Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- A criterio de defensores de derechos humanos el mal manejo de la emergencia durante el paso de la tormenta Iota y Eta, debe ser motivo de una investigación penal en contra del comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Max González e incluso en contra del titular del Ejecutivo Juan Hernández.
El no actuar a tiempo para tomar acciones preventivas sobre todo durante el paso de la tormenta Eta, es desde el punto de vista de los defensores de derechos humanos, un delito contra la vida que debe ser investigado y amparado en principios jurídicos nacionales e internacionales.
Carlos Leiva, director de Ciprodeh
El defensor de derechos humanos Carlos Leiva, quien además años atrás formó parte del Área de Gestión de Riesgos de Copeco, concluyó que el manejo de la emergencia durante el paso de Eta dejó mucho que desear.
Leiva cree que se cometieron delitos de lesa humanidad, porque el Gobierno priorizó celebrar un feriado morazánico en lugar de las evacuaciones preventivas de la población que al final fue afectada con inundaciones.
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Hay más de 50 personas fallecidas por el paso de Eta, por otra parte, información que ha confirmado Medicina Forense en la zona norte del país, indica que han rescatado más de 12 cuerpos de personas ahogadas en La Lima, cuya región fue la zona cero de daños provocados por el fenómeno natural.
Carlos Leiva sugirió que se debe investigar e incluso pensar en actuar contra el titular de Copeco y del Ejecutivo por su actuación en la gestión de riesgos, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía.
Por otra parte el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, publicó un artículo donde argumenta las razones por las que el Ministerio Público debe proceder judicialmente contra Max González.
Joaquín Mejía, experto en derechos humanos
“Hay 4 argumentos para que el Ministerio Público Honduras (RRPP) actúe penalmente contra Max González, ministro de COPECO, por su grave omisión y acción tardía y desastrosa en la gestión de la crisis actual que profundizó las pérdidas humanas y materiales”, comenzó diciendo Mejía.
El primero es la resolución 1497 del 1 de agosto del 2003 del Instituto de Derecho Internacional: “dejar a las víctimas de un desastre sin asistencia humanitaria constituye una amenaza para la vida humana y un atentado contra la dignidad humana, y, por tanto, una violación de los derechos humanos fundamentales”.
El segundo factor es la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Budayeva y otros vs Rusia (2008), en el que según Mejía se violó el derecho a la vida de quienes murieron como consecuencia de un deslizamiento de tierras porque las autoridades, a pesar de conocer los riesgos de la zona, no tomaron acciones para evitarlas.
El doctor en derechos humanos, también citó el caso de Guatemala durante la erupción del volcán de fuego en 2018, el cual mató a unas 198 personas, este ejemplo fue citado como el tercer argumento, pues en este país el Ministerio Público acusó a 11 exfuncionarios del Consejo Nacional de Respuesta a Desastres por no hacer su trabajo y evitar la pérdida de vidas.
Finalmente Mejía expuso su cuarto punto argumental: “los Principios Rectores del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030: el Estado es responsable de implementar las medidas para la reducción del riesgo de desastres con el fin de lograr que el impacto de los fenómenos naturales sea lo menos grave posible en la población, sus bienes y sus territorios, y de esta forma reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales”.
Con respecto al papel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, los defensores de derechos humanos consideran que no ha jugado un papel a la altura de lo que la ciudadanía demanda en una situación de emergencia como la que vive el país.
Por tal razón, consideran que es urgente que se tomen las acciones del caso para presionar a la justicia a iniciar una investigación rápida, independiente y objetiva sobre el papel de las autoridades en la emergencia.
Dr. Carlos Umaña
Pero no sólo defensores de derechos humanos se unen a esta petición, sino que profesionales de otras áreas plantean que el Gobierno no ha estado preparado para atender a la población, por ejemplo el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, se refirió al daño que recibieron las donaciones que el Gobierno de El Salvador hizo a damnificados de la zona norte del país.
“Esto es delito de lesa humanidad y amerita una investigación profunda”, valoró en redes sociales el doctor Umaña.
Esto es delito de lesa humanidad y amerita una investigación profunda pic.twitter.com/dmUXKk04Zj
— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) November 17, 2020
Sobre este caso, la diputada Doris Gutiérrez integrante de la Comisión de Contingencias del Congreso Nacional, también demandó al Ministerio Público, que inicie una investigación sobre lo ocurrido con la pérdida de víveres en Choloma, Cortés. Gutiérrez ha enfatizado en sesiones del Congreso que hay que gestionar los riesgos de forma responsable para salvar vidas y minimizar daños.
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Hasta el momento a pesar de las denuncias por parte de diversos sectores de la sociedad, el Ministerio Público sigue haciendo oídos sordos, convirtiéndose en una entidad sin acción ante situaciones de violación a derechos humanos en contra de la ciudadanía.
