Tegucigalpa.- Por tres años consecutivos, el presupuesto asignado al Ministerio Público ha sido el mismo, debido a una supuesta represalia del Congreso Nacional por las acusaciones contra diputados involucrados en actos de corrupción.
A esa conclusión han llegado los empleados del ente acusador cuyo frontispicio en Tegucigalpa muestra desde hace más de una semana pancartas con la exigencia de un aumento salarial. La misma demanda se reproduce en las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, así como en las fiscalías regionales y locales.
En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el presente año, el Ministerio Público aparece con una asignación presupuestaria de 2,105,475,158 lempiras, que sería el mismo de 2020 y 2019. Mientras, la planilla del ente fiscalizador asciende a 3,877 empleados.
Según una publicación del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), la exigencia del incremento de salarios proviene del personal operativo, integrado por fiscales, peritos, analistas financieros, ingenieros informáticos y civiles, así como personal administrativo.
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La demanda de los trabajadores ha puesto en evidencia también la disparidad salarial del “entre los altos mandos y el personal operativo”.
Mientras los primeros perciben salarios de entre 269 mil y 101 mil lempiras, en el nivel operativo estos son de entre 16 mil y 39 mil lempiras, algunos por debajo incluso de los aranceles profesionales.
Según la publicación del Cespad, los empleados atribuyen el problema a la falta de voluntad política porque han detectado que hay una sub ejecución de dinero en diversos renglones presupuestarios que bien podría redirigirse para hacerles efectivo el aumento salarial que están solicitando.
Para este personal, es comprensible que el Congreso Nacional no haya aumentado en tres años consecutivos el presupuesto del Ministerio Público, como represalia ante las acusaciones contra muchos parlamentarios vinculados en casos de corrupción como los que fueron develados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Finalmente, los empleados del Ministerio Público recordaron que son ellos los que presentan los requerimientos fiscales ante los tribunales, con todos los riesgos que su trabajo implica, y que además se han visto impactados por los efectos económicos de la pandemia del Covid-19.
