Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Esta semana dieron inicio las audiencias del caso denominado “Fraude sobre el Gualcarque”, relacionado con el otorgamiento ilegal de licencias para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en territorio indígena lenca. No obstante, estas audiencias están avanzando sin la participación de las víctimas directas del caso de corrupción, en particular, la comunidad de Río Blanco y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Este caso fue presentado en 2019 por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC, ahora UFERCO) en contra de 16 funcionarios por delitos contra la administración pública para lograr el concesionamiento del Río Gualcarque, entre estos: delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Este proceso se relaciona con las denuncias sostenidas desde 2010 por la defensora lenca Berta Cáceres y el COPINH en contra de 51 proyectos que habían obtenido concesiones o licencias de manera ilegal, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, vinculado con el asesinato de la defensora en 2016.
Desde que inició el proceso en 2019, el COPINH fue excluido del mismo, a pesar de su condición de víctima directa en el caso, ello debido a las vulneraciones a los derechos del COPINH en las que se incurrieron al otorgar las licencias, así como las afectaciones a las comunidades derivadas de su entrada en funcionamiento. Con el objetivo de salvaguardar sus derechos procesales, la organización ha interpuesto diversos recursos hasta la fecha; sin embargo, ninguno ha sido resuelto favorablemente. Incluso, desde noviembre de 2019, Sala Constitucional de la Corte Suprema mantiene pendiente de resolución un recurso de amparo. A pesar de todo ello, las audiencias continúan avanzando sin la participación del COPINH.
Con este accionar, el Estado hondureño niega el derecho a las comunidades del COPINH de participar como víctimas del proceso y repite su práctica de excluir a esta organización, las comunidades lencas y la familia de Berta Cáceres de procesos de los que son parte.
Además, como ya indicó la Misión de Observación Calificada de la causa Berta Cáceres, resulta preocupante “que las demoras del Poder Judicial en responder a las acciones legales en un plazo oportuno estén teniendo un impacto negativo para las víctimas y sus derechos garantizados de acceso a la justicia, al debido proceso y derechos fundamentales contemplados en convenciones internacionales en materia de pueblos indígenas para participar en la búsqueda de la justicia”.
En este sentido, la exclusión del COPINH de participar en el proceso de “Fraude sobre el Gualcarque” violenta los derechos de las víctimas de acceder a la verdad y la justicia que, como ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el derecho reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, “los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de las víctimas o sus familiares de participar en todas las etapas de los respectivos procesos, de manera que puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus derechos. Dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación”.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como organización representante de las comunidades del COPINH y la familia de Berta Cáceres ante la CIDH en el marco de las MC-112-2016, reconocemos la participación de las comunidades en este proceso como necesaria para avanzar hacia la justicia para los pueblos, el COPINH y a la familia de Berta Cáceres.
Asimismo, requerimos que el Estado de Honduras tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y, en particular, llamamos a resolver prontamente el recurso pendiente y permitir de manera inmediata la participación directa del COPINH y la comunidad de Río Blanco en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.
Desde CEJIL llamamos también al cese de los recientes ataques y agresiones en contra de las comunidades lencas que integran al COPINH, incluida la comunidad de Río Blanco. Demandamos al Estado hondureño garantizar su vida e integridad e investigar los hechos denunciados de forma oportuna, exhaustiva e imparcial.
Finalmente, recordamos al Estado su deuda pendiente de revocar la concesión otorgada en el Río Gualcarque, que, al día de hoy, continúa siendo una de las principales fuentes de riesgo para las comunidades, y llamamos al cumplimiento de su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables por el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres. Garantizar justicia integral en el caso de Berta Cáceres es imperativo para romper la impunidad en Honduras y que hechos de violencia contra los pueblos indígenas no se repitan.
