Por: Rodil Rivera Rodil
“Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe”, dice el refrán. En el 2009, un grupo de empresarios de extrema derecha financiaron, abiertamente, el golpe de Estado. Pero, quizás, ni ellos mismos se imaginaron la caja de Pandora que habían destapado. Muy pronto, la corrupción y el narcotráfico se hicieron con el control del gobierno y, mediante el autoritarismo y la penetración de prácticamente toda la institucionalidad del país, iniciaron un proceso sistemático de saqueo del erario que hoy, con la pandemia, se ha desbordado totalmente.
La nación se halla sumida en un indescriptible desastre sanitario y económico, con grandes pérdidas de vidas y de empleos. La pobreza y la desigualdad experimentan un agravamiento nunca visto en nuestra historia. Y, si bien cierto que nuestro sistema de salud es una verdadera calamidad, no hay duda que la crisis hubiera podido enfrentarse mucho mejor con sentido común y, sobre todo, con honradez. El gobierno sostiene que va a tomar medidas de austeridad. Pero lo cierto es que se quedó sin dinero y no tiene ni para pagar a los empleados públicos. Por eso está endeudando al país a tontas y a locas.
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La epidemia no fue vista por esta gente como lo que es, como una de las mayores tragedias de nuestra historia, sino como la mejor oportunidad que han tenido para robar a lo grande. En la adquisición de los hospitales móviles se habrían apropiado, según el CNA, de más de 800 millones de lempiras. Lo que explica que nunca quisieran llamar a los expertos en el tema para asesorarse. Hubieran sido un estorbo para sus planes.
Y no ceja el presidente en su empeño de ocultar el monumental atraco y proteger a los responsables. Primero, nombrar a un general para manejar Invest-H y ahora va a militarizar también los tales hospitales móviles. En otras palabras, quiere convertir la movida del siglo en secreto militar. Y sigue metiendo militares hasta en la sopa. Me pregunto si don Juan Orlando no se da cuenta que su administración está cayendo en el más completo despelote.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Cuentas remitió al Ministerio Público un informe que no dice nada. El CNA lo califica de “pasquín” y en él tampoco se menciona al mandatario, a pesar de que fue este quien ordenó la compra “directa” de los hospitales y, según el presidente Lobo Sosa, el ex director de Invest-H “solo habría hecho el mandado”. Para colmo, el citado funcionario rechaza excusarse de conocer del asunto por su parentesco con Bográn. Y ofrece “para tranquilidad de la ciudadanía” dice, que de aquí en adelante va a poner a otro magistrado a “firmar” los documentos. Es decir, que va a seguir ayudando a su pariente, pero sin que aparezca su nombre. ¿Qué más imparcialidad quieren? Ni Cabañas fue tan digno y honorable.
Como sea. El expediente salió por fin del Tribunal de Cuentas y ahora está en manos del Ministerio Público. Y siendo que la ley le otorga a este plena independencia y facultades para investigar y presentar requerimientos, no debería tener ningún inconveniente para hacer lo que aquel no hizo y reunir toda la información que necesita para proceder contra los culpables. ¡Caiga quien caiga!
Sigue y suma. La EEH ha demandado a la ENEE por 400 millones de dólares. Y, a su vez, la junta interventora de esta asevera que la primera ha recibido 800 millones de dólares sin haber cumplido el contrato y amenaza con cancelarlo. Sin embargo, no creo que sean muchos los hondureños que ignoren que en el trasfondo de este enfrentamiento está la disputa que hace algún tiempo surgió entre los colombianos y los empresarios y políticos hondureños del más alto nivel que se involucraron en el negocio. Y aparte de este turbio conflicto. ¿Será posible que algún día podamos conocer las jugosas “comisiones” que en el último cuarto de siglo ha pagado la ENEE por la compra de energía? Aquí hay material de sobra para la fiscalía.
Y, finalmente, la historia de la concesión, léase privatización, de los aeropuertos internacionales de Honduras también podría escribirse en una lágrima. ¿Cuánto sumarán los sobornos en todos estos años? Y ahora parece que también entró a la fiesta Palmerola. Porque basta una simple lectura de la nota que acaba de enviar la constructora a Coalianza, una de las instituciones menos transparentes de este gobierno, para darse cuenta de que se trata de una clara amenaza de paralizar las obras si no acepta renegociar el convenio. ¿Por qué se atreve esta compañía a chantajear a Coalianza?
Quizás la respuesta deba buscarse en la “conciliadora” declaración del presidente de Coalianza: “Habrá que hacer más estudios y dependerá de una negociación”. Ya se sabe que las transnacionales no son ningunos angelitos. Solo recordemos a la brasileña Odebrecht. Y las españolas no son la excepción. Sino que lo diga el rey emérito de España, don Juan Carlos, metido ahora en un gran lío por la supuesta comisión de cien millones de dólares que habría recibido por su intervención en la construcción por un consorcio español de la línea de ferrocarril entre Medina y La Meca en Arabia Saudita.
La ampliación de la concesión del aeropuerto de Tegucigalpa ya se “cocinó” por ¡34 años y 6 meses más! ¿Qué tal? Con la de San Pedro Sula, Ceiba y Roatán que vence en dos meses, el gobierno, según las noticias, busca un operador internacional a través del BID o pasarlos a la cámara de comercio de Cortes y a la Municipalidad de San Pedro Sula. Pero el mismo COHEP se opone y le está exigiendo que los transfieran a una junta administradora de transición integrada por varias entidades empresariales y de turismo.
La idea de que las terminales aéreas no se sigan manejando mediante amañadas concesiones sino por organismos sin fines de lucro, es buena. Tanto que debería pensarse en extenderse a todos los entes descentralizados del gobierno, que en la práctica no son tales, pues están totalmente politizados y se han vuelto “cotos de caza” exclusivos del presidente de la República.
La propuesta es buena, reitero, pero siempre que en esa junta no tenga la mayoría de los votos la empresa privada. Pues tarde o temprano los aeródromos se convertirán en meros apéndices de grandes corporaciones. Tal reestructuración sólo tendría sentido si el control se les otorga a técnicos designados por la sociedad civil y los usuarios. Y la supervisión y auditoría se reserva siempre para el Estado. Tal como funcionó por muchos años el Instituto del Café con innegable éxito.
Pero bien. Por lo menos algunos empresarios comienzan a darse cuenta de que el país necesita cambios profundos, particularmente en el próximo futuro post Juan Orlando y post pandemia. En todo el mundo se habla de las grandes transformaciones que tendrán que llevarse a cabo cuando esta termine. Honduras no puede ser la excepción.
Tegucigalpa, 5 de agosto de 2020
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