Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el monopolio de la acusación penal la tiene el Ministerio Público en Honduras, y en teoría debería ser el líder en investigaciones de alto impacto, resulta que no, pues es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una organización de sociedad civil, la que lleva la voz cantante en investigaciones de alto impacto. Evidentemente el CNA solo puede hacer investigaciones y publicarlas. Es rol del Ministerio Público judicializar los casos.
El gobierno de Honduras, presidido por Juan Hernández, lanzó recientemente una auditoría contra el CNA. Esta será realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el objetivo es conocer “los fondos que recibe el CNA en concepto de transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro”.
El TSC argumentó que la auditoría realizada al CNA obedece a una petición que ellos mismos hicieron, sin embargo, la actuación del gobierno contra el CNA se da después de que el organismo presentara sendos informes en donde se evidencia un latrocinio con los fondos gubernamentales destinados a la pandemia por medio de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El jefe de la unidad de Investigaciones y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, dijo que el CNA considera como una advertencia del gobierno de Hernández usar la institucionalidad del TSC a fin de que genere una auditoría especializada y que de manera obligatoria encuentre algo que realmente no existe.
“Como CNA en realidad estamos preparados y recibimos cualquier tipo de auditorías que se puedan ejercer porque somos una institución dedicada a la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, toda auditoría debe ser realizada bajo los parámetros y normativa jurídica, reglas claras y sin la intencionalidad de generar un menoscabo a la institucionalidad que hoy por hoy se ha dedicado a dar la cara en el combate en la corrupción en el país”, dice Odir Fernández.
Fernández expresa que las acciones del gobierno son malintencionadas y tienen el objeto de debilitar el trabajo que el CNA ha venido realizando en el marco de la pandemia.
“Los corruptos hoy por hoy están cansados de la serie de denuncias que nosotros hemos presentado. Porque hemos quitado las máscaras a una gran cantidad de instituciones, y sobre todo a las personas que las dirigen, que se han manifestado como personas transparentes. Nosotros como personas transparentes seguimos con el compromiso de continuar luchando contra los corruptos y hacemos un llamado a la ciudadanía de la intentona que se pretende del actual magistrado presidente del actual Tribunal Superior de Cuentas en debilitar el trabajo de combate a la corrupción del CNA”, manifiesta.
Fernández hizo un llamado a investigar “¿qué ha pasado con los hospitales móviles?, ¿qué ha pasado con las mascarillas y todas aquellas acciones descabelladas que realizaron manejando fondos públicos de manera incorrecta?”.
El Ministerio Público tiene más de 10 años de no realizar una investigación por su propia iniciativa, todos los casos de gran impacto no ha sido el Ministerio Público quien los ha iniciado, sino que, en su mayoría o todos -por ejemplo, el caso del IHSS y Pandora- fueron denunciados por medios de comunicación, periodistas independientes o por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dijo a Criteriohn el abogado y exfiscal hondureño Omar Menjívar.
El desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), que en su momento fue valorado en al menos 7 mil millones de lempiras y con un perjuicio cercano a los 3 mil muertos, fue sacado a la luz por el periodista David Romero Ellner. Y el caso Pandora, con 22 imputados de alto peso, fue gracias a una investigación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). El periodista Romero pasó los últimos días de su vida en prisión y la Maccih fue desmantelada por el gobierno de Honduras.
Menjívar cree que la organización no gubernamental CNA ha sustituido la parte de investigación del Ministerio Público, al entregarle los casos ya investigados y presentarle un tumulto de pruebas y evidencias en cajas. Con la evidencia ante sus ojos -subraya el exfiscal- sería el colmo que el Ministerio Público no haga nada.
Aunque la Maccih no tenía colmillos para morder, es decir, la facultad de acusar, había ayudado a crear la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), pero fueron eliminadas juntas por el Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA), y se creó la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco).
“Se suprimió la Maccih, desmantelaron la Ufecic y le cambiaron el nombre a Uferco, siendo los mismos fiscales. Lo cierto es que estos fiscales no tienen el mismo apoyo, ya que ya Ufecic operaba básicamente con el respaldo técnico de la Maccih. Le aportaba al menos 20 o 25 auditores forenses, claves para la investigación de este tipo de delitos. Ese personal técnico ya no lo tiene la Uferco, es como le corten un brazo. Eso es un problema”, establece Menjívar.
