional y administrativa y tienen las funciones, facultades y obligaciones de los municipios.

Según el análisis jurídico del ente anticorrupción, los gobiernos municipales no podrán intervenir o interferir en las zonas especiales, sino que se le ha delegado esa facultad al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), “o sea al señor Ebal Díaz, porque esto es un plan preconcebido bastante establecido para generar mayor impunidad en el país”, consideró el profesional del derecho.

Las ZEDE también establecerán tribunales autónomos e independientes con capacidad para adoptar sistemas jurídicos de cualquier parte del mundo y tienen el derecho a recaudar y administrar sus tributos, así como la libertad para cobrar y establecer tasas por servicios públicos.

Otro “hiperpecado” es que pueden celebrar todo tipo de contratos a lo largo de varios períodos de gobierno y adquirir obligaciones dentro y fuera de Honduras. Además, permite a extranjeros tener la propiedad de tierras exclusivas para hondureños.

Las zonas especiales limitan la aplicación de la Constitución y de legislación de observancia a nivel nacional y están sujetas a una jurisdicción especial que opera bajo derecho común o anglosajón, menciona también el documento.

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Odir Fernández recordó que el Congreso Nacional tiene la facultad de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; no obstante, ese poder del Estado y el presidente Hernández le están otorgando esa facultad a las ZEDE entregándole el poder parcialmente, “porque no saben qué puede ocurrir eventualmente en las elecciones de noviembre de este mismo año, por lo tanto necesitan entregar un poder fraccionado”, analizó.

También el Congreso Nacional le está entregando la facultad al CAMP, integrado por 21 personas, entre ellas Ebal Díaz, quien “se está convirtiendo en un juez, en un legislador y en un presidente” dentro de esas zonas especiales, señaló Fernández.

Otro de los “pecados” de la Ley de las ZEDE es que el CAMP tiene el monopolio en la propuesta de listado de jueces y magistrados dentro de esos territorios.

El informe del CNA desbarata también la tesis de que esas zonas especiales generarán empleos, dijo Fernández. En los últimos diez años “el Estado no ha podido crear empleos, han sido totalmente incapaces”.

De hecho, desde el 2012 al 2016 el desempleo ha aumentado en Honduras.

Cuando Juan Hernández tomó posesión “nuevamente de manera ilegal en 2018 prometió 400 mil empleos en un año y no se pudieron generar esos empleos y ni 15 mil empleos van a poder generar” con las ZEDE, indicó.

En 2014, cuando inició el primer gobierno de Hernández, la tasa de desempleo abierta era de 5.31% y en 2020 era de 9.40%, según los datos del CNA.

Fernández refirió que los términos de referencia en las ZEDE de Próspera en Islas de la Bahía para contratación de personal son de un mes; además, “los hondureños están completamente excluidos porque requieren de unas competencias de un sistema penal y jurídico anglosajón”.

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Entonces, “nos están sacando de nuestras propias tierras, esto provocará la mayor migración de ciudadanos tanto a lo interno del país como a lo externo, las migraciones se van a promover mucho más”, alertó Fernández.

Según el análisis económico del CNA, las ZEDE “están eximidas de declarar la cantidad, valor y destino de sus exportaciones, y no están obligadas a vender sus divisas al BCH”.

Además, “promoverán un ambiente de competencia desleal y solo favorecerán a un grupo reducido de personas o empresas”. Y “originaran desigualdad en el acceso al empleo y podrían aumentar la migración”.

El CNA también señala que las ZEDE solo destinarán el 12 % del total de su recaudación fiscal a Honduras y su ley “no especifica sus metas con respecto a los niveles de empleo y desarrollo económico”.

En sus conclusiones, el informe del CNA menciona que “los actos de corrupción en torno a estas zonas están lejos de terminar, pues aún falta su materialización expansiva, que irá restando gradualmente la soberanía del Estado hondureño, para convertirse en amplios paraísos fiscales”.

Así mismo, hace un llamado a la comunidad internacional “para reconocer a los mecanismos de gobiernos autoritarios de las ZEDE como refugios para narcotraficantes, lavadores de activos y zonas donde se podrá realizar todo tipo de actos de corrupción sin la vigilancia que actualmente la sociedad civil emprende, y sobre todo sin el control estatal debido”.