Por: Redacción CRITERIO.HN
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El Progreso, Yoro.- Ayer, 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El Estado de Honduras tiene intacta su deuda histórica de más de 500 años de saqueo y discriminación contra los pueblos originarios de Honduras y también tiene como tarea el encarcelamiento de los autores intelectuales del asesinato -el 2 de marzo de 2016- de la ambientalista y defensora de los pueblos indígenas Berta Cáceres.
El informe más reciente de Global Witness destaca que 212 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante el año 2019 a nivel mundial; la mitad de estos asesinatos se registraron en Colombia y Filipinas.
Global Witness también destaca que entre los países que registraron el mayor número de asesinatos también se encuentran Honduras, Brasil, México, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
El Coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), el abogado Martín Fernández, establece que el despojo de los pueblos viene de un atropello y saqueo histórico. En donde los que más sufren son los pueblos originarios.
Para Fernández, existe una actual lucha de los pueblos originarios que se extiende desde la reciente lucha que se dio en Canadá y EE. UU., bajando desde México, Guatemala, hasta la cola del continente con los Mapuches. Todo esto bajo un silencio cómplice de la transaccionalidad económica.
“No hay un solo pueblo que no tenga un problema relacionado con el despojo. Día a día lo vemos. Con el pueblo garífuna, con el pueblo tolupán, lenca, misquito, no hay un solo pueblo que no tenga un conflicto grave. Y sobre todo un conflicto que implica muerte. Hay una actividad sumaria que tiene que ver con la propia vida”, explica el dirigente del MADJ.
Para Fernández hace 500 años estos compatriotas, los verdaderos dueños de este país, fueron arrinconados a las orillas del territorio de nuestro país. Y hoy en día ni siquiera en esos rincones tienen tranquilidad. Es la gente más postergada, cuando debería ser la gente que goce de mayores privilegios, afirma.
El caso de Berta Cáceres, -dice Fernández- es de los más patéticos de cómo la justicia es un trasiego para grupos de poder, en el sentido de que existe la claridad. En el sentido de que se dice con nombre y apellido quiénes son los autores intelectuales, sin embargo, hay una evidente colusión del sector económico y político de este país. Ahora -continúa diciendo- no solo involucra a grupos de poder económicos hondureños, sino que también se señala algunas políticas de Estado de otros países en torno al proyecto de muerte del que fuera objeto Berta Cáceres.
Este dirigente sostiene que hay una deuda que no va a ser saldada, aún encontrando y encarcelando a los asesinos intelectuales. Imaginemos cuántos años de injusticias y se siguen practicando. Se mandan mensajes muy duros para la gente que está en proceso de lucha de los territorios.
Martín Fernández cree que el crimen organizado, que no es el crimen organizado cualquiera, es el que funciona desde la propia institucionalidad, empotrado y dirigiendo la política del país. Y que es aquí, manifiesta, donde se está mandando órdenes del despojo. Para el caso en el departamento de Yoro, donde habita el pueblo tolupán, donde el sector maderero está coludido con el sector gobierno y donde se otorgan licencias sin seguir los procedimientos adecuados.
Solo en el año 2019, cerca de 20 defensores del ambiente hondureños fueron asesinados. La mayoría de estos casos descansan en impunidad.
