Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – Las juntas de agua de la capital hondureña denuncian que el Ministerio Público no ha hecho nada en la denuncia que presentaron en enero de este año contra el alcalde capitalino por iniciar lo que ellos consideran la privatización del agua.
“Continúa sin respuesta la denuncia formal que presentamos en enero 2020 ante la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Publica, contra el señor Nasry Asfura para que se investigue supuestas irregularidades en el contrato de privatización de mantenimiento de tuberías y acueductos”, dijo el presidente de la Asociación de juntas de Agua de la capital, Manuel Amador.
Agregó que, a pesar de las diligencias legales presentadas no hay información sobre el estado de la denuncia.
El pasado 25 de noviembre pobladores de la capital denunciaron públicamente la existencia de una serie de movimientos licitaciones y contratos que firmó el alcalde Nasry Asfura de manera irregular al margen de lo que disponen normas constitucionales, la Ley de Contratación del Estado, la Ley Marco de Agua, Ley del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) y hasta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras para beneficiar a empresas extranjeras y bancos nacionales.
Protesta frente a banco Ficohsa en agosto pasado
Otra acción que denuncian los defensores del agua es el otorgamiento de un contrato el pasado 19 de agosto a Banco Ficohsa para el manejo financiero y contable de los ingresos de la Tesorería de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) a la que solo podría aplicar una institución bancaria y que posteriormente se otorgó un contrato que beneficia con un pago de más de 238 millones de lempiras a la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras, S.A. de C.V.
Estos actos, considerado por un sector de la población capitalina como la antesala a la privatización del servicio de agua potable, tal como funciona en San Pedro Sula con una empresa italiana denominada Aguas de San Pedro, fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) en tiempo y forma, presentando las evidencias del caso.
Pero ha pasado un año de esa denuncia Manuel Amador se pregunta: ¿Cuál ha sido el avance de las investigaciones? A la vez que responde que no ha habido ninguna acción.
En un reciente comunicado emitido por la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de la Tigra Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Asociación Hondureña de Juntas de Agua y Saneamiento (Ashojaas), el Instituto Hondureño de Derecho Ambiental de Honduras (Ihdamo), detallaron que en el primero de los casos, Asfura ahora entregó el manejo de las UMAPS en fideicomiso a Banco Ficohsa, quien recibirá el 0.500% de los ingresos recibidos durante un plazo de 30 años que asciende a un estimado de 700 millones de lempiras anuales.
“La Alcaldía Municipal del Distrito Central hizo un convenio con Banco Ficohsa para que este banco maneje el sistema del agua, sin darle el traspaso el SANAA, a la municipalidad o sea el alcalde firmó un convenio por 30 años el concesionamiento del agua, violentando leyes exactamente lo que hicieron con San Pedro Sula con la compañía italiana Aguas de San Pedro.
En el caso de Tegucigalpa se lo están dando a Banco Ficohsa para que maneje el sistema y ahí en el convenio le dan la facultad de que cualquier inversión que tengan que hacer para el manejo del agua, lo tienen que hacer ellos y luego justificar las inversiones para que la alcaldía dé el visto bueno, entonces esto es un plan ya concedido que tiene el alcalde”, expuso el directivo de las Juntas de Agua.
“Se trata de abuso de autoridad por parte de Nasry Asfura quien prácticamente ha hecho un asalto al SANNA. Lo que es ilegal, desde todo punto de vista porque según decreto emitido en 1961, se declara al SANAA como una institución autónoma a beneficio del pueblo y esa es una ley vigente, y no puede una ley secundaria venir a desplazar una ley primaria, por lo consiguiente lo que están haciendo ellos es ilegal y tendrá consecuencias a futuro”, añadió Amador
Por otro lado, se dio un contrato a una compañía ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo para que maneje las reparaciones del sistema del agua, alcantarillado, aguas pluviales y hasta les renovaron el contrato cuando la verdad de las cosas es que quienes siguen haciendo los trabajos son los mismos empleados del SANAA con la maquinaria del SANAA.
El contrato para la limpieza de tubería en el acueducto de la capital hondureña que firmó el alcalde del Municipio del Distrito Central, Nasry Asfura, favorece a una subsidiaria de la empresa Hidalgo e Hidalgo de capital ecuatoriano, con problemas legales en la actualidad, luego de ser acusada de pagar coimas en Panamá.
Estas acciones las ha hecho el alcalde Asfura sin contar con el documento de traspaso del Servicio de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) a la municipalidad de Tegucigalpa, lo que representa otra acción ilegal cerró diciendo Amador.
