Las elecciones primarias (segunda parte)
Por: Rodil Rivera Rodil
Las pasadas elecciones primarias evidenciaron que la manipulación de votos sigue siendo una constante en nuestros procesos electorales. Aunque nunca, contrario a lo que algunos afirman, de la magnitud y relevancia de la que llevó a cabo Juan Orlando Hernández en el 2017 para imponer su inconstitucional reelección.
Creo que todos nos hemos sorprendido por la virulencia de las protestas que se han producido en esta ocasión, que comenzaron el propio día de los comicios, esto es, antes siquiera de que llegaran a Tegucigalpa las actas de las mesas electorales y se iniciara el recuento de votos. Y repárese en que la suerte de histeria colectiva que se desató fue por una encuesta de Televicentro y no por ningún dato oficial del CNE.
Parecía que alguien le estaba haciendo el juego a JOH para que suspendiera las elecciones, lo que, sin duda, hubiera hecho de no tener tantos problemas personales. Por supuesto que no se debe ignorar que pueden ser otras las causas de este un tanto irracional comportamiento. Entre ellas, la polarización política que vivimos desde el golpe de Estado del 2009 y, en no menor medida, la irritabilidad, intolerancia y tensión que aqueja a la ciudadanía por el largo encierro provocado por la pandemia.
La desbordada impaciencia de los candidatos que se sentían desfavorecidos por el escrutinio los hizo perder toda ecuanimidad y emitir juicios apresurados y, a mi parecer, injustos, sobre el CNE y el RNP. Hoy se puede apreciar que, aun con todas las inconsistencias y alteraciones denunciadas, las impugnaciones no modificaron en lo sustancial las “encuestas a boca de urna” que se dieron a conocer el propio 14 de marzo. Es innegable que se necesita un TREP para acelerar la divulgación de los resultados, pero uno absolutamente confiable. Si no lo es, lo aconsejable es recurrir a un medio más seguro, sin importar que sea más lento. Como se hizo en este caso y como, de repente, tendrá que hacerse en las generales de noviembre.
Algo parecido se puede decir del RNP. Que ha tenido fallas, es verdad, pero también logros incuestionables. Contra toda clase de críticas y obstáculos, incluyendo nada menos que la pandemia, consiguió emitir una nueva tarjeta de identidad y levantar un censo desde cero, ambos en un tiempo récord. No de manera totalmente satisfactoria, sin duda. Pero téngase por cierto que el más de millón y medio de personas que ya no aparecen en el mismo corresponden, en su inmensa mayoría, a compatriotas fallecidos y a los que ya no residen en Honduras. O lo que es igual, a los que en los últimos años ha usado el Partido Nacional para robarse las elecciones.
Recordemos que la responsabilidad fundamental de las internas corrió a cargo de los propios partidos políticos. De donde nos queda una insoslayable lección. El manejo de la votación no puede volver a dejarse en sus manos, ni en las internas ni en las generales. Esta parte tan sensible del proceso debe mecanizarse o confiarse a personas lo menos comprometidas políticamente.
La condena que se acaba de imponer a Tony Hernández en los Estados Unidos ha introducido una crucial variable en la ecuación electoral. La necesidad de JOH de que el próximo gobierno lo proteja puede haberse convertido en desesperación, pues ya sabe lo que puede esperar de los tribunales de Nueva York. Y la desesperación, como la ira que a menudo la acompaña, nunca es buena consejera. De manera que debemos estar preparados para un fraude en noviembre mucho más burdo y descarado que el del 2017.
Este riesgo, como contrapartida, vuelve imperativa la única alianza que ahora tiene sentido, cual es la de toda la oposición, sin excepción. En el caso del Partido Liberal, el interés nacional de poner fin a la dictadura, lo mismo que la propia sobrevivencia de esta institución, deben prevalecer por encima de cualquiera otra consideración. Luis Zelaya, Yani Rosenthal y Darío Banegas deben buscar -no la unidad, que en política a menudo no es más que un vocablo vacío- sino un acuerdo, el más simple y viable posible, primero entre ellos y luego con Libre y con Nasralla. Los tres partidos deben empezar por reconocer que sus diferencias no pueden ser más grandes que su repudio a Juan Orlando.
