Por: Redacción Criterio
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Mediante un comunicado, el gobierno de Honduras negó este viernes que esté influenciando en el Poder Judicial para afectar al periodista, David Romero, quien se encuentra asilado en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), tras denunciar que es víctima de persecución política por parte del propio presidente, Juan Hernández.
Romero Ellner denunció el jueves que está siendo sometido a una sala de inquisición y no a una sala de justicia y que tiene pruebas que Hernández ha instruido al vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla y que este a su vez ordenó a los jueces que conocen de su caso, para que lo declaren culpable y lo envíen a prisión.
En virtud de la supuesta irregularidad, su defensa interpuso dos recursos de amparo para recusar a los jueces, sin embargo la Sala de lo Constitucional aún no ha resuelto al respecto.
En repuesta a la acusación del comunicador, el Poder Ejecutivo, sacó el comunicado que pone en contexto que Romero Ellner enfrenta una acusación particular de parte de la exfiscal Sonia Gálvez, por los supuestos delitos de injurias, calumnias y otros delitos conexos en su contra.
En tal sentido, asegura que el “gobierno de la República no tiene nada que ver con el proceso judicial que enfrenta el Señor Romero Ellner, ya que el mismo es de carácter privado, y no está relacionado con ninguna actividad periodística o de comunicación social”.
REPUDIO POR IRRUPCIÓN DE JUICIO
El texto oficial, también repudia la acción emprendida por los seguidores del comunicador, quienes el pasado jueves, irrumpieron la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras se llevaba a cabo la audiencia, llevándose de manera abrupta al encausado, por lo que el juicio tuvo que ser suspendido.
“Ayer, mientras se realizaba una audiencia judicial, decenas de personas usaron la violencia y en una acción censurable, irrumpieron en la sede judicial y sustrajeron del juicio al señor David Romero Ellner en violación flagrante a la autoridad y a la ley”, reza el comunicado.
Agrega que “el gobierno de la República condena el violento asalto a una sala del Poder Judicial y reprocha el uso de la violencia y la intimidación para impedir que las autoridades judiciales ejerzan sus funciones de conformidad con la Constitución y las leyes”.
Asimismo informa que se ha ordenado la adopción de medidas adicionales de protección de la sede del Poder Judicial, a efecto que la justicia pueda actuar libremente y sin presiones de ningún sector.
Romero Ellner denunció el jueves que los 16 delitos de los que se le acusaba fueron elevados a 41, por lo que ese mismo día al ser sacado de la audiencia, se dirigió a las instalaciones del CONADEH, donde permanece en calidad de asilado. Argumenta que se retirará del lugar hasta que se le garantice un debido proceso, al considerar que se les están violentando sus garantías constitucionales.
