Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. A nueve días que los 67 congresistas aprobaron la abrogación del nuevo Código Penal en una histórica sesión legislativa extraordinaria, la sanción o veto en manos del Poder Ejecutivo, que decidiría el futuro de esa determinación legislativa, todavía no ha sido conocida.
Y es que si en las próximas horas, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Hernández, no sanciona o veta la decisión de los 67 congresistas, el temido nuevo Código Penal quedará derogado, según lo establece el marco legal hondureño.
La capitulación II de la Constitución en su artículo 215, contextualiza que todo proyecto de ley al aprobarse por el Poder Ejecutivo deberá de ser remitido al Poder Ejecutivo a fin de efectuar su sanción.
Y prosigue el artículo 216 que amplia que “si el Poder Ejecutivo encontrase inconvenientes para sancionar el Proyecto de Ley, lo devolverá al Congreso Nacional dentro de diez días”.
Sin embargo, ese artículo establece que si el Ejecutivo en el término de tiempo establecido, en diez días, no objetará ningún inconveniente, el Proyecto de Ley “se tendrá como sancionado y lo promulgará como Ley”.
A pocas horas que se cumpla el plazo de los 10 días, la decisión del Congreso extraordinario todavía no obtiene una respuesta por parte del Ejecutivo, lo que apresura la posibilidad para que el procedimiento de la abrogación del nuevo sigua su curso, ya que una vez sancionado prosigue su publicación obligatoria en el Diario Oficial La Gaceta, donde también se prevé que la decisión de los 67 diputados enfrentaría otro desafío legal.
La Coalición contra la Impunidad ha manifestado que si en el término de diez días el mandatario deberá pronunciarse de lo contrario se considerará como sancionado y deberá publicarse el decreto de abrogación en el diario oficial La Gaceta u otros medios para que entre en vigencia y el nuevo Código sea historia en Honduras.
El Frente Parlamentario contra la Corrupción ha manifestado su apoyo a los 67 diputados y diputadas del Frente Parlamentario y de otras bancadas políticas que, en respuesta a una amplia demanda ciudadana, aprobaron la abrogación del nuevo Código Penal y remitieron el decreto correspondiente al Poder Ejecutivo para la sanción y promulgación de la Ley (art. 215 constitucional).
Invocaron el artículo de la 216 de la Constitución, a fin de resaltar que el Poder Ejecutivo tiene 10 días para sancionar o vetar un Proyecto de Ley, y que, al no producirse una manifestación del Ejecutivo, dicho proyecto se considerará como sancionado y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta para que la abrogación tenga vigencia.
El Frente Parlamentario ha exhortado a los operadores de justicia a no aplicar este Código conforme a la disposición constitucional (art. 188) que prohíbe la declaración de nuevos delitos y penas distintas a “las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.” Sumado a lo anterior, no procede la aplicación de un Código que ya fue abrogado, en sesión del 24 de junio, con el voto de 67 diputados y diputadas.