Sé que muchos compañeros de la oposición no ven con buenos ojos la alianza global, particularmente por los resultados que arrojaron las primarias. Unos por consideraciones morales y otros por motivos ideológicos. En cuanto a los primeros, no desconozco que esta es una de esas ocasiones en que la frontera entre la política y la moral se vuelve tan borrosa que decidir sobre la ruta correcta a seguir requiere de un gran esfuerzo intelectual y de buena voluntad.
La regla de oro para resolver este dilema sigue siendo la que postuló la ética clásica griega, la llamada “Doctrina del Mal Menor”, que define como “moralmente válida la elección del mayor bien posible”. O, en sentido contrario, la del menor daño comparativo. El triunfo que pueda lograr el Partido Nacional, vale decir, el Juan Orlandismo, por el rechazo de la oposición a concurrir unida a las próximas elecciones constituirá un gravísimo y seguro perjuicio para la nación, infinitamente mayor que el que eventualmente pudiera provenir de una alianza coyuntural con amigos, conocidos y correligionarios de discutible probidad.
En lo que respecta a los segundos, las alianzas políticas, comprendidas en la teoría de las clases sociales, salvo en especiales circunstancias son tanto o más válidas cuanto mayor sea la importancia de los objetivos comunes en relación con el costo de alcanzarlos aisladamente. La alianza político electoral contra JOH es lógica y necesaria, ya que resulta indudable que sacarlo del poder por otros medios tendrá un precio muchísimo más alto para el pueblo hondureño que el de una alianza, en tiempo, recursos, esfuerzos, pérdidas de todo tipo y hasta en vidas humanas.
Un poco de historia tal vez ayude a comprender mejor la razón de ser de las alianzas. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Stalin sabía que Hitler atacaría a la Unión Soviética tarde o temprano y, por ello, no tuvo reparo en firmar en 1939 un pacto de no agresión con Alemania, con lo que consiguió retrasar la invasión por cerca de dos años. Y, ya iniciada la contienda, Winston Churchill, que odiaba el comunismo más que nadie, tampoco puso ninguna objeción para suscribir en 1941 un acuerdo anglo-soviético, por el cual ambas potencias se comprometieron a apoyarse mutuamente y a no hacer la paz por separado con Alemania. Se cuenta que Churchill había proclamado que estaba dispuesto a bajar al infierno y aliarse con el mismo diablo, si fuere necesario para derrotar a Hitler.
Tampoco ignoro que no son pocos los compatriotas que resienten que sean los Estados Unidos los que juzguen a los grandes narcotraficantes criollos. Y tienen toda la razón. Pero esta realidad no podrá cambiar mientras JOH siga mandando, en la presidencia o fuera de ella. En todo caso, fue el gobierno de Trump el que lo entronizó en el poder. Si el actual de Biden ayuda a enmendar ese desaguisado, aunque sea más por el interés de su país que por el nuestro, que así sea. Pero sería bueno que sepa que convendría hacerlo antes de las próximas elecciones generales, si es que quiere evitar la continuación del Juan Orlandismo, o lo que es igual, de la corrupción, la impunidad y, como consecuencia, de las caravanas de emigrantes.
De otro lado, estoy seguro que todos comprendemos el dolor que hoy embarga a la familia Hernández. Pero Juan Orlando debe entender que la culpa recae por completo sobre su persona. La severidad de la sentencia no tuvo nada que ver con la categoría de gran capo de la droga que se le atribuye a su hermano. En Nueva York no se juzgó a Tony Hernández sino a Juan Orlando Hernández.
Y no solo a él como persona, sino principalmente a la elevada magistratura de que está investido. Que para los norteamericanos es sagrada. Por lo que los delitos que se achaquen a una figura presidencial revisten para ellos una gravedad mucho mayor que los imputados a cualquier narcotraficante, por poderoso que sea. No digamos la estupidez de intentar chantajear a la justicia estadounidense con el cierre de la base de Palmerola. De ahí la extrema dureza de la pena que se impuso a quien, a los ojos del juez, encarnaba al presidente de Honduras. Y de ahí también que las 32 cartas en procura de clemencia que le enviaron los familiares y amigos de Tony Hernández hayan sido literalmente aplastadas por las más de 200 mil que recibió de otras tantas personas reclamando el máximo rigor.
