Advierten que medida gubernamental podría ser una intención del oficialismo para entorpecer las elecciones de este año.
Por: redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. -A once meses de haberse declarado estado de emergencia por la pandemia de Covid-19, los derechos fundamentales siguen restringidos en Honduras.
Este domingo 3 de enero el gobierno informó en cadena nacional que mantiene su decisión de restringir las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81 y 84 de la Constitución. Los artículos en mención garantizan la inviolabilidad de la libertad, las libertades de asociación y de reunión, la libre locomoción y las formalidades legales para que se registre un arresto o una detención.
Lo anterior permite la violación de derechos fundamentales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado o cualquier agente estatal que a su criterio argumente la restricción de dichos derechos, basándose en el estado de emergencia vigente desde el 10 de febrero del año pasado.
Como parte de las limitaciones de derechos el gobierno mantendrá la restricción de la libertad de locomoción en un horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana.
La determinación gubernamental fue adoptada en reunión de Consejo de Ministros presidida por el titular del Poder Ejecutivo, Juan Hernández, mediante el Decreto Ejecutivo PCM-001-2021 y es la número 47 que se adopta desde que se reportó el primer caso de coronavirus en marzo del año pasado.
Para restringir los derechos fundamentales la administración Hernández argumenta los más de 123 mil casos, las más de 3,100 muertes y el alza en los contagios por Covid-19.
El gobierno de Honduras ha sido uno de los más severos en la aplicación de medidas restrictivas en el continente americano, sin embargo, no ha podido disminuir los casos y tampoco ha adoptado políticas que mejoren las condiciones sanitarias de este país centroamericano gobernado por esferas de poder coludidas con la corrupción, el crimen organizado y narcotráfico.
En un informe publicado en febrero de 2020 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estimó que la corrupción en Honduras causa un daño anual de 65 millones de lempiras en el presupuesta. Esta organización cuantificó en septiembre de 2020 que durante la pandemia la corrupción ha provocado una pérdida al Estado de más de L. 817 millones.
Para el analista político y social, Raúl Pineda Alvarado, en lugar de restringir los derechos lo que debería hacer el gobierno es poner en funcionamiento los hospitales móviles que adquirió el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, mediante una fraudulenta operación financiera que le costó al Estado alrededor de L. 1,200 millones.
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Otra medida que sugiere el analista es la supervisión de las medidas de bioseguridad por parte de la población. A su juicio esta supervisión debe estar en manos del personal de la secretaría de Salud y la Policía Nacional.
Sin embargo, lo prioritario es revertir el gasto indebido que se ha hecho “bajo el pretexto de una pandemia y un estado de necesidad”, dijo Pineda Alvarado en entrevista con Criterio.hn, quien ilustró además que países que han logrado contener la pandemia como China y Taiwán restringieron derechos y garantías constitucionales, pero en un periodo corto de tiempo.
Para el presidente y precandidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, la medida gubernamental “no es un tema de la pandemia, la cual no han sabido manejar y más bien han usado para robar, es un tema político para obstaculizar el proceso democrático a razón de sus intereses y obvias preocupaciones por el cambio de gobierno en Estados Unidos”.
A juicio de Zelaya lo que refleja el gobierno es que quiere mantener el control de la población restringiendo sus libertades, pero protegiendo intereses particulares de grupos económicos.
ELECCIONES
Honduras se apresta a celebrar el 14 de marzo próximo elecciones primarias en los tres partidos mayoritarios, Nacional, Libertad y Refundación y Liberal. En este proceso se escogerá a los candidatos presidenciales, diputados al Congreso Nacional y planillas municipales, que participarán en las elecciones generales previstas para el último domingo de noviembre.
La suspensión de las garantías constitucionales puede significar un conflicto para los políticos porque se suspenderán reuniones a dos meses de las elecciones primarias, advierte Pineda Alvarado.
El analista considera que las medidas conllevan a una acción para ralentizar la participación política de los hondureños. En conclusión, dijo, lo que está haciendo el gobierno es aplicar una medida extrema que ni va a resolver el problema ni va a procurar educar a la gente para que tome las medidas necesarias.
Entre la población y especialmente líderes de opinión se rumora que Juan Hernández, entorpecerá las elecciones para evitar entregar el poder, luego de entronizarse gracias a una reelección fraudulenta en 2017 y violar la Constitución que prohíbe la reelección presidencial.
Al respecto, Pineda Alvarado dijo que hay indicios preocupantes porque hay una campaña de detracción del proceso electoral porque se habla de manera permanente que hay más de un millón de ciudadanos mal enroladas en el proceso de identificación y porque todavía no se sabe sobre la situación real del censo.
