Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La implementación del modelo de las Zonas Especiales de Desarrollo o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) tendría implicaciones directas en la recaudación fiscal y la distribución de la riqueza, influyendo directamente en lo político y legal, señala un estudio del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Al fragmentar el territorio en microestados, como sugiere este modelo, los espacios con vastos recursos, accesos privilegiados al mar y un sistema económico propio “producirán un recorte en los ingresos fiscales de Honduras”, ya que el artículo 4 reconoce el derecho de la ZEDE a recaudar y administrar sus tributos y determinar las tasas que cobran por sus servicios, con lo cual el Estado pierde atribuciones propias de la administración público como la de recaudar tributos.
El poder Legislativo también pierde atribuciones cuando se faculta a las ZEDE a celebrar convenios y contratos, aun cuando trasciendan uno o más períodos de gobierno y tácitamente, a establecer impuestos.
“Si el modelo aplica al pie de la letra su planteamiento inicial de atraer inversiones extranjeras en sectores tecnológicos, financieros y servicios a gran escala, será inminente que mano de obra calificada puede ser absorbida; no obstante, que los sectores menos calificados no caben dentro del modelo y de ser empleados será en los sectores más pauperizados o en su defecto expulsados de sus espacios de origen”, señala el estudio.
Noticia relacionada Proyectos ZEDE se expandirán como el cáncer en Honduras
Este ilusionismo con el que se crean relatos vinculados a la generación de empleos tiene como fin construir una percepción positiva de estas iniciativas para después generar un “linchamiento mediático” y estigmatizar a quienes se resisten al despojo o proponen alternativas al extractivismo, señala el Fosdeh.
Las áreas de afectación, económicamente hablando, en las que posiblemente se noten las mayores repercusiones son migración, indemnizaciones, corrupción y crimen organizado y pérdida de soberanía.
Mientras que desde la perspectiva ambiental, social y de derechos humanos, las secuelas serían el deterioro ambiental, la conflictividad social, la discriminación y segregación racial, la transculturización, la fragmentación y la violación de los derechos humanos.
El Fosdeh indica que los dos últimos intentos concesionarios en materia de ZEDES aparecieron en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, cuando se filtraron informaciones en los medios de comunicación de la creación de Ciudad Morazán en el municipio de Choloma y el de Próspera en el municipio insular de Roatán, que ha generado mayor indignación entre la población y sociedad civil al contemplar la entrega gradual de territorios poblados en uno de los sectores más desarrollados.
El rechazo comunitario en el sur de Honduras y más recientemente en el norte, específicamente en Roatán, demuestra la inconformidad y desencanto de la población por estas iniciativas, dice el documento.
Los isleños han denunciado que se está violentando el tratado suscrito y publicado en La Gaceta de Honduras, número 22, Tomo 4 entre el Reino Unido y el gobierno hondureño cuando en el traspaso de las islas mediante acuerdo firmado el 1 de Junio de 1861 se comprometió “a no ceder dichas islas o cualquiera de ellas, o derecho de soberanía sobre dichas islas o cualesquiera de ellas, o ninguna parte de dicha soberanía a ninguna nación o estado cualquiera”.
Leer más ZEDE en Honduras: reseña de una ilegalidad nefasta
La situación en Roatán podría volverse más violenta si Próspera hace uso de la fuerza para desalojar y despojar de sus territorios a los pobladores, quienes afirman que defenderán sus comunidades con su sangre. “De antemano se avizoran escenarios de contiendas múltiples en lo legal, político, social y económico que afectarán la convivencia ciudadana y las inversiones en la isla ya de por si perjudicadas por la pandemia”, dice el documento.
No obstante, por mucho que las élites económicas y políticas continúen impulsando estos modelos, parecen estar destinadas al “fracaso” al no poderse desarrollar plenamente.
En parte, porque ante los altos niveles de corrupción y la falta de transparencia de políticos y empresarios “saquearán el erario público a través de demandas internacionales o en su defecto pondrán estas concesiones en burbujas financieras para especular con fondos en los centros financiero globales”.
En caso de que, producto de la resistencia social y la incidencia de políticos, se pudiera derogar o reformar la ley “es preciso replantear el Marco Legal Nacional, fortalecer la seguridad jurídica y el tipo de capitales que se desea atraer”, según el Fosdeh.
Para enfrentar el subdesarrollo crónico de Honduras se necesitan medidas drásticas que deben ser tomadas en conjunto por todos los sectores. Y es que en la última década ha sido evidente la falta de compromiso de los gobernantes, algunos sectores empresariales y de la sociedad civil por impulsar procesos reales de transformación, “muchas veces sumándose a iniciativas que procuran el crecimiento económico de sectores específicos perjudicando a una gran mayoría”.
El Fosdeh menciona también el silencio cómplice de organismos internacionales sobre este y otros temas, la injerencia de gobiernos extranjeros en la vida política nacional, así como el papel de los organismos supranacionales en materia política y económica, que develan intereses por parte del gran capital internacional en continuar generando crisis en Honduras para que en medio de esta sectores afines a sus intereses se beneficien con el despojos de territorios, la mano de obra barata y la privatización.
