Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), condenó el uso de recursos públicos para defender a Antonio Hernández, el hermano del gobernante Juan Hernández, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
“A este gobierno criminal no le ha bastado el saqueo sistemático de los fondos públicos”, que han sido usados “para viajes de asuntos privados y de crimen organizado”, señala un pronunciamiento dado a conocer en las últimas horas.
“El gobierno del Partido Nacional sigue utilizando la institucionalidad del país para defender criminales tal como toda la institucionalidad de Honduras conspiró para sacar a la MACCIH, ocultar actos de corrupción y garantizar un paraíso de impunidad a criminales”, señala el comunicado de la única bancada, de ocho que hay en el Congreso Nacional, que se ha manifestado al respecto.
Fue el diario The Washington Post el que reveló que el gobierno que encabeza Juan Hernández acordó pagar más de $475,000 a una firma de abogados para presionar a los fiscales que investigaban a su hermano.
El gobierno ha tratado de justificar que esa contratación fue para la venta de bonos en el extranjero. No obstante, “según expertos no se necesitan intermediarios para la colocación de bonos en el extranjero”, dijo por su parte la diputada Doris Gutiérrez.
Si el Washington Post no hubiera revelado lo anterior, “en Honduras no nos habríamos enterado de ello, lo cual nos deja serias dudas de cuántas otras cosas más hay con los saqueos que le hacen al pueblo”, continúa el comunicado del Pinu.
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El dinero usado para hacer lobby “descarado e inhumano” en beneficio de “Tony” Hernández, pese a estar en medio de una pandemia y con las secuelas de desastres naturales, “debe ser devuelto” a las arcas del Estado, ya sea por el gobierno del Partido Nacional o por la bancada de ese partido que “recientemente publicó su apoyo a su gobierno criminal”.
El Pinu exige que la Secretaría de Finanzas haga pública toda la documentación correspondiente con la firma de abogados y quiénes fueron los intermediarios, y que esa información sea presentada ante el Congreso Nacional.
Asimismo, que el Ministerio Público actúe de inmediato ya que hay responsabilidad criminal y múltiples delitos en que han incurrido los involucrados, pues “no hay ninguna ley que habilite hacer estos pagos”.
El instituto político fustigó también el “simulacro” del gobierno al pretender vender la idea de combate al narcotráfico a través de medios de comunicación bajo su control para imponer una “falsa realidad”, gastando en ello fondos públicos.
Condena además que a varios criminales no se les haya hecho el aseguramiento de bienes y que más bien desde la institucionalidad se protejan estos mediante testaferros, fideicomisos y/o holdings empresariales. Así mismo, que la Corte Suprema de Justicia no haya hecho nada ante la gran cantidad de solicitudes de extradición de narcotraficantes y que muchos judicializados en Estados Unidos se hayan ido sin ninguna aplicación de justicia en Honduras.
Asimismo, que partidos políticos y el sector justicia permitan la participación de criminales vinculados con la corrupción y el narcotráfico. “Muchos necesitan el fraude electoral para imponerse como en las pasadas elecciones donde no ha ganado el voto, sino que el fraude”, finaliza el pronunciamiento.