Ahora dicen que JOH está tan asustado que va a ordenar al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia que deroguen la extradición y al Ministerio Público que le entable un juicio simulado para eludirla. Si esto es cierto, lo único que conseguirá es confirmar su culpabilidad aún antes de que lo sometan a juicio. Como sea, lo ocurrido a su hermano quizás lo haga percatarse del gran error que cometió al no buscar una negociación con la fiscalía de Nueva York tan pronto se enteró de que lo estaban investigando. ¡Cuántos problemas le hubiera ahorrado al país, a los suyos y, sobre todo, a él mismo! Tal vez todavía pueda hacerlo.
Los asesores de JOH ya no dan pie con bola. A tantas metidas de pata agreguémosle esa pésima campaña de sus “éxitos” contra narcotraficantes de poca monta. En ella se omite que la acusación concreta contra él no es propiamente por eso, sino porque los fiscales de Estados Unidos están convencidos de que las enormes sumas de dinero que pagó a diputados hace más de una década para que lo eligieran presidente del congreso e impulsaran su carrera política provenían de sus arreglos con prominentes jefes del crimen organizado, el Chapo Guzmán incluido. Si esto es mentira, que lo vaya a demostrar a Nueva York en lugar de estar derrochando aquí millonarios recursos del Estado en publicitar la caza menor de narcos para, según él, hacer olvidar a los fiscales norteamericanos la forma en que se agenció el poder .
En fin. Que si no llega cuanto antes a un entendimiento con la justicia de Estados Unidos, el panorama para nuestro presidente se tornará sombrío, para decir lo menos. Veamos. Una primera posibilidad se deriva de la decisión del gobierno de Biden de crear una “fuerza de tarea” en sustitución de la MACCIH, pero con más facultades, lo que hará inevitable que esta termine -o comience- con su enjuiciamiento.
Una segunda alternativa, que no excluye ninguna otra, es que, como todo parece indicarlo, la fiscalía neoyorquina esté preparando una acusación directa en su contra, aun cuando no pida su extradición, lo que tendría que ver con la acción que acaba de promover contra el “Tigre” Bonilla, a quien JOH, en la suposición, nada remota, de que se proponga declarar contra él, no podrá tacharlo de narco resentido buscando venganza.
Y una tercera es que el gobierno de Biden se esté planteando pedir la renuncia o separación de JOH y, en el caso de que los diputados nacionalistas la rechacen, decretar graves sanciones al país. Justo como sucedió con el general Noriega que fue acusado de tráfico de drogas en Miami y en Tampa, no se solicitó su extradición, pero meses después el presidente H. W. Bush (padre) exigió su destitución y, como el ejército la impidió, decretó el bloqueo abierto a Panamá. Lo que concluyó con la invasión de su territorio, la disolución de las fuerzas armadas y el encarcelamiento del dictador hasta su muerte casi treinta años después.
No se puede descartar que esta última opción, u otra similar, ya se halle en marcha, como lo podría estar confirmando el insólito hecho de que el recién encargado de temas migratorios del Triángulo Norte, Ricardo Zúniga, haya excluido a Honduras nada menos que de su primera visita a la región. Y más aún, la contundente declaración del portavoz de Biden aclarando que aquel solo se reunirá con quien de verdad esté interesado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. O sea, que JOH dejó de ser un interlocutor válido para la nueva administración norteamericana, lo que, en la práctica, equivale a desconocerlo como presidente de de Honduras.
En efecto. ¿Qué sentido tendría para Zúniga hablar de nada con un gobernante a quien los mismos Estados Unidos desean meter en prisión por el resto de sus días? ¿Y por qué esperar los diez largos meses que le restan para tratar con un sustituto que sí se preocupe por esté tema de tanta urgencia para Estados Unidos?
Si JOH no actúa rápidamente, o, como suele repetir, no “hace lo que tiene que hacer” con la fiscalía de Nueva York, su caída puede ser estrepitosa, al igual que el desmoronamiento del Partido Nacional. Y si las Fuerzas Armadas, embadurnadas en el juicio de Tony, no se apuran a hacer algo al respecto, también ellas podrían ser arrastradas al abismo. Y lo mismo vale para “Papi a la orden”, si es que quiere tener un futuro político y personal tranquilo. No hay más. En el juego del destino de Juan Orlando las cartas están echadas.
Tegucigalpa, 6 de abril de 2021.
